La CGT sospecha de una maniobra política detrás del nuevo tope salarial del 40% que fijó Cristina Kirchner en el Congreso

En la Confederación General del Trabajo (CGT) se multiplican las teorías conspirativas y todas empiezan y terminan en Cristina Kirchner: a ella le atribuyen en las últimas horas impulsar un nuevo tope del 40% en las paritarias para diferenciarse de Alberto Fernández ante la necesidad de vigorizar el consumo para ganar las elecciones y, de paso, dar una señal que les dé más fuerza a sectores K que buscan posicionarse para la renovación de autoridades cegetistas, en octubre.

El acuerdo salarial firmado por Cristina Kirchner y Sergio Massa dejó más en off side aún a los sindicalistas que, en forma disciplinada, habían acatado la pauta salarial del 29% más dos o tres puntos que rigió durante los primeros meses del año. Hoy, varios de los que firmaron por entre el 31% y el 35% sienten que quedaron desacomodados ante sus bases y van por el anticipo de las cláusulas de revisión o por la negociación de sumas fijas como anticipos de futuras paritarias.

Aun así, en el Congreso descartan cualquier motivación política al acuerdo del 40% firmado con los gremios del personal parlamentario. Cerca de Sergio Massa sostuvieron que el año pasado no se completó la paritaria de la Asociación del Personal Legislativo (APL) y que hasta ahora regía para 2020 un 7% firmado en noviembre más un 18% en dos tramos pactado en marzo. Y advirtieron que aún no está definido que el 40% se traslade a las dietas de los legisladores.

“Acá no existen los inocentes. Cristina quiere imponerse ante Alberto como la que tiene el control de las variables económicas y sabe que los salarios y las obras sociales son la clave para llegar en paz a las elecciones”, se descargó ante Infobae un miembro de la cúpula de la CGT, convencido de que habrá más gestos de la vicepresidenta en ese sentido y sin el aval del Presidente.

Cuando el sindicalista mencionó las obras sociales no se trató de un error: la CGT pudo frenar esta semana un intento de la dupla de Salud bonaerense, Daniel Gollán-Nicolás Kreplak, para designar a cuatro dirigentes de su confianza en la grilla de la Superintendencia de Servicios de Salud, que maneja Daniel López, uno de los principales hombres de Ginés González García en el Gobierno.

No fue La Cámpora sino el eje Gollán-Kreplak el que estuvo detrás de la jugada, que apuntaba a copar algunas áreas de la Superintendencia para controlar fondos y poder en el organismo que recauda los millonarios aportes de las obras sociales y regula la tarea de las prepagas. Es más, dicen que el camporismo estuvo tan lejos de esa maniobra que habría sido el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el responsable de haber frustrado las designaciones impulsadas desde Provincia y evitar así que se complicara la relación del gobierno nacional con la CGT.

Alberto Fernández estaba alertado sobre el tema y actuó rápidamente por pedido de Héctor Daer, cosecretario general de la CGT, y así se aceleró un almuerzo que se hizo el martes en el Sindicato de Sanidad entre los sindicalistas con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Carla Vizzotti y Claudio Moroni. Allí quedó en claro que el Presidente estaba en desacuerdo con el desembarco bonaerense en la Superintendencia y dio garantías de que eso tampoco sucedería en el futuro.

De todas formas, en la central obrera dudan sobre las verdaderas intenciones de Cristina Kirchner. Todos saben que los responsables del área de Salud bonaerense coordinan la misma área en el Instituto Patria y que fueron quienes, el año pasado, proyectaban a tono con la vicepresidenta una reforma integral del sistema de salud que hubiera significado la virtual apropiación de los fondos de las obras sociales para integrarlos a un esquema centralizado de servicios sanitarios.

“Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”, afirmó Cristina Kirchner en el cierre de un encuentro organizado por la Fundación Soberanía Sanitaria, que preside el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Hacía apenas una semana, la vicepresidenta había afirmado lo mismo al cerrar un acto en el Estado Unico de La Plata, donde advirtió: “En materia sanitaria debemos reconceptualizar el sistema. La pandemia mostró que algunos lugares tienen muchos recursos que a otros les faltan. Tenemos un modelo concéntrico que debe ser reformulado”.

La vicepresidenta mantiene un vínculo tenso con la dirigencia que maneja la CGT desde los años de su gobierno y, en particular, desde la administración macrista. En julio de 2012, Cristina Kirchner designó como responsable de la Superintendencia de Servicios de Salud a Liliana Korenfeld, ex secretaria de Turismo de Río Gallegos y ex titular de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz. Se trata de una “pingüina” de pura cepa que cerró el grifo de los fondos de las obras sociales y los distribuyó en función del grado de alineamiento con el Gobierno que mantuvieran los dirigentes.

Aun así, la paritaria del 40% provocó incomodidades en el sindicalismo y, de paso, les dio aire a dirigentes K como Hugo y Pablo Moyano, que ahora tienen más respaldo para avanzar con su pedido de entre el 45% y el 50% para las paritarias 2021. Lo mismo sucede con el bancario Sergio Palazzo y otros dirigentes cercanos al kirchnerismo que ahora buscarán mayores aumentos.

La firma de acuerdos salariales más importantes posicionará mejor a los dirigentes que puedan firmar por encima de la vieja pauta oficial del 29% más dos o tres puntos que propuso el ministro de Economía, Martín Guzmán, en sintonía con las expectativas inflacionarias del presupuesto.

Esa vidriera paritaria reforzada les dará más poder a los Moyano, Palazzo o a quienes puedan mejorar sus acuerdos antes de que la CGT realice su congreso para renovar autoridades, en octubre, y así queden mejor ubicados en los reacomodamientos para integrar la nueva conducción.

El Sindicato de Camioneros será un beneficiado por la paritaria de Cristina Kirchner: ya pidió iniciar las negociaciones y extraoficialmente reclamó entre un 45% y un 50%. Demostrar un liderazgo en materia salaria será un elemento significativo para la aspiración moyanista de conducir la CGT.

Guzmán habló de este tema con Alberto Fernández y le expresó su inquietud por la posibilidad de que el nuevo límite paritario complique la tensión inflacionaria, pero hasta ahora predomina la idea de autorizar aumentos que, tomados en forma anual, no superen el flamante tope del 40%.

La CGT sabe que el Gobierno no cuenta con las herramientas adecuadas ni con la decisión suficiente como para controlar los aumentos de precios, por lo que sus gremios más alineados seguirán las directivas generales que fije el Gobierno, aunque con una certeza: no bajarse de ningún reclamo salarial ante la pelea para definir la nueva CGT y cuando se perfilan unas elecciones legislativas en las que el peso de la economía será clave para que asegurar los votos.

Entre los gremios que se preparan para pelear la reapertura de paritarias tras la nueva pauta del 40% están los bancarios (que habían firmado por el 29% de incremento, más una actualización salarial del 2,1% para 2020 y una cláusula de revisión en septiembre y noviembre), los metalúrgicos (que lograron un 35,2% de aumento en tres tramos), la construcción (un 35,8% en cuatro tramos) y Comercio (un aumento salarial del 32% para 2021 en cuatro tramos y una revisión en enero de 2022), entre otros.

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