El documento final de la reunión del G20 incluye, entre otros aspectos, uno de los principales reclamos de Alberto Fernández para negociar la deuda de la Argentina con el FMI: recomendar al organismo de crédito internacional que “revise” su política de sobrecargos.
Además, en el texto, los principales mandatarios sugirieron la creación de un fondo de “resilencia” para ayudar a países vulnerables, además de la devolución de 100.000 millones de dólares de la suma total de los Derechos Especiales de Giro (DEG) emitidos por el FMI para afrontar la crisis sanitaria, de una cantidad global de 650.000 millones de dólares. Sobre este tema también se expresó el mandatario argentino en su último discurso.
Los Estados del G20, que hasta ahora nunca habían acordado una suma a retornar a los países en desarrollo, están siguiendo así los pasos de los líderes del G7, que ya se habían fijado como meta la cuantía de 100.000 millones de dólares para redistribuir sobre todo en el continente africano. Los DEG se reparten en función de las cuotas de cada país en el FMI, por lo que la mayor parte va a los países ricos.
Durante meses, apoyados por Emmanuel Macron, Pedro Sánchez y Andrés Manuel López Obrador, el presidente y su ministro Martin Guzmán aprovecharon todas las oportunidades a la mano para plantear que los sobrecargos eran un exceso: el Gobierno estima que implican 1000 millones de dólares al año que Argentina tiene que pagar de más como consecuencia del crédito stand by de 44.000 millones de dólares contraído por Mauricio Macri.
El planteo se hizo varias veces al staff del FMI y a su directora gerente, Kristalina Georgieva, y el fondo siempre dijo que no. En rigor, la negativa no es un hecho personal. Estados Unidos, Alemania y Japón -miembros de peso del FMI- no comparten la posición del jefe de Estado y el titular del Palacio de Hacienda.
Para esos tres países poderosos, los sobrecargos son vitales para mantener la burocracia del FMI y, además, funcionan como un castigo para los países deudores -como Argentina- que recibieron créditos por encima de sus posibilidades.
En este contexto, el comunicado del G20 pone en una situación incómoda a los países que no desean revisar los porcentajes que se aplican en los sobrecargos. Ahora deberían ratificar en los hecho lo que aprobaron en un comunicado que no tiene fuerza normativa.
Asimismo, el G20 solicitó al FMI que los países más poderosos que recibieron millones de dólares extras en Derechos Especiales, puedan ceder “voluntariamente” esos DEGs a países pobres o de medianos ingresos como Argentina.
Por último, el comunicado del G20 que sesionó en Roma, instó al FMI que cree dos fondos -De Sustentabilidad y contra la Pobreza- destinado a facilitar planes de emergencia que aplaquen las Consecuencias sociales y económicas causadas por la pandemia y el Covid-19.
En su última intervención antes de partir hacia Glasgow donde participará de la COP 26, sobre cambio climático, Alberto Fernández realizó un “llamamiento a todos los países para que esta oportunidad de canalización de los DEGs (Derechos Especiales de Giro) para el desarrollo sostenible no resulte desperdiciada por trabas burocráticas o confort hacia el statu quo”, dijo.
Y agregó, apelando a la solidaridad de las naciones más poderosas: “Sería trágico que los DEGs engrosaran reservas de países que no lo necesitan, mientras aumenta el atraso de países que necesitan financiamiento como el agua”.
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