La Justicia Federal investiga el contrato entre el Estado argentino y AstraZeneca para la provisión de la vacuna contra el COVID-19

Es por una denuncia presentada por una particular, ante la demora en la llegada de las dosis comprometidas. El caso está en manos del juzgado federal Julián Ercolini y lo instruye el fiscal Guillermo Marijuan

La Justicia Federal investigará el acuerdo firmado entre AstraZeneca y el Estado Argentino.
La Justicia Federal investigará el acuerdo firmado entre AstraZeneca y el Estado Argentino.

La Justicia Federal investigará el contrato que firmó el Estado Argentino y AstraZeneca para la provisión de 22,4 millones de vacunas contra el COVID-19, tras una denuncia que presentó una particular que acusó a ambas partes por la demora en la llegada de las dosis comprometidas al país. La causa quedó hoy a cargo del juez Julián Ercolini y la investigación en manos del fiscal Guillermo Marijuán.

Según los documentos de la causa a los que accedió Infobae, la denuncia fue “radicada por Josefina de Elizalde –por Acción Conjunta Republicana- con el objeto de que se investigue” a los responsables de la firma del acuerdo, tanto del ámbito estatal como del privado. En la denuncia se destaca que “en la actualidad no se habría recibido ninguna de las dosis acordadas” pese a que había trascendido un cronograma de entrega.

Por el acuerdo que ahora será puesto bajo investigación judicial, la parte privada de Argentina se comprometía a fabricar el principio activo para la fabricación de la vacuna contra el COVID-19, que luego se enviaba a México para que, allí, se envasara y se distribuyera a América Latina. El laboratorio mexicano Liomont -que recibió de su contraparte mAbxience los envíos- no logró proveerse de los insumos necesarios para la terminación de las dosis y, a partir de esa situación, toda la operación entró en una demora.

La investigación de los alcances del acuerdo que firmó la Casa Rosada con Oxford-AstraZeneca involucra al presidente Alberto Fernández, el ex ministro de Salud, Ginés González García, y su sucesora, Carla Vizzotti, otros dos funcionarios nacionales, y el empresario Hugo Sigman.

El propio titular del Grupo Insud, al que pertenece mAbxience, el lunes pasado publicó en sus redes sociales una extensa explicación sobre su rol en el contrato que firmó el Estado Argentino con AstraZeneca. “Ni mAbxience ni yo hemos acordado ni firmado ningún contrato con el Ministerio de Salud de Argentina, ni de ningún otro país, por la vacuna contra el COVID-19, ni hemos cobrado dinero alguno de ningún gobierno por su fabricación o venta. Tampoco tenemos potestad o influencia para decidir en qué país se realiza la formulación del principio activo producido en Argentina y el llenado de los viales”.

“mAbxience no es la propietaria de la vacuna, ni la encargada de venderla, cobrarla, ni de firmar los contratos con los gobiernos o establecer las fechas de entrega. Ha sido seleccionada, en un reconocimiento al capital humano y científico argentino, para producir el principio activo, como parte de un proyecto que tiene como objetivo abastecer de la vacuna a precios accesibles a los países de nuestra región”, explicó el empresario.

Además, destacó que “formular, fraccionar y envasar cada tipo de vacuna requiere una serie de equipos e insumos específicos que, por la alta demanda global, hoy resultan imposibles de conseguir rápidamente . Este es, de hecho, el problema que enfrentó en México el laboratorio Liomont, quien formula fracciona y envasa el principio activo que mAbxience produce en Argentina y que determinó una demora en el inicio de la producción”.

Aunque Sigman destacó que “mAbxience ha cumplido con los objetivos, tanto en tiempo como en cantidad, y así lo seguirá haciendo”, reconoció que en todo el mundo “el problema es la oferta de vacunas. Salvo Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña, todos los países experimentan retrasos en la llegada de las dosis comprometidas”.

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