Axel Kicillof abrió la agenda judicial con un paquete de leyes que busca agilizar procesos y fomentar la participación ciudadana

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, hace pie en la agenda judicial bonaerense -luego de obviar el tema ante la Asamblea Legislativa- y busca avanzar en ciertas leyes con el objetivo de agilizar procesos judiciales y democratizar la participación civil en nuevas leyes. Las iniciativas van desde la redacción de un nuevo Código Procesal de Familia, Civil y Comercial hasta la puesta en marcha de una Ley de Ética Pública en la que cualquier institución o persona podrá proponer modificaciones, ya que los anteproyectos serán subidos a una plataforma web para su debate.

Además de suplir un vacío legal, en La Plata explican que los proyectos también buscan reducir el lobby de colegios de profesionales como abogados, escribanos o entidades de magistrados sobre la Legislatura; una práctica poco explorada públicamente pero implícita en las redacciones de leyes.

“Viene un estudio de abogado grande, se sientan con un colegio de abogados y arman un proyecto de ley para sus propios intereses y así las normas que hacen al funcionamiento de la Justicia se hacen en base a quienes tienen acceso a los despachos”, describe a Infobae un abogado del gobierno que trabajó en la redacción de las iniciativas que el mandatario presentó esta semana junto a la vicegobernadora, Verónica Magario, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak y el Secretario General de Gobierno, Federico Thea.

Concretamente son seis las leyes a actualizar. Nuevo código procesal de las familias, civil y comercial; la revisión de la Ley del procedimiento laboral; la ley de Régimen Pericial; la ley de abogada y abogado del niño, niña y adolescente; la ley de ética pública y transparencia y la ley de responsabilidad del Estado. En 40 días los proyectos serán subidos a internet para iniciar el debate ampliado.

“No venimos a presentar un paquete cerrado de propuestas, sino que estamos dando el puntapié para una discusión en la que todos los sectores puedan estar presentes y hacer sus aportes”, decía Kicillof al presentar los proyectos de ley.

La ex gobernadora María Eugenia Vidal había intentado avanzar con proyectos similares en el marco de una anunciada reforma judicial que finalmente no prendió del todo. Por ejemplo, la gestión de Juntos por el Cambio sí había logrado aprobar una ley para el procedimiento laboral que establecía en el ámbito de competencia a nuevos Juzgados de Trabajo.

Sin embargo, la Suprema Corte detuvo la entrada en vigencia del nuevo procedimiento laboral porque no había una asignación presupuestaria por parte del gobierno anterior. El punto de inflexión del texto aprobado en Legislatura durante la gestión Vidal establecía que “en los Departamentos Judiciales donde existían Cámaras de Apelación del Trabajo integradas por una única sala, la misma estará conformada por tres jueces. En caso de desintegración, la vacante será cubierta por un integrante de la Cámara de Apelación del Trabajo más próxima en distancia”. Pero el presupuesto no fue asignado.

Según esgrimen en la gobernación, el plan que ahora propone el Ejecutivo para la ley de Procedimiento Laboral “no tiene necesidad de modificaciones estructurales ni partidas presupuestarias y garantiza la celeridad del proceso. Además refuerza el rol que le corresponde a la justicia del trabajo y permite la tutela judicial de trabajadores y trabajadoras”.

También se plantea un Código Procesal de las Familias, Civil y Comercial, algo que también había sido anunciado por la gestión de Vidal. El Código Procesal Civil y Comercial que rige en la provincia data de 1968 y sostienen en el gobierno tiene “un lenguaje poco claro”.

La propuesta que hacen Alak y Thea, con la venia de Kicillof, es adecuar el nuevo Código a lo que se enmarca a las constituciones nacional y provincial de 1994, que tenga enfoque en los derechos humanos y “desmercantilice”, la tramitación de los procesos judiciales.

“Las normas en general tratan a todos como si fueran iguales y lo cierto es que en la práctica no funciona así. Hay jueces y jueces. Algunos son capaces de interpretarlo y otros muchas veces se apoyan en normas ya vetustas que no ayudan. Es un mensaje sobre cómo debe funcionar para nosotros el poder judicial”, explicó Thea a Infobae.

Para lograr eficiencia en los procesos en el fuero de familia, civil y comercial también se busca apoyarse en la oralidad e inmediación para el contacto directo entre partes. También se propone la digitalización de expedientes, otra de las deudas pendientes y estructurales del sistema judicial bonaerense. El Ejecutivo sostiene que en el Consejo de la Magistratura se ha logrado avanzar con la digitalización de expedientes. El tema de la digitalización también había sido un anuncio durante el mandado de Vidal.

Otro problema que tiene la resolución de los conflictos judiciales en la provincia de Buenos Aires está vinculada con la cuestión pericial: en la provincia de Buenos Aires faltan peritos, lo que hace que los procesos se estiren, y los que hay tardan en cobrar sus honorarios ya que el pago de su trabajo se establecen recién en las sentencias que pueden demorar años en ejecutarse. El gobierno planteó “realizar una reforma integral que resuelva el colapso que sufre el sistema pericial actual y generar incentivos para aumentar el número de profesionales”.

El gobierno bonaerense sostiene que muchas leyes son anteriores a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación y eso genera vacíos normativos como por ejemplo sucede con las abogadas y abogados de niños, niñas y adolescentes. En la administración de Kicillof sostienen que en estas condiciones, no es posible garantizar el acceso igualitario a una asistencia legal para las infancias.

En 40 días los proyectos de ley estarán subidos a una plataforma virtual. Luego serán sometidos a debate por colegios de abogados, magistrados, universidades, organizaciones sociales y civiles y personas particulares que podrán hacer aportes. El plan es que este año se logre sancionar un nuevo Código Procesal de las Familias, Civil y Comercial.

Mientras tanto Kicillof mantiene en suspenso algunas otras cuestiones del funcionamiento judicial como son las dos vacantes en la Suprema Corte bonaerense o la vacancia en distintos juzgados bonaerenses.

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