El juez Martínez De Giorgi quedó a cargo del caso por espionaje durante el macrismo

Luego de que Casación ordenara el pase del expediente a Comodoro Py, la jueza María Capuchetti se había excusado de intervenir

Sale Capuchetti (de espaldas en la foto), ingresa Martinez De Giorgi. El caso por espionaje tiene nuevo juez (Foto: Adrián Escandar)
Sale Capuchetti (de espaldas en la foto), ingresa Martinez De Giorgi. El caso por espionaje tiene nuevo juez (Foto: Adrián Escandar)

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi aceptó este martes quedarse con la causa que nació en Lomas de Zamora y en donde fueron procesados los ex jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a directivos del Servicio Penitenciario Federal. Están acusados de haber llevado adelante supuestos seguimientos y vigilancias a políticos, jueces, periodistas y presos kirchneristas, entre otras víctimas. Entre las impulsoras del caso, en su rol de querellante, está la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien no quería que el expediente fuera a parar a los tribunales de Retiro.

Cuando el caso finalmente pasó en abril pasado a Comodoro Py por orden de la Cámara Federal de Casación Penal, la jueza que debía intervenir en el caso, María Eugenia Capuchetti, decidió excusarse. Planteó que que ella misma pudo haber sido víctima de maniobras de espionaje que llevó adelante la conducción de la AFI macrista. Expuso que en el expediente de Lomas de Zamora uno de los acusados, Leandro Araque, decía saber los movimientos migratorios del ex intendente de Avellaneda y hoy funcionario Jorge Ferraresi. Y como ella ya se había excusado de otro expediente en donde varios jueces habían sido monitoreados en sus salidas e ingresos al país y se lo habían aceptado, entonces también decidía apartarse de este caso.

“Lamentablemente me encuentro dentro de las personas que sin motivo aparente habrían sido espiadas y, entonces, sería necesaria mi comparecencia en dicha calidad, lo que excluye mi intervención a cargo de la investigación”, dijo en su escrito la jueza María Eugenia Capuchetti, titular del juzgado federal 5.

Con la decisión de Capuchetti, el caso fue a la Cámara Federal, que realizó el sorteo: el azar quiso que el expediente quedara bajo la órbita de Martínez De Giorgi. El juez tenía que estudiar si aceptaba o no el criterio de su colega. Hoy, confirmó que se quedará con el expediente que había nacido en Lomas de Zamora y mandó a sorteo otro caso sobre controles que se hicieron en Migraciones, en donde no aceptó su competencia.

La jueza Capuchetti. Atrás el juez Borinsky, de Casación, uno de los que dispuso el pase del caso a Comodoro Py (Adrián Escandar)
La jueza Capuchetti. Atrás el juez Borinsky, de Casación, uno de los que dispuso el pase del caso a Comodoro Py (Adrián Escandar)

”Se considera que resultan atendibles los argumentos esgrimidos por la Dra. Capuchetti en el resolutorio que antecede. En tal sentido, efectivamente, la nombrada se halla entre aquellas personas cuyos datos personales habrían sido consultados a través de la Dirección Nacional de Migraciones, por la Agencia Federal de Inteligencia. Circunstancia que, a la luz del objeto procesal de las causas remitidas, permite tener por verificado el supuesto previsto en el inciso 4° del art. 55 del C.P.P.N. invocado, por lo que habré de aceptar la inhibición de la Dra. María Eugenia Capuchetti, en relación a ambos expedientes”, dijo el magistrado.

La causa que nació en Lomas de Zamora tiene una significativa importancia para el kirchnerismo. Es que desde allí se logró demostrar por un lado la vigilancia sobre la entonces ex presidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria durante 2018, pero además un grupo de WhatsApp dejó al descubierto el espionaje ilegal que se hizo a dirigentes opositores al macrismo y también a integrantes de ese espacio como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, junto a periodistas y gremialistas. Y también abrió el capítulo sobre las vigilancias a los llamados presos K. Hay más de de 300 hechos de espionaje.

Martínez De Giorgi ya estaba investigando la denuncia de Dario Nieto, el ex secretario de Mauricio Macri acusado de espionaje ilegal, quien afirmó que fue manipulado su teléfono celular, secuestrado durante un allanamiento en su casa, fruto precisamente de la causa de Lomas de Zamora.

Dario Nieto
Dario Nieto

Además fue donde inicialmente los ex jefes de la AFI pidieron que el caso quedara radicado. Es que De Giorgi los había sobreseído por la presencia de autos de la AFI monitoreando los movimientos de Cristina Kirchner en la puerta del Instituto Patria en 2018. Pero en ese momento De Giorgi rechazó el planteo. Así las cosas, el caso de Lomas de Zamora siguió creciendo, mientras que los imputados planteaban en el juzgado de Capuchetti que reclamara la competencia de la causa. La jueza se opuso, pero sus superiores de la Cámara Federal y de Casación entendieron lo contrario y fueron traccionando la causa hacia los tribunales de Retiro.

Mientras decidió quedarse con el capitulo del espionaje de Lomas de Zamora, Martínez De Giorgi rechazó el criterio de su colega Sebastián Ramos sobre otra causa que también apunta al espionaje durante el macrismo y ahí será el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, el que tenga que definir quién se la queda.

Se trata de la causa que estaba en manos del ex juez Rodolfo Canicoba Corral en donde analizaba las consultas hechas en la AFIP, la UIF, Migraciones y el Banco Central sin autorización judicial sobre distintas personas. Allí aparecerían desde Susana Giménez, Mirtha Legrand, Jorge Lanata y Santiago del Moro hasta Hugo Moyano, Angelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri) y al propio Franco Macri.

Pero en la nómina también había jueces espiados. Tal como lo informó Infobae en aquel momento, entre ellos aparecía el ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda y después se sumó el nombre de Ricardo Lorenzetti. (Los movimientos migratorios de otros dos jueces de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, figuraban en tanto en las carpetas del falso abogado Marcelo D’Alessio, investigado en Dolores). Entre los 21 jueces, estaba también el propio Canicoba, que había pedido los informes.

Desde la camarista de Casación Ana María Figueroa al presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun. También aparecen los más nuevos de Comodoro Py, como el camarista federal Mariano Llorens y la jueza federal María Eugenia Capuchetti y jueces a los que en algún momento apuntaron dirigentes de Cambiemos, como Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y Luis Rodriguez. En la lista también están María Servini, los jueces del fuero penal económico Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart y Pablo Yadarola. Y de tribunales orales como Claudio Gutiérrez de la Cárcova, María Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer, Ángel Gabriel Nardiello, Sergio Paduczak, Javier Ríos, José Martínez Sobrino y Nicolás Toselli.

Al ver su nombre en los registros, Capuchetti -subrogante en el juzgado de Canicoba- se excusó inicialmente de intervenir en la causa. El caso pasó a manos del del juez Sebastián Ramos. Pero, tal como reveló Infobae en abril, Ramos también se excusó porque al ver el expediente se dio cuenta que sus movimientos migratorios también habían sido consultados sin ninguna autorización.

El juez Sebastián Ramos (Adrián Escandar)
El juez Sebastián Ramos (Adrián Escandar)

Por sorteo fue a parar a la oficina de Martínez De Giorgi. Pero al analizar la excusación de su colega, Martínez De Giorgi escribió: “si bien es cierto que en los registros 547 a 664 invocados por el Juez declinante, aparecen en las primeras tres columnas, los datos “Ramos” (Apellido 1), “Sebastian” (Nombre 1) y su número de documento nacional de identidad (DNI), dicha información debe ser interpretada a la luz de lo explicado por el organismo que proporcionó tales datos”. Para Martínez De Giorgi no está claro que las consultas se dirigieran específicamente al juez federal.

Según dijo, “en las fechas allí consignadas se buscó en la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones a una persona llamada Sebastián Ramos, sin saber el DNI asociado a ese individuo y sin conocer efectivamente, a esta altura, si se trataba del titular del Juzgado Federal nro. 2 de esta urbe. Tampoco, si esa búsqueda resultaba ilegítima”. Y añadió que “todavía existe la posibilidad de que al haber egresado e ingresado al territorio nacional, se hubieran practicado los controles de rigor, que, naturalmente, deberían figurar en los listados aportados, no suscitando dicha circunstancia, en principio, irregularidad alguna”.

El propio Martínez De Giorgi aparece también en las consultas. “En relación a mi persona, aparecen asociados los registros 24 al 540 -del aludido listado aportado por la DNM- (con las mismas salvedades comentadas que para el caso del Juez Ramos)”, pero en su caso “la búsqueda incluyó, en varios supuestos, mi primer nombre y apellido compuesto, en forma completa”.

“Ya no se trata de la búsqueda de cualquier Marcelo Martínez, si no de Marcelo Martínez De Giorgi. Otro dato no menor, consiste en que, a simple vista, en el listado oportunamente aportado por la DNM y que derivara en las inhibiciones de los Jueces Federales Capuchetti y Ramos, también se observan registros en relación a los magistrados Sebastian Casanello, Julian Ercolini, Ariel Lijo, Daniel Rafecas, Luis Rodriguez, Sergio Torres y María Servini. Sentado ello, luego de haber efectuado un breve recuento del trámite de la investigación, deteniéndome puntualmente en los registros que motivaran la inhibición del Juez Ramos, entiendo, como adelantara, que no se han advertido circunstancias formales que lo inhabiliten para continuar interviniendo en el presente proceso”, señaló. Será entonces la Cámara Federal la que deberá analizar quién se queda con este proceso.

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