La Federación Latinoamericana de Fiscales emitió en un comunicado su preocupación “ante la reiterada pretensión de algunos poderes políticos de la región de menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, conformando proyectos legislativos que desconocen que la independencia judicial”.
La entidad presidida por la fiscal argentina, Susana Pernas, que es vicepresidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), resaltó que “recientemente en la República Argentina se han observado proyectos legislativos que crean una incertidumbre sobre la estabilidad de los funcionarios judiciales, ya que intentan conformar organismos de juzgamiento con un tilde mayoritariamente político, desobedeciendo el mandato constitucional de no injerencia en la función jurisdiccional, llegando al extremo de plantear la posible conformación de comisiones parlamentarias especiales con facultades disciplinarias sobre los jueces y fiscales”, describió la Federación que está integrada por asociaciones de fiscales de 11 países de Latinoamérica.
La referencia es a las iniciativas que el presidente Alberto Fernández pidió el lunes en el Congreso y las que adelantó que enviará para su tratamiento. Una de ellas es la creación de una comisión sobre el funcionamiento del Poder Judicial. “El Poder Judicial de la Nación está en crisis”, dijo el jefe de Estado y agregó que “parece vivir en las márgenes del sistema republicano”.
“Entre otras reformas legislativas, se pretende menguar el respaldo institucional del Procurador General de la Nación, al reformar la ley que requería el voto de los tercios de los miembros del Senado para su designación, estableciendo como suficiente una mayoría simple de votos”, citó la entidad como el ejemplo más relevante sobre la situación del procurador general interior Eduardo Casal.
“Todo eso sucede en un contexto de descalificación constante por parte de autoridades oficiales de los actores judiciales, sin que se plasmen esos reclamos en los ámbitos institucionales pertinentes y previstos legalmente para el juzgamiento de los jueces y fiscales, generando una mayor desconfianza pública en la administración de justicia”, agregó y concluyó que “esta Federación ha resuelto brindar apoyo a las asociaciones de fiscales de Argentina en sus planteos contra la reforma judicial, e invitándolas a ocurrir ante organismos internacionales de protección de derechos humanos para el caso de que se efectivicen los avasallamientos a la independencia judicial”.
El pronunciamiento internacional se suma a otras locales que se dieron en los últimos días tras el discurso de Fernández. La Asociación Argentina de Fiscales señaló a través de un comunicado lo que entendió como una “planificación dirigida a eliminar -en la práctica- la forma republicana de gobierno mediante el control político partidario del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, violando la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos”.
Y por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) rechazó la iniciativa para que una comisión del Congreso analice el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación. “El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ‘control cruzado’, ajeno al orden constitucional jurado”, sostuvo la entidad y agregó que Fernández omitió “considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional”.
“Empero, coincidimos plenamente con el Sr. Presidente de la República cuando dice: ´Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca´. Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de Verdad, sin agravios y sin presiones”, compartió la entidad.
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