
En apenas veinte días, Alberto Fernández expuso que no tiene una fórmula política para enfrentar crisis ministeriales, una materia mayor para una gestión marcada por compromisos internos y tenso juego de poder. Es grave y lo exponen los dos últimos casos. La salida forzada de Ginés González García fue acompañada por el rápido ascenso de Carla Vizzotti, con la intención de mostrar continuidad en un tema sensible, sin alterar demasiado el tablero doméstico, frente al escándalo de las vacunaciones de privilegio. Ni una cosa ni la otra asoman en el increíble proceso para definir la sucesión de Marcela Losardo. No hubo rapidez ni habrá continuidad formal. Y más allá del nombre, el mensaje está claro: duras batallas en el frente judicial.
En las cercanías de Olivos, nadie hasta anoche daba por bueno ningún nombre para la sucesión, en medio de especulaciones que superaban los más repetidos en estas horas, es decir, el rionegrino de creciente perfil duro Martín Soria y el bonaerense massista Ramiro Gutiérrez. La extendida e incómoda permanencia de Losardo, ya blanqueada su salida y con acordado destino diplomático en París, parecía apuntada además a evitar que el foco estuviera puesto en su segundo y rival, Juan Martín Mena, de alineamiento directo con Cristina Fernández de Kirchner. Horas de tensiones y algún veto a las alternativas iniciales.
Todo lo hecho hasta ahora en el Gobierno es difícil de encajar en un elemental “manual de crisis”. El Presidente dejó abierto un panorama desgastante al demorar la confirmación de la renuncia de la funcionaria, amiga y socia profesional, y al hacerlo sin tener resuelto el reemplazo. Es un interrogante además si no desmereció a la saliente funcionaria al presentarla como “agobiada”. En rigor, describirla como ajena a la experiencia de las asperezas del poder no se ajusta a su trayectoria. Losardo fue secretaria de Justicia en parte de la gestión de Néstor Kirchner y en los inicios de CFK, y en esos tiempos se movió en el Consejo de la Magistratura. Es parte pero no el único tramo de su historia.
Más realista suenan otras explicaciones. En todo caso, el “agobio” resulta asociado a las tensiones de un área de especial y doble disputa -en la interna y con el Poder Judicial, empezando por la escalada contra la Corte Suprema- y no al simple cansancio con el mundo político y de la burocracia que ya conocía.

Un repaso de las iniciativas puestas sobre la mesa, con el creciente discurso del lawfare y foco en frenar las causas por corrupción, ilustra la situación. El texto del Ejecutivo sobre la reforma judicial con eje en el fuero federal fue reescrito casi totalmente en el Senado, con instrucciones de CFK y un impresionante intercambio de apoyos por cargos con gobernadores del PJ. La modificación de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal -que altera las reglas de juego para consagrar al jefe de los fiscales- fue obra de los senadores kirchneristas. Los dos proyectos están estancados en Diputados.
Más lejos aún del despacho que abandona la ministra fueron madurados otras dos movidas. La creación de un tribunal intermedio que reste atribuciones a la Corte -capaz de generar mayor conflicto institucional y con destino de inconstitucionalidad- fue elaborado en el ámbito de la Comisión Beraldi. Y la motorización de una comisión bicameral para operar sobre la Justicia provocó quizá la última intervención de Losardo, que expuso los límites de tal idea.
Con ese fondo a la vista, la explicación presidencial al hacer pública la salida de Losardo fue elocuente al menos en un punto. Dijo: “El tiempo que viene necesita otra actitud”. Traducido: después del discurso del propio Presidente ante la Asamblea Legislativa y del alegato de la ex presidente ante la Cámara de Casación, hace falta una actitud de pelea abierta en el frente judicial. Fin de la gestión de una funcionaria que en el propio circulo oficialista mereció antes y como atributo la calificación de “moderada”.
Si de manera práctica ese es el objetivo, el cambio define también y más allá de los nombres la tensión planteada desde el inicio entre la número uno y el número dos del ministerio. También había tensión en el área de Salud, por diferentes razones, pero allí resultó conveniente dar la idea de continuidad y, de paso, desalentar la posibilidad de un aterrizaje que fuera interpretado como un avance más del kirchnerismo duro.
No sólo eso. Vizzotti fue resistida por CFK en el inicio de esta gestión por su pasado en un tramo del macrismo. Pero la entonces secretaria y ahora ministra fue mejorando su relación con el círculo del kirchnerismo duro. Al estallar el caso del vacunatorio VIP y con sus estribaciones como desafío, no hubo señales kirchneristas de interés por el cargo y, a la vez, el Gobierno apostó a la continuidad para tratar de circunscribir todo a un “error” de Ginés González García. Y contener la expansión del costo público.
En el caso del cargo que deja Losardo, el mensaje es otro. Todo indica que lo que viene será una nueva escalada contra el Poder Judicial. Sin perspectivas por ahora en el Congreso, la presión vuelve sobre el Ejecutivo. Será ese el renglón principal de la nueva gestión en el Ministerio de Justicia.
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