El Gobierno se abstuvo en una votación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que exige “la liberación inmediata” de los opositores al régimen de Daniel Ortega detenidos en Nicaragua antes de las elecciones de noviembre.
El llamado de atención se resolvió con el apoyo de 26 votos a favor, es decir, el grueso de los países integrantes del organismo multilateral. Argentina no formó parte de ese grupo y sumó una de las siete abstenciones que evitaron pronunciarse a favor del reclamo hacia el gobierno del país caribeño. El único ausente fue Nicaragua, el protagonista de la tensión política.
Fuentes de Cancillería indicaron a Infobae que la abstención de Argentina corresponde a que el Consejo Permanente de la OEA hizo una “consideración apresurada” de este tema que “resulta improcedente y extemporánea”, debido a la proximidad de los comicios en Nicaragua -que se celebrarán el 11 de noviembre- y “la inminente realización del 51 Período de Sesiones de la Asamblea General de la OEA” prevista entre el 10 y 12 de noviembre, donde se debatirá como punto de temario la situación nicaragüense.
Se trata de la segunda resolución que la OEA aprueba para insistirle a Nicaragua que libere a candidatos presidenciales y presos políticos, urgirle a que inicie reformas electorales. El posicionamiento es una advertencia sobre el deterioro de la situación de los derechos políticos del país.
Una vez más, la Casa Rosada compartió su voto de abstención con Belize, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Honduras y México. Sus socios del Mercosur se inclinaron por la afirmativa: Brasil, Uruguay y Paraguay condenaron al régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
El último de los dictámenes había sido en junio pasado, cuando la OEA resolvió “reiterar su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos”, en un texto que contó con el apoyo de 26 de los 34 miembros activos del bloque regional y siete abstenciones, entre ellas las de las delegaciones de Argentina, Bolivia y México.
En el texto, el organismo expresó su “grave preocupación” por el hecho de que Nicaragua haya ignorado los esfuerzos del Consejo Permanente de la OEA para que se comprometa a la celebración de elecciones “libres y justas”.
Además, el bloque resuelve en “urgir con vehemencia al Gobierno de Nicaragua a poner en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana, así como de todos los estándares internacionalmente reconocidos” a fin de garantizar una competencia electoral “creíble”, y bajo observación internacional.
En esa línea, Estados Unidos y otros países habían declarado que las elecciones de noviembre en Nicaragua “han perdido toda credibilidad” debido a la exclusión de partidos opositores en el proceso electoral y al encarcelamiento de varios líderes que pretendían disputarle el poder al presidente Daniel Ortega.
En el juego electoral quedaron agrupaciones minoritarias y una alianza oficialista encabezada por el gobernante Frente Sandinista, que controla el Tribunal Electoral y todos los poderes del Estado.
En ese marco, el gobierno de Alberto Fernández remarcó a través de un comunicado oficial que “más allá de coincidir con algunas de las apreciaciones contenidas en el proyecto”, en alusión a las denuncias y reclamos que expresa la OEA, Argentina finalmente optó por la abstención.
La postura de la diplomacia local no suele dudar en pronunciarse sobre los asuntos internos de otros países, cuando se juegan intereses regionales que favorecen a la estrategia del Frente de Todos. Ocurrió en hechos como el reconocimiento al presidente democráta de Estados Unidos, Joe Biden, antes de que se resolvieran las impugnaciones impulsadas por Donald Trump; el pedido de liberación del ex presidente Lula da Silva o el respaldo al peruano Pedro Castillo cuando estaba abierto el proceso electoral.
En el caso de Nicaragua, la gestión diplomática oscila entre la condena explícita de la represión política y las violaciones de los derechos humanos, y una mirada política compartida con sus aliados inmediatos -entre ellos México, Bolivia y Venezuela- que la distancian de Washington y el resto de la región.
Mientras tanto, la presión internacional crece como un cerrojo hacia el gobierno sandinista. La Unión Europea impuso el mes pasado sanciones a la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y a otros siete funcionarios acusados de violaciones a los derechos humanos y de atentar contra la democracia. Estados Unidos dictó también medidas contra funcionarios y allegados a Ortega.
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