
Una de las integrantes del jurado del concurso que propuso estudiar el “lawfare” para el examen en donde se busca elegir a los encargados de ocupar los cargos que dejaron vacantes los jueces Claudio Bonadio y Rodolfo Canicoba Corral decidió renunciar a ser parte del consejo evaluador de ese certamen.
Se trata de Alejandra Lázzaro, la secretaria electoral ante la Cámara Electoral que era una de las cuatro integrantes del jurado evaluador. La funcionaria aludió en su renuncia en “motivos personales”, sin dar más detalles, según pudo saber Infobae. Su reemplazante será Adrián Roberto Ventura, como docente de derecho constitucional.
Los otros integrantes del jurado son Roberto Atilio Falcone, juez de tribunal oral federal de Mar del Plata; Omar Florencio Minatta, integrante de la Cámara Penal de Chubut, convocado a opinar en el Senado sobre la reforma judicial-, y Adriana Molina –académica de la Universidad Nacional del Litoral.
El examen se realizará el próximo 16 de marzo y tiene 249 inscriptos. Según el listado de postulantes al que accedió Infobae, allí aparecen algunos nombres de jueces -pocos-, en donde se destacan el del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena -que dio inició a la causa de espionaje en donde Cristina Kirchner se constituyó en querellante- o la jueza en lo criminal porteña Alejandra Provítola.
También está el fiscal Leonel Gómez Barbella y un gran número de secretarios de juzgado, como Diego Arce (que había quedado bien posicionado en el concurso por la vacante del juzgado federal 12, que perteneció a Sergio Torres) o Ivana Quinteros, que también concursó para ganar los lugares que se pusieron en juego por los sillones de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal.
Vale aclarar que llegado el momento gran parte de los postulantes no se presenta al examen. Algunos de los anotados, incluso, confiaron que dudaban en presentarse. “Si así va a ser el temario, no quiero pensar cómo podrá ser la corrección”, dijo a Infobae uno de los aspirantes a concursar.
Es que el concurso ya fue noticia antes de arrancar. Es que el temario del concurso incluyó la teoría del lawfare, la criminalización de la protesta o la “criminología en los tiempos del totalitarismo financiero”.
El dato del lawfare no pasó desapercibido teniendo en que cuenta el despliegue que hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner el jueves pasado ante la Cámara Federal de Casación, en el marco del planteo de su defensa en la causa dólar futuro. Allí insistió en su hipótesis de la persecución penal a los lideres populares de los poderes hegemónicos, con la complicidad de los medios de comunicación y el Poder Judicial.
Los integrantes del Consejo de la Magistratura se despegaron del temario del concurso, elaborado por el jurado, y señalaron que no habían tenido ninguna injerencia en ese armado. Según pudo saber este medio, el temario fue armado “a las corridas” por la celeridad que el organismo de selección y sanción de magistrados le quiso dar a los concursos en cargos de Comodoro Py.
En este caso lo que está en juego son los juzgado federal 11, vacante desde febrero de 2020 cuando falleció Claudio Bonadio; y el juzgado federal 6, que se quedó sin juez cuando a fines de julio se jubiló Rodolfo Canicoba Corral, al cumplir 75 años. En Comodoro Py también está vacante el cargo de Sergio Torres, pero ese examen ya se hizo y secretarios y fiscales fueron los que quedaron mejor posicionados en octubre pasado. Aún no hubo novedades en torno a ese concurso.
En ese contexto aparece la renuncia de Alejandra Lázzaro a ser parte del jurado. La explicación formal fueron “motivos personales” que le impedían participar del proceso en estos momentos. Lázzaro es secretaria de la Cámara Electoral y la postulante que pedía el radicalismo para que se convirtiera en jueza de ese tribunal porque había quedado primera en el concurso, pero finalmente el presidente Alberto Fernández eligió al tucumano Rubén Bejas.
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