La vicepresidenta Cristina Kirchner seguirá bajo investigación en el marco de la “ruta del dinero K”. Así lo decidió el juez Sebastián Casanello luego de un pedido concreto de la Cámara Federal para definir la situación procesal de la ex presidenta y otras dos personas que tienen falta de mérito.
“En este estado de la pesquisa, concuerdo con el representante del Ministerio Publico Fiscal al considerar que aún no se encuentra agotada la instrucción, no solo por los pedidos de colaboración en curso ante autoridades extranjeras, sino también en atención a las nuevas diligencias encargadas”, sostuvo Casanello en una breve resolución a la que tuvo acceso Infobae.
El fiscal Guillermo Marijuán había planteado hace diez días que la investigación todavía no estaba cerrada y le pidió al juez nuevas medidas de prueba. En cambio, las querellas de la AFIP y la UIF se manifestaron a favor de cerrar la etapa de instrucción, ya sea con un sobreseimiento o un procesamiento.
La vicepresidenta tiene falta de mérito desde 2018 en la “ruta del dinero K”. La situación cambió a mediados de septiembre cuando la Sala II de la Cámara Federal le ordenó al juez una definición sobre la situación procesal de Cristina Kirchner, Juan Pedro Damiani Sobrero (el ex presidente de Peñarol de Uruguay), y Antonio Demarco, un intermediario en la compra del campo El Entrevero.
Casanello coincidió con el fiscal que aún faltan pruebas, pero lo hizo extensivo a los tres imputados.
Entre otras cosas, el juez le pidió al juzgado federal 11, a cargo de Julián Ercolini, que le mande toda la información vinculada al cruce de llamadas agregado a la causa Cuadernos, tal como adelantó anoche el programa “Voces” en LN+. Esa prueba, aportada por la UIF, “acreditaría que Lázaro Báez utilizó los abonados telefónicos 296-640-0119 y 296-642-8642, y qué a través de ellos se comunicó con los abonados Ernesto Clarens, José Francisco López, Sergio Passacantando, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, y con los abonados vinculados a la Presidencia de la Nación”. En ese último caso se menciona a varios ex secretarios como Fabián Gutiérrez, Roberto Sosa, Juan Alarcón, Daniel Alvarez y Ricardo Barreiro.
“El cruce de llamadas va a servir para varias causas”, dijo anoche el fiscal Carlos Stornelli, aunque apuntó que la información aportada por la UIF “todavía se está analizando”.
También le solicitó Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 una copia de una pericia realizada al celular del ex secretario de Obras Públicas José López, donde surgirían los números utilizados por el empresario K.
En 2018, Casanello ya había ordenado un entrecruzamiento de llamadas entre la ex presidenta, Lázaro Báez, y los secretarios privados y estrechos colaboradores de ambos. Ese estudio era sobre 15 líneas asignadas al despacho presidencial y la secretaría privada en la Casa Rosada; 20 líneas asignadas a la residencia de Olivos, y 33 líneas de celulares asignadas a colaboradores y secretarios privados de la ex presidenta. “No había surgido nada importante”, dijo una fuente judicial.
Entre las nuevas medidas, Casanello le pidió ahora a la Secretaria General de la Presidencia que informe “si de sus registros surge el ingreso de Lázaro Antonio Báez y/o alguno de los coimputados en autos, a la Casa de Gobierno, en el período comprendido entre octubre de 2010 y abril de 2013″.
La “ruta del dinero k” es la única causa en la que Cristina Kirchner fue llamada a declarar y no terminó procesada. Así lo destacó ella misma en varias de sus últimas apariciones en tribunales, cuando se quejó del “lawfare” y de que todas sus causas caían en manos de los jueces Claudio Bonadio y Julián Ercolini.
La causa comenzó en abril de 2013, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando el empresario necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz.
En el juicio oral, Lázaro Baéz fue condenado a fines de febrero a 12 años de prisión. También recibieron condenas sus cuatro hijos, su ex contador Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, Fabián Rossi, entre otros. Luego de las apelaciones, la definición ahora quedó en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación.
Para el juez Casanello, también faltan medidas de prueba sobre los otros dos imputados que tienen falta de mérito.
Damiani fue indagado por movimientos bancarios registrados en una cuenta de Helvetic Services Group SA en el banco LGT de la ciudad de Vaduz, Principado de Liechtenstein, por U$S 3.302.091. Esos fondos luego fueron girados hacia el Citibank suizo. “No se ha logrado desestimar la sospecha de que el encartado haya administrado fondos vinculados a Lázaro Antonio Báez, más aún teniendo en cuenta la relación laboral que mantenía con Néstor Marcelo Ramos”, sostuvo Casanello.
En el caso de Demarco, el juez le solicitó a la UIF, entre otras cosas, que busque más información sobre la compra del campo en Uruguay y sobre el rol que habría tenido el imputado.
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