“Tenemos la obligación de cuidar la mesa de todos y todas”. Bajo esta consigna, las organizaciones Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, entre otros, auditarán al menos mil supermercados e hipermercados para controlar con 20.000 voluntarias que se respeten los precios cuidados y valor de la carne.
“Ya llevamos adelante una campaña para para reforzar los cuidados y la prevención frente al covid, fortalecer la vacunación y la vuelta a clases. En ese marco ahora sumamos el control los precios. Es imprescindible que le pongamos un freno a la especulación de los grandes grupos”, anticipó Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, a través de las redes sociales.
El mismo grupo de movimientos sociales ya se había puesto a frente de una campaña para promocionar el plan de vacunación del Gobierno contra el coronavirus con Sputnik V. “No podemos tolerar más los sobreprecios ni la voracidad extorsiva y por eso nos convocamos para realizar controles de precios, y denunciar a los especuladores que aprovechan sus posiciones monopólicas para atacar el poder adquisitivo de la gente”, señalaron los voceros de las agrupaciones en la convocatoria formal.
Luego de la reunión que mantuvo durante el mediodía de hoy con los dirigentes gremiales, el Gobierno convocó para mañana a una treintena de CEO de las principales empresas del país, entre alimenticias, productoras de insumos industriales, textiles, automotrices, laboratorios, electrodomésticos y supermercados, entre otras.
“Las reuniones tienen por objetivo generar acuerdos que permitan hacer converger las variables de precios y salarios para lograr una recuperación del ingreso que impulse la reactivación de la economía”, destacó un comunicado que dio a conocer Jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero.
La inflación y la disparada de los precios de los alimentos mantiene en vilo al presidente Alberto Fernández, tanto que durante el último fin de semana lanzó una advertencia a los productores del campo para evitar una escalada con una posible suba de las retenciones o la aplicación de cupos para exportar.
En el encuentro de hoy con los delegados gremiales, tanto Cafiero como el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantaron que no habrá “techo para las paritarias”, y que “no hay un contrato jurídico donde vamos a poner números, sino que lo que vamos a establecer es una metodología para monitorear la evolución de precios y salarios, y sentarnos cada vez que sea necesario para que se pueda cumplir con los planes”.
Para mañana fueron invitados los que el Gobierno considera los formadores de precios: el CEO de Grupo Techint, Paolo Rocca (no asistirá por encontrarse de viaje); el de Arcor, Luis Pagani; y el de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, entre otros de los principales empresarios del país. También están citados los CEO de Nestlé, Danone, Quilmes, Coca Cola, entre otras firmas del mundo alimenticio, el sector que más inquieta al Gobierno.
La semana que viene tendrá lugar una mesa tripartita entre funcionarios nacionales, empresarios y sindicalistas para analizar la evolución de los precios y los acuerdos políticos.
Mientras tanto, en paralelo a las negociaciones, los movimientos sociales comenzarán la campaña de auditorías en las góndolas. “Los precios abusivos se han multiplicado, en especial en productos esenciales de la canasta básica de alimentos, sin que exista ninguna justificación real para este golpe al poder adquisitivo de la gente. Se demuestra una vez más los niveles de insensibilidad que estos grupos tienen frente a las necesidades populares en medio de una emergencia sanitaria sin precedentes”, indicaron.
“La realidad es evidente: mientras que el gobierno nacional invirtió miles de millones de pesos en paliar los efectos de la pandemia, en la otra vereda tenemos a los grandes grupos económicos jugando a la especulación y la manipulación de precios”, agregó Menéndez.
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