Otra grieta divide al sindicalismo: el sector kirchnerista exige más restricciones; la CGT mantiene silencio y sospecha de Kicillof

El sindicalismo se mantiene dividido desde hace décadas, pero en las últimas horas se instaló entre su dirigencia una nueva grieta relacionada con la pandemia: un grupo de gremialistas alineado con el kirchnerismo reclamó restricciones más duras por la crisis sanitaria, mientras la CGT mantiene el silencio sobre el tema y sospecha que detrás de esa demanda está Axel Kicillof y su estrategia de presionar a Alberto Fernández para lograr que se profundice el confinamiento.

En un documento, gremios enrolados en el moyanismo, en la Corriente Federal del bancario Sergio Palazzo y en la CTA de los Trabajadores, dirigida por el diputado ultra K Hugo Yasky, se pronunciaron en favor de “las máximas restricciones de circulación” y de “una estricta suspensión de actividades con aislamiento preventivo y obligatorio en las zonas con mayor riesgo epidemiológico”.

El texto del sindicalismo K, cuyo título es “Primero está la vida. Ya no hay tiempo. Ahora hay que parar”, afirmó que “hoy es el tiempo límite de cuidar la salud por encima de todo ya que toda dilación se pagará en vidas humanas”, por lo que advirtió: “Necesitamos de manera urgente que el Gobierno Nacional -y todas las jurisdicciones provinciales y municipales sin excepción- apliquen decididamente las máximas restricciones de circulación para dar tiempo a la campaña de vacunación”.

Firmaron el documento, entre otros, sindicatos enrolados en el moyanismo como Camioneros, SMATA, aeronavegantes, SOMU, canillitas, viales y peones de taxis; integrantes de la Corriente Federal como bancarios, pilotos, judiciales, gráficos bonaerenses, televisión y lecheros, y de la CTA oficialista como CTERA, FOETRA, Suteba, metrodelegados y ATE Capital. Además, se sumaron organizaciones filokirchneristas que agrupan a pymes, cooperativistas y movimientos sociales.

En la declaración de los gremios kirchneristas, luego de pedir “una estricta suspensión de actividades”, se aseguró que “para que sea efectiva, el Gobierno nacional y todos los gobiernos provinciales deben garantizar la ayuda estatal para quienes no puedan ejercer su trabajo por este período”.

“Es preciso que los alimentos lleguen a los sectores sociales más afectados y que se destinen fondos presupuestarios para ello, desde todas las jurisdicciones, porque tampoco se puede enfrentar la pandemia con hambre”, sostuvieron a continuación.

En este punto hay una coincidencia con la cúpula de la CGT, más cercana a Alberto Fernández, que también exige que el Gobierno reanude la ayuda económica a los trabajadores que quedarán afectados por las nuevas restricciones sanitarias, como sucedió el año pasado con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

La central obrera quiere plantear este tema durante el encuentro que esta semana mantendrá con el Presidente, que iba a realizarse la semana pasada pero se suspendió porque el primer mandatario estuvo dedicado al análisis de las medidas que iba a aplicar para frenar los contagios.

Algunos dirigentes la CGT están enojados con el documento del sindicalismo K: creen que fue alentado por Kicillof para condicionar la estrategia del Presidente de tomar las decisiones sanitarias a través del consenso con los gobernadores y con el asesoramiento de epidemiólogos.

“No hemos pensado en la posibilidad de que la CGT opine sobre las nuevas restricciones, pero apostamos al criterio profesional, médico y sanitario que tiene el equipo que asesora al gobierno nacional y a las provincias. Es un momento donde no podemos improvisar y tenemos que ser cautos”, afirmó a Infobae un importante miembro de la cúpula cegetista.

Desde la CGT, sin embargo, uno de sus principales sindicatos alertó sobre el efecto perjudicial de las limitaciones impuestas en la Ciudad de Buenos Aires: se trata de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), que en un comunicado de prensa, cuyo título es “Las obras no contagian”, reclamó al gobierno porteño que “considere la necesidad de revisar los plazos y alcances” de las medidas que impiden el funcionamiento de las obras de construcción que superen los 2.500 metros cuadrado.

Tras advertir sobre “el impacto en los puestos de trabajo de cientos de miles de trabajadores constructores, la UOCRA instó a las autoridades porteñas a que “las restricciones sean transitorias y de muy corto plazo, atendiendo a la necesidad de trabajadoras y trabajadores de nuestra actividad que se verán seriamente afectados en su continuidad laboral y sus salarios producto de esta medida”.

El sindicato que conduce Martínez señaló que “no existe dilema entre el cuidado de la salud de nuestros trabajadores y el mantenimiento del trabajo y el desarrollo productivo de nuestra actividad”, tras lo cual recordó: “Junto con la Cámara Argentina de la Construcción fuimos el primer sector en elaborar de manera conjunta exitosos protocolos de salud, cuidado y seguridad laboral atendiendo la emergencia del COVID-19, que se han actualizado de manera permanente, adaptados a las distintas etapas de la pandemia y son de estricto cumplimiento, evaluándose de manera semanal y poniéndose en práctica de forma inmediata las medidas de detección temprana necesarias para evitar un eventual foco de contagio en obra, siendo muy bajo el índice de trabajadores infectados en la actividad”.

Fuentes de la UOCRA, de todas formas, revelaron que en las próximas horas habrá reuniones del gobierno porteño con el sindicato y la cámara empresarial para analizar el impacto de las restricciones en la actividad y las medidas que atenúen las consecuencias negativas en el sector.

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