A casi un año que se produjera el encuentro entre el presidente Alberto Fernández y el sindicalista Hugo Moyano en la Quinta de Olivos durante la cuarentena de 2020, la agrupación opositora Jóvenes Republicanos denunció que en aquel encuentro que entonces se hizo público por varios medios de comunicación, se violaron las disposiciones que estaban en vigencia por la pandemia de coronavirus.
La misma agrupación política fue la que inició la causa judicial en la que se investiga si el presidente y su pareja Fabiola Yañez violaron la cuarentena cuando organizaron un festejo de cumpleaños el 14 de julio de 2020. La denuncia inicial de la agrupación opositora fue para que se investigue si el presidente había violado sus propias disposiciones cuando recibió a la actriz Florencia Peña en la Quinta de Olivos mientras regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) durante 2020.
Ese expediente quedó radicado en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello quien le delegó la investigación al fiscal Ramiro González. Fue allí que los Jóvenes Republicanos radicaron la denuncia contra Fernández y los Moyano.
“Venimos a ampliar la denuncia por violaciones a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud, la Emergencia Sanitaria declarada por el Decreto Nº 260/20 y sus modificatorios, y demás normas complementarias, contra Liliana Zulet, Hugo Moyano y Jerónimo Moyano teniendo en cuenta ingresos a la Residencia Presidencial de Olivos”, dice la denuncia.
El documento agrega que: “Según fuera informado por diversos medios periodísticos, el día sábado 22 de agosto se realizó una reunión social en la residencia presidencial de Olivos, en aparente violación a las diversas medidas sanitarias dispuestas por el Presidente de la Nación Argentina a través de los DNU 297/20 y modificatorios, especialmente el DNU 641/20 que en su art. 9.2 textualmente prohíbe “… los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente”.
Los denunciantes sostuvieron que: “Sobre el particular, el medio periodístico Infobae informó que “El encuentro tuvo lugar entre las 12.15 y las 18, y comenzó con un almuerzo en el que comieron lomo con ensalada y del que también participaron la primera dama, Fabiola Yáñez; la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet, y Jerónimo, el hijo menor del sindicalista. Luego de la comida, el Presidente y el camionero mantuvieron una extensa reunión a la que se sumaron el abogado de los Moyano, Daniel Llermanos, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el interlocutor habitual de Pablo Moyano en el Gobierno”.
Casi un año después del hecho y ante otras investigaciones que se abrieron sobre el asunto, los denunciantes concluyeron que: “Como puede apreciarse, ninguno de los denunciados cumple con las normas de conducta generales reguladas por el art. 5 del DNU 641/2020 que indica que “las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, (…) y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional”, con excepción del señor Hugo Moyano que – aunque no resulta adecuadamente colocado -aparenta sostener una tapa bocas en su mano izquierda. Asimismo, el Sr. Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en ejercicio de la función pública, ha puesto la Residencia Presidencial de Olivos, que se le ha confiado en razón de su cargo, al servicio de una actividad que sería ilícita, a juzgar por las características del encuentro que se han descripto precedentemente. Y lo ha hecho, en abierta vulneración de normas dictadas por el propio poder del Estado que él ejerce, y que revisten jerarquía legal”.
Según relató el periodista Luis Majul en La Nación+ el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli cerró una denuncia similar presentada hace un año en ese juzgado en la que se pedía investigar la reunión entre Fernández y los Moyano. Fuentes judiciales agregaron que, de confirmarse la existencia de la causa, la nueva denuncia se enviaría a San Isidro donde ya hubo actuaciones: fue cerrada por inexistencia de delito.
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