La Cámara Federal revocó el procesamiento del ex ministro español Rodolfo Martín Villa acusado por su presunta responsabilidad en cuatro homicidios cometidos a fines de los años ‘70, en el marco de una causa en la que se investigan crímenes cometidos durante el franquismo. El tribunal decretó su falta de mérito al entender que “no hay pruebas objetivas, sea directas o indirectas” que sustenten esa acusación.
La juez María Servini había procesado en octubre a Villa por su supuesta participación en los homicidios de Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente y Germán Rodríguez Saíz, asesinados entre 1976 y 1978, cuando España transitaba los primeros años de un período denominado como “La Transición” a la democracia.
Martín Villa fue una pieza relevante en esa etapa de cambio de régimen. Político, empresario y funcionario de varios gabinetes de la dictadura Francisco Franco, está siendo juzgado -entre otros casos- por su responsabilidad en el hecho conocido como “los Sucesos de Vitoria”.
El 3 de marzo de 1976, meses después de la muerte de Franco, cuatro mil trabajadores en huelga estaban reunidos en una iglesia de Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco, celebrando una asamblea. Con la intención de desalojar el lugar, la Policía irrumpió y disparó contra la multitud causando cinco muertos y más de 150 heridos.
La jueza Servini lo acusó de haber ocupado “una posición preponderante en la estructura jerarquizada de poder” cuando ocurrieron los sucesos de Vitoria. En ese momento ejercía el cargo de Ministro de Relaciones Sindicales, y luego fue designado como titular de la cartera de Interior cuando ocurrieron los hechos de los Sanfermines de Pamplona, el 8 de julio de 1978, en los que fuera asesinado Germán Rodríguez Saíz.
“Toda la estructura represiva montada por el régimen franquista siguió funcionando bajo la dirección ahora de la nueva dirigencia política a cargo del proceso de transición. Durante los primeros años se mantuvieron las normas, estructuras, agentes y las prácticas represivas propias de aquel y se les aseguró a las fuerzas del orden público la impunidad de su actuación por todos los medios a su alcance”, expuso la jueza Servini en su procesamiento.
Frente a las acusaciones de delitos de lesa humanidad, el ex ministro recibió un apoyo explícito de los ex presidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
Ahora, la Sala II de la Cámara revocó el procesamiento. El fallo cuestiona el “desacierto de la calificación jurídica efectuada por la magistrada, al considerar al imputado como ‘autor mediato por el dominio de un aparato de poder organizado’” sin tener fundamentación suficiente para tal afirmación. “Impone demostrar una conexión entre los hechos con alguna forma de política y con una implementación altamente organizada de ella conforme a un plan, emanado del Estado propiamente dicho o de una organización que ejerza control fáctico sobre un territorio”, agrega la resolución.
La querella argentina
La acción penal contra Villa fue impulsada por una de las asociaciones promotoras de la denominada “querella argentina”. Este grupo se organizó en Argentina a partir de 2010 por diversos colectivos y familiares de víctimas de la guerra civil y de la dictadura española, con el objetivo de que se investiguen presuntos delitos de lesa humanidad que no avanzan en España.
El proceso judicial arrancó el 14 de abril de 2010, cuando Darío Rivas -un español que vivía en Argentina desde que era un niño- e Inés García Holgado -descendiente de represaliados por la dictadura de Franco- se presentaron ante la justicia para iniciar una causa por delitos de lesa humanidad.
Rivas buscaba reparación por el crimen de su padre, Severino, fusilado “por traición a la patria” el 29 de octubre de 1936 en Castro de Rei, en la provincia gallega de Lugo.
Severino era alcalde de ese pueblo y fue víctima de las tropas de Franco que se habían sublevado contra la Segunda República Española, dando inicio a la Guerra Civil que se prolongó hasta 1939 con el triunfo del “Frente Nacional” que originó una dictadura de casi cuatro décadas en el país.
Inés buscaba justicia por dos tíos abuelos fusilados, un abuelo desaparecido y un tío que padeció la cárcel durante el régimen de Franco.
A ellos se sumó meses después Adriana Fernández, nieta de un militante republicano, Antonio Fernández González, fusilado por los falangistas en Castilla León.
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