La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, informó que todas las personas que utilicen los accesos para regresar desde la Costa Atlántica o desde otro punto que no sea su hogar serán imputadas y puestas a disposición de un juez penal, que podrá ordenar el secuestro del vehículo.
“Si no son trabajadores esenciales y vuelven de un lugar que no es su domicilio, de mínima van a estar imputados. Incluso puede haber secuestro de automóviles, pero eso va a depender del juez”, anticipó la funcionaria en diálogo con la periodista María O’Donnell en radio Urbana Play.
Frederic advirtió que es probable que todas las personas que colmaron las salidas de CABA el viernes por la tarde intenten volver entre hoy y mañana a la Capital Federal. En los controles pedirán los permisos para verificar si esas personas son trabajadores esenciales y en una segunda instancia preguntarán de dónde vienen y hacia dónde se dirigen.
“Si vienen desde su domicilio y es esencial, no hay problema. Si esto no sucede, bueno, ahí van a tener un inconveniente”, anticipó.
Lo mismo sucederá con quienes lleguen en vuelos provenientes de ciudades del interior del país. Deberán justificar por qué viajaron. Los vuelos están permitidos sólo para trabajadores esenciales y la opción “turismo” fue deshabilitada en la app Cuidar.
El Ministerio de Seguridad ya había adelantado que las personas que regresen al Área Metropolitana luego de realizar un viaje de turismo van a tener que afrontar una causa penal, lo que despertó críticas de abogados constitucionalistas.
El constitucionalista Daniel Sabsay dijo a Infobae que se trata de “una sanción ex post, discrecional”. “Es un castigo arbitrario, que viola groseramente el principio de legalidad y el de tipicidad. Está creando una contravención a través de una resolución administrativa que por el momento ni siquiera ha sido publicada”, aseguró.
Por su parte, el constitucionalista Félix Lonigro dijo a este medio que “la decisión constituye una restricción al derecho de circular y al derecho de usar la propiedad. Las limitaciones a los derechos están constitucionalmente aceptadas en la medida que sean hechas por ley y que sean razonables (es decir, que no alteren irrazonablemente el derecho limitado)”.
“En este caso no hay ley (sabemos que es un decreto), y se debe juzgar la razonabilidad de la medida. Es aquí cuando entra a tallar la subjetividad de los jueces”, explicó. “En lo particular creo que hay una inconstitucionalidad en la medida, no solo por la falta de ley sino porque hay una irrazonable restricción a los derechos mencionados, ya que es arbitrario impedir que un sujeto pueda volver a su casa”, afirmó.
Críticas a Berni
Frederic aclaró que los controles situados en la conexión de la General Paz con la Panamericana no son realizados por fuerzas que están bajo su control, sino por orden del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, con quien mantiene una disputa política pública.
En esas zonas se generan embotellamientos y demoras que perjudican por igual a quienes sí están habilitados para circular y a quienes no deberían estar en las calles en virtud del confinamiento dispuesto por el presidente Alberto Fernández.
“Entiendo el enojo de la gente, pero la Provincia tiene la facultad de controlar y lo hicieron en lugares donde no hay carriles suficientes para dejar que pasen los trabajadores esenciales o una ambulancia en caso de emergencia”, criticó.
Y cerró: “El 1° de mayo pasó una cosa parecida, nosotros coordinamos con ellos, pero la decisión la toma el gobernador”.
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