El Gobierno utilizará la firma del Consenso Fiscal con los gobernadores para mostrar iniciativa política ante el FMI

El acto que encabezará mañana Alberto Fernández con casi todos los gobernadores sobre el nuevo Pacto Fiscal será utilizado como muestra de fortaleza del Presidente dentro del Frente de Todos, pero también de iniciativa y consenso político nacional en el marco de las negociaciones con el FMI.

Sin embargo, la ceremonia tendrá ribetes de confrontación con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. El líder opositor ya avisó que la ciudad de Buenos Aires, nuevamente, no adherirá al documento que planea firmar el resto de las provincias. Aunque alegó motivos impositivos, la razón de fondo es la pelea con la Nación en la Corte Suprema por los fondos que le quitó el Gobierno en 2020.

Con la adhesión al Consenso Fiscal suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017, todas las provincias -excepto San Luis y La Pampa- se habían comprometido a bajar de modo gradual la presión impositiva hasta el 2022. Pero con la disminución en la recaudación, tras el estallido de la crisis económica y la devaluación de 2018, quedaron con los números en rojo.

En 2019, el recién asumido gobierno de Alberto Fernández modificó el pacto. Con el aval de todas las jurisdicciones, suspendió la baja de impuestos -para permitirles embolsar alrededor de $ 70.000 millones ese año-, puso límites al endeudamiento en dólares, y suspendió juicios por la distribución de la coparticipación.

Desde hace tres meses, el Ministerio del Interior trabaja en una nueva modificación del pacto de 2017, a través de intercambios y negociaciones en secreto que vienen conduciendo el Ministerio del Interior, que conduce Eduardo “Wado” de Pedro; y la cartera de Economía, a cargo de Martín Guzmán, con los gobiernos de las provincias.

La firma del documento final se realizará mañana, lunes, con un acto en la Casa Rosada, previsto para las 17, donde coincidirán gobernadores y vicegobernadores de todas las provincias, excepto la Ciudad, que ya avisó que -nuevamente- no adherirá. La ceremonia, que se realizará en el Museo del Bicentenario o en el Salón Eva Perón -aún se estaba evaluando-, será encabezada por Alberto Fernández, que buscará ponerse en el centro de la escena política tras el revés en la aprobación del Presupuesto 2022.

El primer mandatario ya había discutido el Consenso Fiscal con los gobernadores propios, el martes, cuando los recibió en la Olivos para tranquilizarlos sobre las obras en las provincias y el futuro inmediato de la entrega de fondos nacionales luego de la frustración presupuestaria.

El pacto fue coordinado en la parte técnica y política por la Secretaria de Provincias, Silvina Batakis, quien estuvo encargada, el jueves, de defender la medida de las críticas que había lanzado el gobierno de Larreta. El jefe de gobierno porteño había deslizado que el Gobierno impulsaba cambios en el pacto para subir impuestos. La funcionaria lo negó -dijo que cada provincia puede decidir elevarlos y que el acuerdo fue creado para brindar “estabilidad jurídica” al sistema impositivo- y contraatacó: “Es la Ciudad la que ya subió varios impuestos”.

En el Gobierno aseguran que el “verdadero” motivo del rechazo es la cláusula del Pacto que suspende los juicios por la distribución de la coparticipación. Atribuyen la reticencia de la administración porteña al Consenso Fiscal exclusivamente a la causa que la enfrenta con la Nación y que se encuentra en la instancia suprema de la Justicia. “Si Rodríguez Larreta firmara, estaría avalando que la coparticipación no es el vehículo para la transferencia de servicios y sus competencias”, dijeron a Infobae.

En el Gobierno aseguraron que, a pesar de que hubo varias conversaciones con funcionarios de la cartera económica porteña, preveían que la Ciudad no firmaría. “Hacen el circo del aumento de impuestos cuando están entre los únicos que los subieron. Y lo hacen únicamente para justificar el robo bestial que hicieron a las arcas nacionales con el traspaso de la policía”, dijo un funcionario sobre la transferencia que le otorgó más de un punto coparticipable a la Ciudad durante el gobierno de Mauricio Macri.

En la sede porteña, en Parque Patricios, admitieron que, más allá del argumento que dio Larreta días atrás sobre la suba de impuestos, la reticencia tiene relación directa con el reclamo que tiene la Ciudad en la Corte Suprema por la quita, considerada inconstitucional por la Ciudad, de los fondos por la transferencia del servicio de seguridad.

“El Consenso establece la suspensión por el plazo de un año de los juicios contra el Estado Nacional. Aceptar suspender dichos plazos implica posponer la resolución del caso, lo que obliga a sostener en el tiempo las medidas de emergencia tributaria que tuvimos que tomar, para lo cual tenemos el compromiso de dar de baja en el caso de que Corte nos dé la razón”, dijeron desde las oficinas de la calle Uspallata.

Disenso y FMI

El conflicto sobre los fondos de la Ciudad, a diferencia del año pasado, tiene lugar hoy con el trasfondo de la negociación de un acuerdo con el FMI por la deuda externa. Firmar un pacto antes de marzo es la principal prioridad de Alberto Fernández, que utilizará el eventual éxito de la renegociación como plataforma de batalla en la competencia interna por las candidaturas para las presidenciales de 2023, donde quiere buscar la reelección.

En ese trayecto, el primer mandatario buscará apoyarse sobre sus principales aliados, en una especie de contrapeso con el kirchnerismo, que se mostró crítico de antemano sobre los términos del acuerdo. Ya cuenta con los movimientos sociales, la CGT y varios gobernadores propios.

Pero también planea un necesario acercamiento a los caciques opositores, con vistas a la necesidad de mostrar acuerdo político nacional ante el organismo y asegurarse los votos para aprobar la iniciativa, cuando esté lista, en el Congreso. El Consenso Fiscal constituye un beneficio para los jefes provinciales no afines, que asistirán al acto de mañana de manera presencial o a través de sus vicegobernadores a la Casa Rosada.

Desde las provincias opositoras aseguraron que firman por necesidad y aclararon que la adhesión no significa un aval garantizado al plan plurianual que enviará el Ejecutivo, ni a un nuevo Presupuesto.

“Firmamos porque tenemos deuda que renegociar con Nación (al igual que todas las provincias) y no queremos que tengan excusas para no avanzar”, se atajó un importante funcionario de Mendoza, provincia conducida por el radical Rodolfo Suárez. Y enfatizó que el gobierno provincial no tiene planeado aumentar impuestos. Jujuy y Corrientes, donde mandan respectivamente el nuevo titular de la UCR nacional, Gerardo Morales, y Gustavo Valdes, también adherirán.

El pacto fiscal proyectado para el año que viene será utilizado por la Casa Rosada como una oportunidad para mostrar determinación política luego de que la oposición, que se impuso en los comicios legislativos, mostrara su fortaleza en el nuevo equilibrio de poder en el Congreso al dejar al Gobierno sin Presupuesto para el año que viene. “El acto de mañana va a dejar al Presidente fortalecido, con una foto con todos los gobernadores, incluso los opositores. Larreta, en cambio, va a quedar aislado, obligado por su estrategia en la Corte”, dijeron en la Casa Rosada.

Después del rechazo de Juntos por el Cambio al Presupuesto 2022 la relación entre las principales coaliciones políticas se enfrió, si tal cosa cabía después de una campaña que los mostró en permanente confrontación. Aunque desde el Gobierno planeaban un acercamiento, por ahora las señales que emanan desde sus filas son opuestas a una conciliación, y no se avizoran aires de consenso, al menos en lo inmediato. En el Gobierno apuntan a fines de febrero para iniciar nuevamente los diálogos con las filas cambiemitas, cuando esté más cerca el debate, en sesiones extraordinarias, sobre el acuerdo con el organismo internacional que enviará el Ejecutivo en una fecha todavía no pautada.

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