¿Medidas de fuerza en el sector de la salud en plena pandemia? Es el escenario que quedó delineado esta tarde tras el fracaso de la audiencia en el Ministerio de Trabajo por las paritarias 2021: el Sindicato de Sanidad decidirá “de manera urgente” un plan de lucha luego de que los empresarios, agrupados en la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), ratificaron que si no aumentan los aranceles no podrán afrontar una recomposición salarial y anunciaron una reunión vía streaming el miércoles 30 para analizar qué harán ante “la dramática falta de financiamiento del sistema”.
En el Ministerio de Trabajo, encabezado por Claudio Moroni, no quisieron anticipar si se aplicará la conciliación obligatoria en caso de que se concreten las protestas gremiales. “Veremos. En su momento se decidirá”, dijo a Infobae un vocero oficial.
Según se informó en un comunicado, los representantes de la FAPS “explicaron que los ingresos de los prestadores están atados a los aranceles impuestos por los financiadores (obras sociales, empresas de medicina prepaga y PAMI), y que si esos aranceles no se actualizan acorde al porcentaje solicitado para la negociación paritaria actual las instituciones prestadoras no tienen posibilidad alguna de enfrentar el aumento”.
El sindicato, por su parte, sostuvo que “los tiempos de gestión y negociación están agotados”, por lo que advirtió: “No vamos a tolerar más dilaciones, negativas y evasivas. Ninguna razón puede eximir a los empresarios de la obligación de actualizar los salarios en momentos de alta inflación”.
La reunión entre las partes tuvo lugar luego de que, a principios de mes, el sector empleador pidió a la cartera laboral que suspendiera las paritarias hasta que se resuelva “el estado crítico en que se encuentran la mayoría de los prestadores” por “la variación que sufrieron los costos” y “el incremento de los valores retributivos que perciben por las prestaciones que brindan”, pero la respuesta oficial fue negativa.
En esos días, extraoficialmente, el sindicato había solicitado un aumento anual del 30% en tres cuotas (20% en julio, 10% en agosto y 10% en septiembre), que, ante la negativa empresarial, accedió a bajarlo al 29% (14% en julio, 8% en agosto y 7% en octubre). Sin embargo, en medio del alza inflacionaria y de la oleada de sindicatos que se alineó con la nueva pauta salarial del 40%, el cotitular de la CGT y líder de la Asociación de Trabajadores de Sanidad (ATSA) Buenos Aires, Héctor Daer, elevó esta semana el porcentaje de incremento que reclama porque, según explicó, con un “24% de inflación en un semestre, la perspectiva cuando se acumule el año es llegar a 43, 44 o 45%”.
“El Congreso firmó un 46% y eso da una pauta para los salarios”, dijo el sindicalista en alusión al aumento pactado por Cristina Kirchner y Sergio Massa para el personal del Congreso, que elevó el techo del 29%, “más dos o tres puntos” fijado a principios de año por el Ministerio de Economía. Esa cifra corresponde a la previsión inflacionaria del presupuesto nacional para 2021, pero quedará superada porque la inflación de mayo alcanzó el 3,3% y en los primeros cinco meses del año la suba de precios acumuló un 21,5%, según los datos que dio a conocer el Indec.
El conflicto repite la situación que se registró en marzo pasado, cuando Carlos West Ocampo y Daer, líderes de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), impulsaron asambleas informativas y paros de tres horas por turno en clínicas, sanatorios, laboratorios y geriátricos ante la negativa del sector empleador a otorgar un aumento para compensar el efecto de la inflación en la paritaria firmada en 2020.
Un mes después se acordó un aumento de entre el 15% y el 16%, que completó el 36,1% pactado el año pasado, gracias a que el Gobierno tomó medidas para aliviar la crisis financiera del sector, como el aumento en las cuotas de las prepagas y la baja de contribuciones patronales.
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