Excarcelaron a Manuel Vázquez, principal testaferro de Ricardo Jaime

Manuel Vázquez hizo negocios oscuros mientras Ricardo Jaime fue secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner. Fue asesor y testaferro. Armó sociedades y cobró coimas. Y por haber sido parte del entramado de corrupción que reinó en la secretaría de Transporte entre 2002 y 2009 pasó varios años detenido. Hoy fue excarcelado.

Estaba con prisión domiciliaria -por razones de salud- desde el 2 de abril de 2016 en tanto imputado por cobrar coimas en la operación de compra de trenes chatarra a España y Portugal. Una consultora de Vázquez (sin personal y sin actividad) facturó millones por realizar tareas ficticias y cobró dinero que se pagó con dinero público argentino.

Fue por ello que el lunes pasado, en su alegato, la fiscal del juicio Gabirela Baigún pidió una pena de cinco años y ocho meses para Vázquez por el cobro de coimas en el negociado de los trenes y como testaferro de Jaime. Además, solicitó que Jaime, jefe/socio de Vázquez, fuera condenado a ocho años de prisión por varios delitos, entre ellos el de enriquecimiento ilícito. El mismo día pidió cuatro años de prisión para Julio De Vido por el caso de los compre de trenes chatarra a España y Portugal. Para los tres pidió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Vázquez, español de nacimiento y con algún pasado de trabajo en Brasil, había llegado a Jaime como lobista de All Logistica, una empresa de transporte ferroviario. Fue a partir de ello que tejió una relación con el entonces secretario de Transporte, quien no tenía mucho roce con el mundo de los negocios. Pero tenía que hacer negocios para conseguir coimas y mejorar su situación económica. Vázquez le aportó el conocimiento que Jaime no tenía: cómo mover el dinero y darle apariencia legal.

Vázquez fue protagonista de una insólita historia de arrepentimiento y desarrepentimiento judicial. En febrero de 2019, se presentó ante el fiscal Franco Picardi para revelar detalles del pago de coimas efectuado para que se iniciara el proyecto del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Había dicho que Jaime pidió cinco millones de dólares para empezar a hablar y después para que la empresa IECSA confeccionara el pliego de licitación a su medida exigió otros 15 millones de dólares. Es decir que el ex secretario de Transporte habría cobrado unos 20 millones de dólares de coimas en efectivo. Vázquez aseguró que Jaime le dijo que Kirchner también recibía algo de aquel dinero.

En aquella ocasión, Vázquez había reconocido haber sido un intermediario y confesó haber cobrado dinero que le dio Jaime por la gestión que hizo para que la empresa IECSA, de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, se quedara con el millonario negocio. También había dicho que parte del dinero que Jaime le dio por ese negociado lo repartió con ex funcionarios del ministerio de Planificación, que comandaba De Vido, para acelerar el expediente. La empresa IECSA estaba asociada con la brasileña Odebrecht que admitió haber pagado coimas a lo largo y lo ancho de América Latina.

La declaración coincide con la hipótesis de pago de coimas que sostiene el fiscal del caso.

Unos meses después, Vázquez se desdijo. Y alegó que había declarado coaccionado por su abogada de entonces. Entre la primera declaración y la retractación, su familia quedó desafectada del caso por coimas de Odebrecht y sus socios argentinos para el Soterramiento del Sarmiento. El fiscal apeló esa decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi, la Cámara Federal anuló la resolución y el caso quedó a la espera de ser resuelto.

La fiscal Baigún pidió cinco años y ocho meses de prisión para Vázquez. En caso de que sea condenado por el Tribunal Oral Federal 6, la pena nunca puede ser superior a la solicitada por la fiscal. A raíz del pedido de pena, la defensa de Vázquez solicitó la excarcelación porque ya estuvo detenido la misma cantidad de tiempo que el solicitado por la fiscal. Baigún no se opuso a la excarcelación de Vázquez, que también había solicitado el levantamiento de los embargos que pesan en su contra. La fiscal sostuvo que los embargos deben mantenerse ya que en su pedido de pena solicitó que a Vázquez se lo multe con la suma de 10.986.664,23 pesos.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 6, Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero, le concedieron la excarcelación porque lleva detenido el mismo tiempo que el pedido de pena que hizo la fiscal. Le impusieron varias condiciones: no puede salir del país, tiene que fijar domicilio del que no podrá ausentarse por más de 24 horas y presentarse en el Tribunal cada vez que sea requerido. Los jueces le comunicaron a la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que desde hoy pueden dejar de monitorear la tobillera electrónica que servía para controlar que Vázquez cumpliera con su arresto domiciliario. Los jueces no levantaron el embargo que pesa sobre el testaferro de Jaime.

Manuel Vázquez también sumó a los negocios oscuros realizados durante los años en que Jaime manejó la secretaría de Transporte a su hijo Julián Vázquez. Llegó a juicio como uno de los tantos testaferros que usó Jaime para intentar esconder el dinero proveniente de las coimas. Baigún pidió para Julián Vázquez una pena de dos años y ocho meses de prisión y una multa 2.000.000 de pesos porque consideró que participó de varias maniobras analizadas en el juicio que finalizará en los próximos meses. Como atenuante, la fiscal dijo que Julián se hallaba en un “estado de sumisión” ante su padre.

Manuel Vázquez, a partir de la decisión del Tribunal Oral Federal 6, podrá dejar su casa de Acassuso para caminar y volver sentarse en el bar Pepino para hacer negocios al estilo de los que hizo con y para Jaime.

A Vázquez lo habían condenado en dos ocasiones antes de conocer a Jaime. En 2015 pactó una pena en el mismo juicio que el ex secretario de Transporte del kirchnerismo confesó ser coimero. Hoy Jaime sigue detenido en la cárcel de Ezeiza a la espera de que termine el juicio oral y público en el que la fiscal le pidió una pena de ocho años de prisión por delitos de corrupción. Su testaferro fue excarcelado.

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