Pidieron el envío a juicio oral de una ex funcionaria macrista y actual diputada por corrupción

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió el envío a juicio oral y público de Aída Ayala, ex secretaria de Asuntos Municipales del gobierno de Mauricio Macri y actual diputada de la Nación, por presunta por corrupción por haber firmado un convenio con un municipio de la provincia de Chaco para la compra de herramientas y maquinas en el que se pagaron sobreprecios.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el fiscal, junto con Ayala, pidió el envío a juicio de otros tres acusados, todos procesados por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública. La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, deberá resolver si comparte el planteo y pasa la causa a un tribunal oral.

Ayala es diputada nacional por Chaco de Juntos por el Cambio desde 2017. Referente de la UCR en su provincia, Ayala fue tres veces intendenta de Resistencia y en 2015 compitió por la gobernación con el peronista Domingo Peppo, quién ganó las elecciones. Con Macri en la presidencia, Ayala fue designada como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior. La ex funcionaria tuvo una orden de detención por otra causa penal por lavado de dinero que nunca se concretó por sus fueros como legisladora nacional.

La Fiscalía pidió la elevación a juicio de la ex funcionaria porque como secretaria de Asuntos Municipales firmó en 2016 un convenio con el intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, para la compra de maquinas y herramientas con un subsidio de 960.093 pesos. En el convenio intervinieron Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, ex funcionarios de Ayala en Resistencia, para direccionar la compra a la empresa “Service Hogar”, de Claudio Tolosa, con sobreprecios, lo que fue avalado por Ayala con la firma de la rendición final, según la acusación de la Fiscalía a la que accedió Infobae.

“Aida Ayala era quien subía o bajaba el pulgar”, declaró Casalboni en la causa. La acusación sostiene que los imputados ya habían firmado otros convenios a favor de “Service Hogar”, una empresa que no tiene local comercial y se dedica a la reparación de productos electrónicos de uso doméstico e instalación y ventas de aires acondicionados.

“En cuanto al sobreprecio ha quedado demostrado en primer lugar por el informe elaborado por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Quitilipi quienes efectuaron las averiguaciones correspondientes arribando a la conclusión de los exorbitante precios pagados a Tolosa, por otra parte se ha requerido a las casas comerciales de la ciudad que informen precios de las maquinarias y elementos comprados, surgiendo también de dichos informes un notable sobreprecio entre lo abonado a Service Hogar y el valor real de los mismos”, explicó el fiscal Sabadini

Así, para el fiscal, Ayala como funcionaria nacional era “garante de los intereses del Estado Nacional” y “omitió deliberadamente todo tipo de control de precios de las herramientas y maquinarias adquiridas y continuando el trámite normal, aprobando posteriormente la rendición de cuentas, generando el error en el estado que desembolsillo casi un millón de pesos, siendo que ha podido comprobarse que la adquisición de tales elementos se podría haber realizado por mucho menos que lo que se abonó finalmente”.

El fiscal pidió que la diputada nacional, Balmaceda Paiva, Vilte y Tolosa sean enviados a juicio oral por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, que tiene una pena de dos a seis años de prisión. Ahora la jueza Niremperger deberá pedirle opinión a las defensas de los acusados que podrán rechazar el planteo y solicitar su sobreseimiento. Luego la magistrada resolverá si el caso pasa a juicio oral.

Ayala tiene otra causa penal en la que está procesada por lavado de dinero y otros delitos por un negociado para beneficiar a la empresa “PIMP SA” con la recolección de residuos en Resistencia en 2014 cuando era intendenta de la ciudad. La jueza Niremperger había pedido en mayo de 2018 su desafuero, que nunca fue tratado por Diputados, para poder detenerla. En marzo de 2019 quedó sin efecto cuando la Cámara Federal de Casación Penal revocó el pedido de detención. Este expediente también se encamina hacia el juicio oral.

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