Carlos Rosenkrantz aún no tomó la decisión de convocar a sus cuatro colegas de la Corte Suprema para resolver en un acuerdo extraordinario la suerte judicial del Amparo presentado por la Ciudad de Buenos Aires para evitar la suspensión de las clases presenciales por orden de Alberto Fernández.
El titular del alto tribunal mantuvo conversaciones informales con los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, y después de mucho devenir aceptó correr traslado del amparo a la Procuración General, enviar una copia a la Procuración del Tesoro y abrir un incidente para debatir los términos jurídicos de la cautelar a favor de las clases presenciales.
Esta secuencia de actos procesales tuvieron lugar el viernes pasado.
Y nada más.
Desde ese momento, Rosenkrantz hizo mutis por el foro.
No es que Lorenzetti, Rosatti, Highton de Nolasco y Maqueda hayan decidido postergar el tratamiento del amparo presentado por la Ciudad de Buenos Aires. Los cuatro miembros de la Corte aguardan que su Presidente convoque a un zoom formal para tratar un asunto urgente que pone en jaque la vida cotidiana de millones de argentinos.
Pero Rosenkrantz cavila qué pasos dar, y el tiempo juega a favor de la decisión asumida por Alberto Fernández en Olivos. “La Corte ahora no está haciendo nada, y no creo que lo haga durante el fin de semana”, comentó un ministro del gobierno porteño.
-¿No puede?-, preguntó Infobae.
-Sí que puede. No hay razón jurídica para no hacerlo. Tienen todo para reunirse y fallar sobre el amparo. Nadie les pide que traten la constitucionalidad del DNU. Esa cuestión de fondo puede esperar.
Desde la perspectiva sanitaria del Jefe de Estado, la pandemia aumentó sus casos de contagio como consecuencia del tránsito de millones de argentinos que se apiñan en la entrada de los jardines de infantes, las escuelas primarias y los colegios secundarios de la Capital Federal.
Esa opinión de Alberto Fernández, que no tuvo un consenso cerrado en su propio Gabinete Nacional, es rechazada por Horacio Rodríguez Larreta y la mayoría de los expertos epidemiólogos que trabajan en hospitales públicos, clínicas privadas, universidades y organismos multilaterales como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En este contexto político-sanitario, el titular de la Ciudad de Buenos Aires presentó un robusto recurso de amparo ante la Corte Suprema para evitar las suspensiones de las clases presenciales ordenas por Alberto Fernández para aplacar las segunda ola del COVID-19. La presentación sucedió a las 9.50 del viernes pasado: diez minutos antes que Rodríguez Larreta saludara con su puño cerrado a Alberto Fernández en la quinta de Olivos.
Rosenkrantz conoce los principios básicos que sostienen un recurso de amparo, y su silencio solo presupone una mirada política. Tanta equidistancia puede afectar derechos comunes de una sociedad que enfrenta -como puede- el rigor distópico de una pandemia que nadie esperaba en el siglo XXI.
El amparo del Gobierno porteño argumenta -con razón- que hay un derecho en peligro y que el tiempo es clave para evitar un daño irreversible. Las clases se suspenden el lunes, y de nada servirá que la Corte aborde una cautelar que se dirige contra un DNU que caduca en 14 días.
Highton de Nolasco, Rosatti, Maqueda y Lorenzetti aguardan expectantes que Rosenkrantz convoque a una reunión de Acuerdos antes que sea efectiva la decisión política de Alberto Fernández. Estos cuatro miembros de la Corte tienen voluntad de tratar este asunto, y ya adelantaron su decisión de trabajar todo el domingo si hiciera falta.
Mueve Rosenkrantz.
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