El juez federal Daniel Rafecas ordenó hoy la detención de diez ex militares que participaron de un gigantesco operativo en el que murieron cinco militantes de Montoneros y otros cuatro fueron secuestrados. El hecho ocurrió el 29 de septiembre de 1976 en una casa ubicada en la calle Corro 105, en el barrio porteño de Villa Luro.
En ese operativo murieron Vicky Walsh, la hija del periodista Rodolfo Walsh, José Coronel, Ismael Salame, Ignacio Bertrán y Alberto Molina Benuzzi.
La hija de Walsh se quitó la vida cuando se vio cercada. Se trató de un operativo conjunto entre el Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería.
Estuvo dirigido por el coronel Roberto Roualdes y Ernesto “el Nabo” Barreiro, represor cordobés condenado por su rol en esa provincia y uno de los cabecillas del alzamiento carapintada de Semana Santa de 1987.
Rafecas dispuso esta mañana la detención de diez militares que cumplieron funciones en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 101 y que fueron individualizados después de analizar sus legajos en el Ejército Argentino.
Los detenidos son Ricardo Grisolía, Gustavo Montell, Hugo Eduardo Pochon, Guillermo César Viola, Domingo Giordano, Héctor Eduardo Godoy, Gustavo Juárez Matorras, Danilo González, Abel Enrique Re y Carlos Orihuela. Al mediodía, las detenciones ya se habían concretado, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.
La sección Fugitivos de Interpol venía trabajando hace un mes para poder ubicar a los militares retirados.
Los militares detenidos deberán responder por los homicidios agravados de Molina Benuzzi, Salame, Coronel y Bertrán, por la tentativa de homicidio de “Vicki” Walsh, y por los secuestros de cuatro militantes.
En ese operativo de la calle Corro al 100, las fuerzas de tareas se llevaron también a Lucy Matilde Gómez de Mainer, Juan Cristóbal Mainer, Maricel Marta Mainer y Ramón Alcides Baravalle, según reconstruyó el juzgado de Rafecas, que tiene a su cargo la investigación sobre los crímenes cometidos bajo jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.
La masacre comenzó a ser investigada judicialmente recién en 2015, en el marco de la megacausa “I Cuerpo del Ejército”. Patricia Walsh se presentó como querellante en mayo de 2018. Lo hizo con el patrocinio de Liliana Mazea y abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
“A lo largo de los años, los juicios y los testimonios fueron aportando más datos del operativo en el que murió mi hermana, la investigación a fondo del hecho siempre estuvo pendiente. Esperemos que ahora se pueda terminar con la impunidad que rodea a sus responsables”, dijo Patricia Walsh cuando se presentó como querellante.
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