
“Con esto vamos a llegar al día de las elecciones”. Convencidos de que el tema narco y la inseguridad se van a instalar en el último tramo de la campaña, los tres frentes políticos que disputarán las elecciones internas del próximo domingo en Santa Fe ajustan sus discursos a partir del ataque sicario que mató a balazos a un arrepentido que había declarado contra un jefe narco.
Carlos Argüelles, una especie de lugarteniente del jefe narco Esteban Alvarado, fue asesinado a balazos frente a su esposa e hijos, el mismo día que se produjeron en Rosario otros tres crímenes derivados de la violencia entre las bandas narcos.
Pero este cobró singular relevancia porque había declarado como arrepentido y tenía custodia fija en su domicilio, aunque rechazó integrar el plan de testigos protegidos, que le hubiera dado mayor seguridad. Por las dudas dejó un video grabado con el testimonio de todo lo que sabe.
Su asesinato cayó como un golpe a los programas de campaña que todos los candidatos tenían armados para esta semana. Y los obliga a cambiar el eje. El tema se convirtió en pregunta obligada y todos tuvieron que acomodar los discursos.
“Esto va a explotar”. Es lo que dicen por lo bajo los principales dirigentes políticos de Santa Fe, los mismos que también reconocen que la violencia se ha naturalizado demasiado en la provincia.
En condiciones normales, cuatro o cinco muertes en un día por violencia urbana -como hubo ayer en Rosario- deberían haber conmovido de manera especial a los ciudadanos, y tendría que convertirse en el eje de la campaña electoral en curso, sobre todo si una de las víctimas tenía custodia fija y había declarado como testigo clave en una causa narco.
Pero a diferencia de lo que podría suponerse, el día después de esas muertes no cambió demasiado en la ciudad y la provincia. Los candidatos siguieron en campaña, los medios trataron el tema casi con la misma relevancia que otras veces que ocurrieron situaciones similares, y en la calle no es un tema del que se hable más que antes. Ni siquiera pegó que se sacara la cuenta de que hay días con más muertes por crímenes que por COVID-19.
Ya hubo en Rosario triples homicidios, ataques sicarios, balazos a sedes judiciales y a domicilios de jueces y magistrados y una seguidilla de crímenes diarios vinculados con la guerra de bandas de droga, que por venganza o para imponer su lógica de avanzar sobre el negocio en el territorio alteran la calma día a día durante los últimos años.
Tal vez por eso el de este lunes no pareció, como en otras ocasiones, pasar un límite. Por alguna razón todavía no se instaló como algo que traza una raya, y en la campaña electoral el tema no dominó la escena. Al menos por ahora.

“Los candidatos de Juntos por el Cambio no atacan demasiado al gobierno provincial por este tema”, se dice desde la interna del peronismo, insinuando cierta afinidad del gobernador Omar Perotti con ese espacio político. El ex presidente Maurcio Macri estuvo en Rosario hace una semana y no puso eje en el asunto, y para hoy se anuncia la presencia programada de antemano de Patricia Bullrich.
Desde el socialismo no hay demasiado para asombrarse. Durante los gobiernos provinciales que dirigieron se vivieron realidades parecidas. No se notó en el día siguiente a estos crímenes una decisión de ningún candidato de poner el acento en este tipo de inseguridad. Tampoco el gobierno anunció medidas especiales.
Se sabe que hay otros testigos protegidos de los cien que serán citados a declarar cuando se realice el juicio contra Alvarado, en principio entre las elecciones de noviembre y fin de año.
Si la que constituye la principal preocupación de los rosarinos se aborda en campaña es por los arrebatos en la vía pública y los robos desde motos que ocurren con cierta frecuencia en el centro y los barrios de la ciudad. Pero en cuanto al ajuste entre bandas suele decirse “que se maten entre ellos”. Un problema adicional es cuando estas disputas se dan en las mismas calles de la ciudad en la que vive el resto.
No estaba protegido y grabó un video
“Argüelles estaba jugado y sabía que este iba a ser tarde o temprano su final”. Eso es lo que dicen desde el gobierno santafesino. Tanto es así que ya había sufrido intentos por matarlo en otras tres oportunidades y había rechazado entrar en el plan de testigo protegido, que implica cambiar su identidad y ser trasladado a vivir a otro lugar fuera de Rosario.
Que no estaba protegido quedó claro, tanto que si bien tenía una custodia en su casa, no lo seguía a su trabajo.
Era tan consciente de su situación que hasta grabó su testimonio en un video para que se exhiba en el juicio que se hará contra Alvarado, al que descontaba que no iba a llegar con vida.
Las autoridades santafesinas explican que el recrudecimiento de balaceras y asesinatos del último tiempo tiene que ver con la decisión de trasladar a varias decenas de presos vinculados con el negocio narco que están cómodos en la cárcel de Piñero. Y a la posibilidad de que algunos involucrados de guante blanco puedan caer en prisión. Que eso alteró todo, aseguran.
Nadie vincula estos últimos sucesos a la política ni a la interna partidaria. Ni se cree demasiado que afecte las chances electorales que ya están jugadas.
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