El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó este miércoles una investigación judicial para determinar si se cometieron irregularidades en el reparto de las vacunas contra el coronavirus que hizo el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fiscal imputó inicialmente al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta y al ministro de Salud porteño Fernán Quirós y además lo solicitó al juez Ariel Lijo varias medidas de prueba para avanzar con la investigación.
En un solo expediente se acumularon dos denuncias presentadas en los últimos días en el edificio de Comodoro Py por el mismo hecho. El fiscal, al impulsar la investigación, glosó las dos denuncias a partir de las cuales se inició el expediente.
La abogada Natalia Salvo había denunciado “la presunta comisión de delitos de acción pública (…) por las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por cuanto la cesión de vacunas en favor de aquéllos, sin verificar su destino, tuvo por finalidad garantizar la vacunación de personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina, aprobado por Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación y en franca colisión con lo establecido por la ley 27491”.
La denunciante había señalado que “…el Sr. Quirós, por indicación del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, habría firmado un convenio con instituciones privadas encargadas de ejecutar el plan de vacunación de la Ciudad Autónoma otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población”. Y afirmó que “Horacio Rodríguez Larreta, estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general”. Indicó al respecto que “esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.
El artículo 248 del Código Penal señala que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
La segunda denuncia fue realizada por Yamil Castro Bianchi, quien señaló que “el Gobierno de la Ciudad habría decidido distribuir la gran mayoría de las dosis en Comités partidarios, a amigos y familiares del poder. Incluso, dentro de los vacunatorios informados por el GCBA para acceder a la vacuna contra el coronavirus, se encontraría la Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur en la calle Picheuta 1517 de la Comuna 7”. El denunciante agregó que “sería un comité radical (Unión Cívica Radical) conducido por la Auditora General de la Ciudad, Lic. Raquel Herrero“.
El fiscal impulsó la investigación y pidió que se cite a testimonial a los denunciantes y que se obtenga documentación que considera imprescindible para la investigación judicial. Para ello el juez Lijo emitió “órdenes de presentación con allanamiento en subsidio” para el ministerio de Salud de la Ciudad y la Asociación Civil de la calle Picheuta. La orden de presentación es un pedido de documentación. Si no se entrega lo buscado, las fuerzas de seguridad, en este caso la Gendarmería, está autorizada a allanar.
El juez ordenó un procedimiento que realiza ahora la Gendarmería en el ministerio de Salud de la Ciudad para obtener la documentación sobre el modo en que se repartieron las vacunas que fueron recibidas por el gobierno porteño. Stornelli solicitó información sobre los listados de todos los lotes de vacunas que el ministerio de Salud de la Ciudad envió para que se apliquen. También pidió la nómina de todos los centros de vacunación a los que se enviaron los lotes de vacunas. Y un detalle preciso de cada una de las dosis suministradas en cada vacunatorio. Otro de los allanamientos se realizaba en la sede de la Asociación Civil denunciada como vacunatorio.
Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, Stornelli también pidió que Lijo solicitara al ministerio de Salud de la Nación documentación sobre la vacunas que desde el Estado Nacional le enviaron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder contrastar con la información que tiene el gobierno porteño.
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