Marcelo D’Alessio vuelve a intentar convertirse en “arrepentido” antes de que la causa se vaya a juicio oral

El próximo 11 de noviembre Marcelo D’Alessio se prepará desde la cárcel de Ezeiza, donde vive desde hace más de dos años y medio, para ver al titular de la fiscalía federal de Dolores. Según revelaron a Infobae fuentes del caso, su defensa pactó una audiencia con el fiscal Juan Pablo Curi, con la intención de aportar datos a la causa que le posibiliten convertirse en un imputado-colaborador de esta causa que se hizo famosa por su apellido y en la que se investiga una asociación ilícita que se dedicaba a llevar adelante distintas maniobras de extorsión y lavado de dinero.

Habrá que ver qué dice D’Alessio en esa audiencia, asistido por el abogado Claudio Fogar, que venía desde hacía rato tanteando esta alternativa; si eso le alcanza al fiscal para sellar un acuerdo de colaboración y si ese documento es después respaldado por el juez. No será la primera vez que D’Alessio hace esta jugada. En diciembre de 2019, D’Alessio ya había declarado ante el fiscal Curi y conseguido convencer al fiscal de tratarlo como “arrepentido”, pero el entonces juez de la causa, Alejo Ramos Padilla, rechazó convalidar el acuerdo porque -dijo- el acusado no había aportado ningún dato nuevo.

Condenado a cuatro años de prisión por intento de extorsión en agosto pasado, el falso abogado, que solía aparecer en televisión hablando como un experto de terrorismo y narcotráfico, sabe que tiene poco tiempo si quiere insistir en convertirse en “arrepentido”. ¿Por qué? Porque el juez Martín Bava -que reemplazó en ese cargo a Alejo Ramos Padilla, ahora en el juzgado federal de La Plata- consideró que la instrucción ya estaba completa, pese a que hay una docena de apelaciones pendientes ante la Cámara Federal de Mar del Plata.

En ese contexto, Bava ya le comenzó a preguntar a las partes si había que elevar el expediente a la etapa de juicio oral. Las querellas ya contestaron, pero los plazos se interrumpieron a la espera de una serie de documentación que solicitó el Ministerio Público para pronunciarse. Luego, le tocará a las defensas. Una vez que el expediente sea remitido a esa etapa, ningún acusado tendrá chances de convertirse en arrepentido y así garantizarse una condena por el mínimo del delito por el que se lo acuse.

Así las cosas, D’Alessio tiene poco tiempo para lograr un acuerdo de imputado-colaborador. Pero la gran incógnita a esta altura de la investigación es qué tendría para aportar que pueda generar cambios en el curso de la investigación. En sus últimas palabras antes de ser condenado por el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py 2002, D’Alessio envió algunos mensajes: “Lo ideal era que me suicide”, afirmó.

“Si es que existe esa trillada grieta, me dejaron bien en el medio”, afirmó. También se quejó de que el tribunal lo conociera “tal vez como un agente anti k, un operador judicial, un espía de potencias imperialistas y no se cuántas barbaridades más”, afirmó. “Más me dolió la canallada de los que corrieron en estado de pánico a usar los medios diciendo que era un loquito, un fabulador o que dialogaba sobre narcotráfico o calibres de proyectiles sónicos con un nietito”, había dicho antes del veredicto.

La llamada causa D’Alessio nació en los tribunales federales de Dolores en verano de 2019 y se convirtió en la punta de un iceberg desde el cual se intentó exhibir las relaciones de los servicios de inteligencia con el Poder Judicial. Según Ramos Padilla, aquí existió “una asociación ilícita paraestatal que, a través de variadas y complejas acciones vinculadas al espionaje y la inteligencia ilegal, llevó adelante todo tipo de planes y operaciones sobre políticos, empresarios, periodistas, el Poder Judicial y la opinión pública”.

Para Carlos Stornelli, fiscal de Comodoro Py y uno de los procesados en el expediente por tentativa de extorsión, se trató de un complot para atentar contra la causa de los cuadernos. Además de D’Alessio y Stornelli, en la causa también se procesó a Ricardo Bogoliuk, Pablo Bloise, Patricio González Carthy de Gorriti, Franco Pini y Aldo Sánchez.

Fue en el marco de la causa D’Alessio que el 9 de mayo de 2019, en el legajo AFI, el juez dispuso que se consulte en Internet sobre las actuaciones que se habrían iniciado en la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires respecto a la creación de las denominadas “Bases AMBA” y su vinculación con la central de espías. A raíz de ello, personal judicial realizó una búsqueda en internet en donde terminó incorporando una nota publicada en el sitio web “El Destape” de un mes antes -el 10 de abril de 2019- titulada “Crece el escándalo por el espionaje de la AFI en la Provincia de Buenos Aires”.

En ese contexto, el juez le solicitó a la interventora de la AFI Cristina Caamaño que remitiera toda información disponible relativa a la creación, funcionamiento, finalidades y tareas que desarrollaban las denominadas “Bases AMBA” como así también las razones de su cese. De esa información, es que se origina la causa AMBA, en donde Ramos Padilla terminó procesando a los ex directivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En Mar del Plata, en tanto, Caamaño radicó la denuncia del espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan que se abrió primero en Mar del Plata y después terminó anexándose a la causa de Dolores. ´Se trata de la causa por la cual el ex presidente Mauricio Macri está citado mañana a declaración indagatoria.

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