El Gobierno condenó el nombramiento como ministro en Irán de un acusado por el atentado a la AMIA

Después de varias horas de hermetismo, el Gobierno expresó su “enérgica condena” a la decisión del flamante presidente de Irán, el ultraconservador Ebrahim Raisi, de designar como ministro del Interior al General Ahmad Vahidi, uno de los presuntos participantes del atentado a la AMIA de 1994, que tiene alerta roja de Interpol.

Apenas conocida la noticia, el gobierno de Alberto Fernández, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Felipe Solá, decidió mantener la cautela. En las primeras horas se mantuvo hermético y fuentes oficiales dijeron que “por el momento no realizarían comentarios”.

Sin embargo, hacia la tarde emitieron un comunicado donde expresaron que la designación “constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). “Tal como fuera manifestado en el mes de agosto de 2009, cuando Vahidi fue nominado a ocupar el cargo de Ministro de Defensa, su nominación para ocupar un cargo ministerial en Irán ha sido recibida con grave preocupación y merece la más enérgica condena del Gobierno de nuestro país”, expresaron.

Vahidi fue incluido en una lista negra de Estados Unidos en 2010 y es buscado por Interpol por su supuesta participación en el ataque con bomba que destruyó la mutual judía de Argentina, donde murieron 85 personas y varias cientos resultaron heridos. Era jefe de las Fuerzas Quds cuando ocurrió el atentado terrorista a la AMIA, en 1994, donde murieron 85 personas y hubo 151 heridos. En 2006, el ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó su captura internacional, junto a la de otros acusados por responsabilidad intelectual: Moshen Rezai, ex jefe de la guardia revolucionaria de Irán; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina; y la de Samuel Salman El Reda.

El primer mandatario, Raisi, es un clérigo conservador y extitular del poder judicial. La mayoría de los nuevos ministros designados por Raisi pertenecen al sector intransigente del régimen. Antes de Vahidi, nombró al diplomático de carrera Hossein Amirabollahian en el ministerio de Relaciones Exteriores.

El flamante funcionario iraní figura desde julio de 2019 como terrorista en la lista UFI AMIA del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), ente creado bajo la administración de Mauricio Macri. Su nombre aparece aún bajo el cargo de “comandante de la Fuerza AL QUDS”, que ostentaba cuando ocurrió el atentado. El registro contiene un listado de 1.100 organizaciones y personas relacionadas con ataques de grupos extremistas, algunos de los cuales se vinculan directamente con los dos atentados ocurridos en Buenos Aires en 1992 y 1994.

El ex embajador de Irán en el país cuando ocurrió el atentado, Hadi Soleimanpour, también tiene pedido de detención internacional, pero no una circular roja, porque Interpol no las aplica a diplomáticos. Vahidi, al igual que Fallahjan, habría participado en la supuesta reunión en 1993 en la ciudad iraní de Mahshad en la que se habría decidido el atentado, según la UFI AMIA.

“Vahidi no se limitó a participar pasivamente del cónclave sino que además cumplió un rol protagónico al proponer que nuestro país fuera el objetivo del ataque. Su sugerencia tuvo éxito ya que, efectivamente, dicha propuesta fue la que se sometió a examen del Comité de Asuntos Especiales”, dice el dictamen firmado en 2016 por el fiscal Alberto Nisman.

El Gobierno destacó que Vahidi es reclamado por la Justicia argentina por haber tenido una participación clave en la toma de decisión y en la planificación del atentado y recordó que sobre él pesa una orden de captura internacional de INTERPOL. Y exigió al gobierno de Irán a “cooperar de manera plena con la Justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar del atentado contra la AMIA sean juzgadas por los tribunales competentes”.

En julio, las mientras se acercaba la conmemoración de un nuevo aniversario del atentado terrorista contra la AMIA, las autoridades de la entidad judía le pidieron al presidente Alberto Fernández que el Gobierno que “sea proactivo” en las actuaciones para que se ejecuten las alertas rojas contra los acusados por el atentado, que sigue impune después de 27 años.

No es la primera vez que Vahidi provoca un conflicto diplomático. En 2011, el gobierno de Bolivia, bajo el mandato del presidente Evo Morales, recibió a Vahidi -entonces ministro de Defensa de Irán-, aunque luego lo expulsó para evitar un conflicto diplomático con la administración de Cristina Kirchner. En ese momento hubo un malestar generalizado en la comunidad judía. El presidente de la AMIA, Guillermo Borger, declaró que la visita del iraní a Bolivia -había sido invitado para participar en dos actos militares en el departamento de Santa Cruz de la Sierra- era “una provocación”.

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