Rechazaron un nuevo pedido de excarcelación y prisión domiciliaria de Ricardo Jaime

Ricardo Jaime está preso desde abril de 2016. Desde entonces pasó algunos meses detenido porque su condena por la Tragedia de Once había quedado confirmada por la Cámara de Casación Penal. Pero el año pasado la Corte Suprema de Justicia ordenó revisar nuevamente la condena contra Jaime y, a diferencia de lo sucedido con otros imputados por la Tragedia de Once, los ocho años de prisión a los que fue condenado Jaime no están firmes. La Casación debe analizar de nuevo el caso del ex secretario de Transporte del kirchnerismo.

A partir de aquella decisión de la Corte, Jaime fue excarcelado por el Tribunal Oral Federal 2 que lo mantenía detenido por su responsabilidad la Tragedia de Once. Y desde entonces pidió varias veces ser liberado en las otras causas en la que está detenido sin condena firme. En 2020 había solicitado también la prisión domiciliaria por la pandemia de coronavirus, para lo cual contó con el apoyo del gobierno nacional. Todos los pedidos fueron rechazados.

Jaime tiene prisión preventiva dictada por el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) que lo juzga por cuatro delitos, uno de ellos el de enriquecimiento ilícito. El último tramo de ese juicio comenzó hace dos semanas y se refiere a la millonaria compra de trenes chatarra en España y Portugal. En ese caso también está acusado el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Los integrantes del Tribunal Oral Federal 6 rechazaron el nuevo pedido de prisión domiciliaria y excarcelación presentado en los últimos días por los defensores de Jaime y le prorrogaron la prisión preventiva por seis meses, mientras se desarrolla el juicio. Los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero consideraron que hay “riesgos procesales” vigentes por los cuales Jaime debe seguir detenido y que la “expectativa de pena” que tiene el ex funcionario por sus diversos casos de corrupción no es de complimiento condicional.

Jaime tiene dos condenas firmes: una por robar pruebas en un allanamiento y la otra por haber recibido coimas de empresarios a los que debía controlar mientras era secretario de Transporte del kirchnerismo. Y la de ocho años de prisión dictada por la Tragedia de Once que aún debe ser revisada.

Los jueces del TOF 6 -para resaltar la gravedad del hecho por el que se lo acusa- reseñaron en su decisión parte de la acusación que hizo el fiscal Federico Delgado cuando el caso por la compra de trenes chatarra fue elevado a juicio: “(…) Pensaron una estafa y la ejecutaron. Armaron un escenario que permitió generar pagos ilegales desde el Estado Nacional. En este caso, a través de la adquisición de material rodante en mal estado. Primero se aprovecharon de la necesidad de recomponer los trenes. Luego de la necesidad de crear trabajo mediante la reactivación de los talleres ferroviarios. Con esa excusa compraron materiales en desuso y mal estado. Más tarde buscaron un mercado en el exterior y firmaron los convenios que luego viabilizaron decretos que terminaron con la liberación del dinero. Entre medio de ello, metieron a los “consultores” para justificar el desvío del dinero. Finalmente, para que todo parezca legal hicieron opinar favorablemente a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (…)”.

La fiscal del juicio, Gabriela Baigún, había dictaminado, ante anteriores pedidos de Jaime, que debía otorgársele la prisión domiciliaria y que no debía prorrogarse la prisión preventiva del ex funcionario público. Baigún, en esta ocasión reiteró su posición pero se atuvo a lo dictaminado por el fiscal ante la Casación, Raúl Plée quien en su dictamen se opuso tanto a la liberación de Jaime. La fiscal Baigún también se ciñó a las diferentes resoluciones de la Casación respecto de la libertad de Jaime.

Para mantener a Jaime detenido los jueces del Tribunal señalaron también que el hecho de que haya sido secretario de Transporte “permite tener por acertada la presunción de que existan aún relaciones dentro de la estructura burocrática del Estado Nacional, y específicamente en aquél sector, que puedan facilitarle vías de salida del país y así eludir la acción de la justicia”.

También hicieron referencia a la condena que tiene Jaime por robar pruebas de un allanamiento, hecho que fue una interferencia en el proceso judicial: “Recordamos también, como prueba indiciaria de los peligros de entorpecimiento que recaen sobre Jaime, que una de las condenas firmes que registra versa sobre un intento de sustracción de elementos de prueba, elementos objetivos que a la luz de la doctrina sentada en el fallo plenario N° 13 de la Cámara Federal de Casación Penal “Díaz Bessone”, constituyen claros indicadores de cuál sería la actitud procesal que el nombrado podría evidenciar en caso de obtener la libertad. A todo ello se suman los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de delitos de corrupción, los cuales evidencian la necesidad de mantener al nombrado privado de su libertad a efectos de hacer efectivo el compromiso de combatir tales delitos en todas sus formas”.

Jaime seguirá detenido, al menos por seis meses más.

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