
El Gobierno decidió adherir a una declaración que difundió el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el que se expresa la preocupación por los derechos de las niñas y las mujeres que habitan Afganistán. También se pide a las autoridades talibanes que ahora dominan el país asiático que “garanticen su protección”. El texto fue firmado, además, por la Unión Europea y otros 18 países.
Además de Argentina y Estados Unidos los que se sumaron a la firma conjunta fueron Albania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Macedonia del Norte, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, Senegal, Suiza y Reino Unido.
“Estamos profundamente preocupados por las mujeres y niñas afganas, por sus derechos a la educación, al trabajo y a la libertad de movimiento. Hacemos un llamamiento a quienes ocupan puestos de poder y autoridad en todo Afganistán para que garanticen su protección”, expresa en su primer párrafo.
“Las mujeres y las niñas afganas, como todo el pueblo afgano, merecen vivir con seguridad y dignidad. Debe evitarse cualquier forma de discriminación y abuso. En la comunidad internacional estamos dispuestos a ayudarlas con ayuda humanitaria y apoyo, para garantizar que sus voces puedan ser escuchadas”, añade la declaración.
“Vigilaremos de cerca cómo cualquier gobierno futuro garantiza los derechos y las libertades que se han convertido en parte integrante de la vida de las mujeres y las niñas en Afganistán durante los últimos veinte años”, reza en su tercer párrafo.

El régimen talibán que el domingo logró el control de la capital Kabul y que provocó la huida del presidente afgano Ashraf Ghani junto a su familia hacia Emiratos Árabes Unidos. “Todos los que están en el lado opuesto son perdonados de la A a la Z”, dijo el portavoz talibán Zabihullah Mujahid a periodistas extranjeros y locales, en la primera conferencia de prensa del movimiento. Mujahid también dijo que el nuevo régimen sería “seguramente diferente” de su período de 1996-2001, que fue infame por las muertes por lapidación, la prohibición de las niñas en la escuela y las mujeres de trabajar en contacto con hombres.
A través de la Cancillería que orienta Felipe Solá, Argentina ya había expresado este lunes su preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en Afganistán y había hecho un llamado “a todas las partes a que se abra el diálogo para que la población pueda volver a vivir en paz. Llama a todos los actores políticos de Afganistán, en particular a aquellos que ejercen el poder, a respetar plenamente las obligaciones internacionales de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y a restablecer de inmediato la seguridad y el orden civil”.
“Mientras persisten circunstancias de transición deben promoverse la apertura de los pasos fronterizos de modo a permitir que aquellos que deseen partir de Afganistán puedan hacerlo y se de paso a la necesaria ayuda humanitaria”, termina el comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores argentino. También la cartera de Solá detectó a 4 argentinos en la capital afgana y luego de varias gestiones diplomáticas se logró que fueran evacuados hacia otros países.
En 2001, con el fin del denominado Emirato Islámico, bajo el que no podían ni estudiar ni trabajar, entre muchas otras prohibiciones, las mujeres pudieron recuperar algunas de sus libertades. Es que los talibanes aplicaban entonces una estricta interpretación religiosa según la cual básicamente las mujeres no podían tener ningún tipo de vida pública, ocultas de los ojos de cualquiera que no fuese su marido o guardián varón. Los castigos ante el incumplimiento eran lapidaciones, mutilaciones y azotes.
Uno de los representantes en las negociaciones de paz con el Gobierno, Suhail Shaheen, le dijo a la BBC que “respetaremos los derechos de las mujeres”. Muchos desconfían de que ese cambio ideológico talibán se produzca.
El régimen talibán gobernó Afganistán desde 1996 hasta 2001. En aquella época, las mujeres fueron las que más perdieron. Describir sus vidas como un infierno no sería exagerado. No podían salir de sus hogares sin un mahram -tutor masculino- y debían cubrirse el cuerpo de la cabeza a los pies con un burka, entre otras prohibiciones e imposiciones medievales.
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