El Ministerio de Asuntos Exteriores británico convocó este sábado por segunda vez en dos días al embajador chino en Londres, Zheng Zeguang, para reunirse con la canciller Yvette Cooper tras la condena de dos funcionarios de origen chino por espiar a disidentes prodemocráticos de Hong Kong en territorio británico en nombre de los servicios de inteligencia de Beijing.
Chung Biu Yuen, de 65 años, y Chi Leung Wai, de 40, ambos funcionarios fronterizos del Reino Unido, fueron declarados culpables el jueves por un tribunal de Londres de colaborar con un servicio de inteligencia extranjero. Según la acusación, entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 llevaron a cabo actividades de vigilancia sobre disidentes hongkoneses residentes en Gran Bretaña. Uno de ellos tenía acceso a bases de datos migratorias, que utilizó para localizar a los objetivos y remitir esa información a Beijing.
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“El Reino Unido no tolerará ningún intento por parte de Estados extranjeros de intimidar, acosar o causar daño a personas o comunidades dentro de su territorio”, advirtió el Foreign Office en un comunicado. “Tales actividades constituyen una grave violación de la soberanía de Reino Unido. Seguiremos exigiendo a China que rinda cuentas por las acciones que socavan nuestra seguridad y nuestros valores democráticos.”
La réplica de Beijing
China rechazó las condenas con dureza. El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, afirmó el viernes que Londres había “abusado de la ley” mediante acusaciones infundadas y la manipulación de procedimientos judiciales, y aseguró que Pekín ya había presentado protestas formales ante las autoridades británicas.
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Lin acusó además al gobierno del Reino Unido de respaldar “elementos anti-China y desestabilizadores de Hong Kong” y reclamó que Londres “corrija sus errores” y preserve “el impulso positivo” de las relaciones bilaterales.
El subsecretario del Foreign Office, Dan Jarvis, había justificado la primera convocatoria del embajador —producida el jueves, al conocerse el veredicto— señalando que las actividades de ambos hombres constituían “una infracción de la soberanía británica”.
El caso se enmarca en una creciente preocupación en Londres por las operaciones de inteligencia chinas en suelo británico dirigidas contra la diáspora hongkonesa, particularmente desde la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong en 2020.
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