Censuras, ataques a periodistas y restricciones: un informe enumeró 51 casos que explican el deterioro de la libertad de expresión en Formosa

La provincia de Formosa atraviesa desde hace varios años una profunda y alarmante crisis institucional, potenciada por las medidas que adoptó la gobernación que conduce Gildo Insfrán en el marco de la pandemia.

Su gestión recibió denuncias de restricciones a la circulación y las imágenes de los ciudadanos varados por meses, a la vera de la ruta de ingreso a la provincia, circularon por las redes sociales y fueron replicadas por los medios nacionales a lo largo de 2020. A ellas se sumaron las constantes limitaciones y el deterioro del ejercicio a la libertad de la expresión que sufrieron los formoseños; también los trabajadores de prensa locales y de otras provincias, quienes vieron imposibilitada su oportunidad de llegar a Formosa para cubrir y narrar lo que estaba aconteciendo.

Por estos días, la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) elaboró un informe que relata -cronológicamente y desde 2012- los derechos vulnerados, los ataques a periodistas, las censuras a diversos medios de comunicación y las restricciones impuestas durante este último tiempo.

“El día 9 de febrero de 2021 y ante la persistencia de la prohibición de ingreso a los medios de prensa, la Fundación LED presentó una medida cautelar para garantizar el ingreso de periodistas sin restricciones a la provincia de Formosa. Esta petición está siendo analizada por la Corte Suprema de Justicia, junto con los antecedentes que acompañaron los reclamos que sucedieron con posterioridad”, explicaron desde la fundación.

La metodología utilizada para recabar información incluyó denuncias recibidas, hechos de conocimiento público, información de prensa y aquella que surge de otras fuentes como organismos de defensa de la libertad de expresión, ONG’s y organismos internacionales.

LED incorporó en este informe todos sus relevamientos contemplados en los informes que publica de manera anual (35 casos comprendidos entre los años 2012-2019 y 16 casos ocurridos durante el primer trimestre del año 2021), en donde decidió clasificar estos sucesos mediante siete categorías:

Categoría 1 - Ataques, agresiones físicas, amenazas, intimidaciones institucionales a periodistas o medios de comunicación.

Categoría 2 - Periodistas encarcelados o privados de su libertad u hostigados judicialmente.

Categoría 3 - Ataques y/o agresiones físicas a periodistas.

Categoría 4 - Amenazas o intimidaciones a periodistas.

Categoría 5 - Restricciones al acceso a la información pública o hechos de censura.

Categoría 6 - Ataques a instalaciones, antenas o plantas transmisoras de medios de comunicación.

Categoría 7 - Denuncias y/o manifestaciones y/o declaraciones de organismos nacionales e internacionales sobre la situación de la libertad de expresión en la República Argentina.

En el informe sobresale lo ocurrido el 16 de febrero de 2021, cuando “una mujer que ejercía su derecho a manifestarse en la provincia de Formosa fue detenida por la policía provincial. El hecho se produjo en la localidad de Clorinda, cuando Myriam Filippini, vestida con un disfraz de presidiara se manifestó frente al vehículo de un funcionario provincial oponiéndose a las limitaciones a la circulación impuestas como consecuencia de la pandemia de COVID 19. Las autoridades la esposaron y subieron violentamente a un vehículo policial para ser encarcelada”.

También lo acontecido el 21 de enero de este año, cuando Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, concejalas provinciales, “permanecieron dos horas ‘esposadas e incomunicadas’ en la Comisaría Primera de Formosa por participar de una protesta frente a un centro de aislamiento COVID-19″.

“Con el inicio del año 2021 varios hechos que tomaron estado público tuvieron como eje la política restrictiva de la gobernación de la provincia de Formosa en cuanto a la vulneración de las libertades ciudadanas. Las normas provinciales que complementaron el Decreto Nacional 260 del 20 de marzo de 2020 que dispuso el Aislamiento Preventivo Social Obligatorio a nivel nacional, fijaron estrictos protocolos locales de restricción de circulación y prohibición de ingreso al territorio formoseño”, indicaron desde LED.

Y agregaron: “Durante todo el primer trimestre del año se recibieron denuncias de maltrato policial y de condiciones inadmisibles para los pobladores de ciudades sitiadas como el caso de Clorinda, que estuvo 190 días bloqueada. Los centros de confinamiento no podían ser visitados por los medios, las imágenes viralizadas por algunos confinados mostraban las pésimas condiciones sanitarias y la retención de los internos con candados y puertas bloqueadas”.

“Si bien los hechos descriptos son los que llegan a conocimiento de la Fundación LED y pueden no incluir la totalidad de los casos anteriores a los períodos observados, está claro que el recrudecimiento del clima de hostilidad hacia la prensa llegó a niveles altísimos y que requiere de la atención de todos los organismos de defensa de derechos humanos, de intervención judicial y de la máxima responsabilidad política a fin de garantizar las condiciones necesarias para la subsistencia de la convivencia democrática y el respeto las garantías constitucionales en la provincia de Formosa, como parte integrante del sistema republicano, democrático y federal vigente en nuestro país”, concluyó el informe.

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