El presidente Alberto Fernández reconocerá la competencia originaria de la Corte Suprema para intervenir en el conflicto que mantienen el gobierno nacional y el gobierno porteño por la presencialidad de las clases en la ciudad de Buenos Aires.
No va a litigar en la Corte porque el máximo tribunal ya decidió. Este lunes aceptó su competencia originaria en el caso y le corrió traslado al gobierno nacional para que conteste y aporte pruebas. El jefe de Estado se basa en el fallo de la Corte Suprema emitido el 4 de abril de 2019 en el que el tribunal declara su competencia originaria en causas en las que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea parte.
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En ese fallo los jueces Maqueda, Lorenzetti y Rosatti destacaron que “a partir de la reforma del año 1994, la ciudad de Buenos Aires adquirió un nuevo estatus constitucional que se expresó en el artículo 129 de la Constitución reformada en cuanto establece que “la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción””.
Los magistrados también destacaron que “la reforma constitucional de 1994 transformó la naturaleza política y jurídica de la Ciudad, y la reconoció como participante del diálogo federal conjuntamente con las provincias, los municipios y el Estado Nacional”.
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En un carril paralelo, Fernández cree que el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires, que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, no es correcto.
El Presidente entiende que su planteo fue claro, tanto en el mensaje que brindó a la comunidad como en el Decreto de Necesitad y Urgencia que lleva su firma. Su voluntad es aplicar una medida que está vinculada a la política sanitaria de su gobierno. En un contexto de extrema complejidad debido al aumento de casos de coronavirus y la ocupación del sistema sanitario en el AMBA.
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“El fallo de la Cámara es un disparate. Es nulo de nulidad absoluta, porque no permitieron al estado nacional el principio de defensa en juicio. Nos presentamos, a través del ministerio de Salud, para defender nuestra posición y el tribunal no aceptó la presentación. Esa actitud no tiene anteceden en la historia del derecho mundial”, sostuvo el Presidente a sus íntimos este lunes en la Casa Rosada.
La Corte Suprema debe resolver el pedido de declaración de inconstitucionalidad sobre el DNU presidencial que presentó Horacio Rodríguez Larreta en la mañana del viernes.
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Además, eventualmente, debería determinar que pasará con las clases presenciales en el caso de que el fuero contencioso administrativo federal, donde el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, solicitó una inhibitoria en contra de la Sala IV de la justicia porteña que falló en contra de su último DNU dictado para enfrentar la segunda ola del COVID-19, también le dé la razón al gobierno porteño.
Pero, al menos por ahora, en ese caso la causa va en paralelo al pedido del Gobierno porteño. La denuncia que dio lugar al fallo de la justicia porteña ayer la realizaron un grupo de padres que consideraban que la falta de presencialidad iba a perjudicar la educación y la salud de sus hijos.
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Fernández quiere que la Justicia federal se haga cargo del expediente porque entiende que es su competencia y espera una resolución favorable en los próximos días. Al menos, así se los confesó a sus colaboradores en las últimas horas.
“Creo que si se aplican los principios básicos del derecho, la justicia se va a ser cargo, le van a dar lugar a la inhibición y se va a caer el fallo del domingo”, les dijo. El Presidente está convencido que la resolución de ayer no tiene futuro.
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Mientras tanto se mantiene vigente el fallo que habilita la presencialidad de las clases en la Ciudad de Buenos Aires, el nuevo conflicto que tiene mantiene en vilo al Gobierno y uno de los sectores más representativos de la oposición.
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