El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, intervino en el conflicto de Sanidad: declaró la conciliación obligatoria desde las 16:30 de este viernes, que obliga a las partes a negociar durante 15 días, y citó a empresarios y sindicalistas a una primera audiencia para el martes próximo, a las 11.
De esta forma, la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) deberá levantar los paros de tres horas por turno que afectaban a las clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios y geriátricos, como parte de un plan de lucha en reclamo de un aumento salarial para 2021.
Moroni estuvo hablando en las últimas horas con los directivos de las cámaras empresariales y los sindicalistas y por eso dispuso la conciliación obligatoria como un marco de negociación.
Los trabajadores de Sanidad comenzaron un plan de lucha desde este jueves que incluyó asambleas en los establecimientos y este viernes hubo paros de tres horas por turno que afectaron a las clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios y geriátricos, con atención sólo de las urgencias.
El titular de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) Buenos Aires, Héctor Daer, advirtió que si para el fin de semana no obtenían una respuesta favorable, el martes próximo iban a concretar una huelga de 24 horas. “Hay que encontrar salidas, no queremos ir a una medida de fuerza, pero ¿hasta cuándo vamos a esperar? –sostuvo el sindicalista–. Esto se da en un año donde las consecuencias sanitarias son complejas, con el personal cansado, abatido y encima que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes”.
Para las cámaras del sector, es imposible otorgar cualquier aumento salarial por “el desmedido aumento de costos sufridos durante el 2020, potenciados con el advenimiento de la pandemia, sumado al retraso en los valores de las prestaciones por parte de todo el sector financiador”.
Ambas partes mantuvieron un encuentro el lunes pasado en el Ministerio de Trabajo, pero no pudieron llegar a ningún acuerdo: los gremialistas reclamaron un aumento del 16% en una sola cuota a partir de abril, mientras que los empresarios plantearon nuevamente “la preocupante situación del sector prestador, seriamente afectado por la falta de recursos necesarios para afrontar futuros aumentos salariales correspondientes a la cláusula gatillo 2020 y a los incrementos de 2021″.
Moroni y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, prometieron elevar los reclamos a Alberto Fernández, pero no se sabe si esa gestión se concretó o tendrá lugar en los próximos días.
“Esto tiene un origen, que fue en julio del año pasado –afirmó Daer–. Nosotros renovamos paritarias en julio del año pasado y nos llevó una discusión hasta agosto, en pleno pico de la pandemia. No tuvimos la posibilidad de cerrar un acuerdo. Fuimos con una suma fija que arrancó en 4.000 mil pesos y terminó en diciembre con 7.000. Estuvimos conversando sobre este tema y hablando con los responsables del sistema de salud, y llegamos a este punto sin encontrar una respuesta”.
En la reunión realizada en el Ministerio de Trabajo, el sector empleador, agrupado en la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), le planteó a Moroni la necesidad de mantener un encuentro con Alberto Fernández para intentar destrabar la situación y sumar incluso a representantes de cada uno de los financiadores (como el PAMI, las obras sociales sindicales y provinciales y las empresas de medicina prepaga) a la mesa de discusión paritaria con el fin de “visibilizar la situación de los prestadores y concretar las actualizaciones correspondientes de las prestaciones que, en muchos casos, están prácticamente congeladas desde el 2019″.
El presidente de la FAPS, José Sánchez, le agradeció al ministro de Trabajo por “tratar de buscar un acercamiento con los representantes de los trabajadores”, pero reiteró que “el problema no es la falta de voluntad de otorgar un aumento salarial sino que no tenemos fondos para enfrentar más costos: si el sector financiador no actualiza los valores que paga por las prestaciones que brindamos, las instituciones prestadoras no podrán actualizar los salarios del personal”.
En la misma sintonía que la FAPS, fuentes de la Confederación Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), que preside Claudio Belocopitt, advirtieron que “hace 14 meses que las prepagas tuvieron un aumento del 13,5% mientras la inflación de ese período superó el 36%” y aseguraron que hubo aumentos en medicamentos e insumos que superaron incluso esa cifra y que incluso en algunos casos se incrementaron entre un 500% y un 1.500%.
Las cámaras que agrupan a las prestadoras de salud vienen alertando al Presidente y a otros funcionarios del gabinete nacional, como el jefe de Gabinete, de que el sector “no cuenta con los recursos para disponer nuevos aumentos salariales por el desmedido aumento de costos sufridos durante el 2020, potenciados con el advenimiento de la pandemia, y del retraso en los valores de las prestaciones por parte de todo el sector financiador”.
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