Rechazaron que más arrepentidos de la causa “Cuadernos” declaren en el juicio por la obra pública a Cristina Kirchner

El tribunal oral que juzga a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a ex funcionarios de su gobierno por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez, rechazó que arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción declaren como testigos en el proceso. Entre ellos, Aldo Roggio, que confesó que pagó coimas para tener la concesión de los subtes en la Ciudad de Buenos Aires.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 2, rechazaron el pedido del fiscal Diego Luciani para que los arrepentidos Roggio, Enrique Pescarmona y Francisco Valenti declaren como testigos en el juicio: “Una ausencia de vinculación suficiente con los hechos materia de investigación que permita motivar su citación a prestar declaración testimonial en el debate conforme el criterio establecido por el Tribunal”, sostuvieron los magistrados.

La decisión del tribunal no es la primera que toma sobre las arrepentidos, un capitulo con polémica en el caso desde su inicio y que ayer tuvo su punto más alto cuando declaró Patricio Gerbi, accionista de la constructora Coarco, y quien en la causa de los cuadernos declaró como arrepentido: las defensas -entre ellas la de Cristina Kirchner- pidieron la nulidad de su testimonio porque se le permitió testificar sobre lo que dijo como arrepentido, lo que se vedó en otros casos. Los jueces rechazaron el planteo y acusaron a las defensas de obstaculizar el juicio.

Cuando el juicio oral -el primero a Cristina Kirchner- se estaba organizando el tribunal aceptó en julio de 2018 que distintos empresarios de la obra publica declaren como testigos. Un mes después varios de ellos se convirtieron en arrepentidos en la causa conocida como los “cuadernos de la corrupción” en la que el chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno anotaba como el funcionario Roberto Baratta recaudaba dinero de los empresarios que tenían obra pública con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Los empresarios -y algunos ex funcionarios como el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex tiular del OCCOVI Claudio Uberti- contaron en la justicia cómo era el circuito de coimas para poder hacer negocios con el Estado. Con esas declaraciones ante el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli evitaron ir a la cárcel o ser liberados. Por el caso de los cuadernos, Cristina Kirchner fue procesada y enviada a juicio oral. La causa está en el Tribunal Oral Federal 7.

Al inicio del juicio oral, en mayo de 2019, las defensas pidieron que los arrepentidos no declaren como testigos. Señalaron que ser testigos implica decir la verdad y que podían autoincriminarse por lo que habían declarado en la causa de los cuadernos. El proceso se inició y hace tres semanas los arrepentidos en cuadernos comenzaron a declarar. Ya pasaron Carlos Wagner, Juan Chediack y Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri. Los dos últimos habían pedido no hacerlo siguiendo la línea de lo que plantearon las defensas: podían autoincriminarse.

Los jueces rechazaron los planteos. Explicaron que se trata de dos causas con imputados en común pero en la que se investigan hechos distintos y que los arrepentidos podían no contestar las preguntas que consideren que los ponía en una situación de autoincriminarse.

Pero a los arrepentidos ya citados, el fiscal Luciani pidió que sumen otros para ir a declarar como testigos al juicio. Pidió que sean convocados Roggio, Pescarmona y Valenti (ambos de la empresa IMPSA) y el financista Ernesto Clarens. El fiscal explicó que “mantuvieron un estrecho vínculo con alguno de los actores principales del presente juicio, durante el período que es objeto de análisis en este proceso, es decir, los años 2003 a 2015″ y detalló por qué cada uno era importante para el juicio en virtud de su testimonio como arrepentido. Todos confesaron haber pagado coimas. “Con los Kirchner me pasó lo mismo que en el secuestro, tuve que pagar porque si no me mataban”, había dicho Pescarmona. Y Clarens relató cómo era el sistema de recaudación.

Los jueces no compartieron el criterio. “Las genéricas referencias realizadas en torno a su participación y eventual conocimiento del proceso licitatorio de la obra pública vial, así como fue presentado, no satisfacen los estándares de motivación y vinculación con la hipótesis acusatoria que sostiene en este juicio”, dijeron los magistrados para rechazar las declaraciones de Roggio, Pescarmona y Valenti. En el juicio oral se juzgan las obras públicas que para la provincia de Santa Cruz recibió Báez entre 2003 y 2015 con la sospecha de que se entregaron de manera irregular. Junto con Cristina Kirchner son juzgadas otras 12 personas entre ellas, el propio Báez, José López, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

Los integrantes del tribunal oral no resolvieron la situación de Clarens. Explicaron que podría estar procesado en otro tramo de la causa de las obras públicas de Báez que todavía se investiga, lo que le impediría declarar en el juicio. Para constatarlo pidieron conocer el estado de ese expediente. Los jueces sí aceptaron la declaración de otro arrepentido: Gabriel Pedro Losi, quien lo hará el próximo martes.

Polémica con un arrepentido

Ayer, el empresario Gerbi -arrepentido en cuadernos, donde es defendido por Pablo Lanusse, el mismo abogado de Macri, y de Chediack, otro arrepentido- declaró como testigo en el juicio y al inicio se le aclaró que podía no responder las preguntas que lo incriminaban por su situación en el caso de los cuadernos. Lo hizo por videoconferencia desde Mar del Plata. Su declaración comenzó sobre la historia de su empresa -Coarco, fundada en 1968 por su padre-, los obras que la compañía hizo y sobre cómo era el proceso de licitación.

En un tramo de su declaración, Gerbi hizo referencia a una sus dichos como arrepentido. Dijo que en el gobierno nacional había un listado donde las empresas Austral Construcciones -de Báez-, CPC, de Cristóbal López, y Esuco, de Wagner, tenían prioridad de cobro. También de reuniones con Clarens, con López y otros ex funcionarios de Vialidad Nacional donde se habló de aportes de dinero. Fue cuando le preguntaron por las demoras en los pagos por parte de Vialidad Nacional. Contestó que se remitía a su declaración como arrepentido.

La declaración fue interrumpida por las defensas que objetaron el testimonio. Señalaron que se le permitía a la Fiscalía preguntar sobre la declaración de Gerbi como arrepentido, lo que en otros casos se les vedó.

“Le pregunta sobre lo que declaró como arrepentido y el presidente del tribunal le dijo al testigo que tenia que contestar. Si el testigo dice algo distinto a ese otro legajo incurriría en un delito y podría perder los beneficios que tiene como arrepentido. Esta declaración no es válida y en este mismo acto planteo su nulidad y amerita que se disponga la suspensión de la declaración”, sostuvo Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, que agregó: “Hemos llegado a un punto donde, la verdad, las cosas llegaron a una gravedad inusitada”.

Otras defensas, como la de De Vido y de Báez. se sumaron al pedido. El abogado Enrique Arce, que defiende al ex funcionario Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner, recordó que el tribunal había resuelto que los arrepentidos iban a declarar sobre el caso de la obra pública y no sobre el expediente de cuadernos, lo que en este caso se estaba modificando.

El fiscal Luciani respondió que el testigo no objetaba las preguntas, tal como se le había dicho al comienzo de la audiencia, por lo que podía contestar si entendía que no se autoincriminaba y que las defensas vedaban la declaración. El debate se extendió por horas y el tribunal hizo un cuarto intermedio para resolver el planteo. Cuando el juicio se reanudó, los jueces lo rechazaron. Señalaron que no había riesgo de autoincriminación, que el testigo declaró con libertad y que él mismo hizo referecnai sin considerar que sería un riesgo para su situación, por eso el tribunal permitió que responda.

“Tan eficaz y aclaratoria fue la intervención de la Presidencia que, al responder el testigo la pregunta en cuestión, pudo corroborarse a ciencia cierta que no existía peligro o riesgo de autoincriminación alguno: ni siquiera se refirió a acciones propias, ni ajenas en las cuales haya tenido algún tipo de participación. La realidad nuevamente refutó el enrevesado alcance que pretendieron darle algunas defensas a la aclaración del Presidente del debate”, sostuvieron los jueces que agregaron que estaban sorprendidos por la actitud de las defensas de “obstaculizar sistemáticamente la prueba”.

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