Tras la recusación del juez Roberto Gallardo, el Gobierno porteño volvió a presentarse hoy ante la Justicia y pidió que se suspenda la audiencia prevista para el 10 de febrero, donde los ministros de Salud, Fernán Quirós, y de Educación, Soledad Acuña, iban a dar explicaciones sobre los protocolos sanitarios que se implementarán para el reinicio del ciclo lectivo. La decisión quedó en manos de la jueza Paola Cabezas Cescato, que reemplaza a Gallardo mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo resuelve la recusación.
La Ciudad sostuvo que los ministros citados “tienen su agenda completa, por lo que su citación y la designación de la audiencia obedecen al capricho del juez”. Al mismo tiempo, puso a disposición de la Justicia la información sobre “las acciones implementadas para desarrollar los testeos al personal docente y no docente”.
En el caso de que la jueza confirme la audiencia, los abogados de la Ciudad reclamaron que puedan ir otros funcionarios designados por Quirós y Acuña.
Gallardo había citado a los ministros a raíz de una acción de amparo promovida por Claudio Luis Elías, un supuesto representante gremial de los docentes, y les ordenó que asistieran “en forma personal e indelegable”. También requirió que se le informe si la administración de Horacio Rodríguez Larreta tiene previsto realizar testeos de “manera periódica” durante el ciclo lectivo 2021, “así como la adopción de otras medidas tendientes a prevenir la propagación del virus covid-19 en el ámbito escolar”.
El Gobierno porteño recusó al juez en duros términos y logró que se aparte mientras resuelve la Cámara. Ese trámite puede durar varias semanas. El Código Procesal establece que el tribunal “recibe el incidente a prueba por cinco días” y que “vencido el plazo de prueba y agregadas las [pruebas] producidas, se resuelve el incidente dentro de cinco días”.
En la recusación, los abogados de la Ciudad afirmaron que Gallardo “confunde su rol de director del proceso con el de parte, resolviendo por fuera de lo requerido, y en clara contraposición con las reglas procesales a las que debiera atenerse, vulnerando las garantías constitucionales del Gobierno de la Ciudad”.
Esta mañana, la Ciudad pidió que se suspenda la audiencia prevista para el 10 de febrero y denunció que la persona que presentó el amparo, Claudio Luis Elías, no es un representante gremial. “No trabaja en el ámbito educativo y no representa a ningún trabajador de la Ciudad y menos aún a los trabajadores docentes”, dice el escrito al que tuvo acceso Infobae.
Sin embargo, en el amparo aparece como “afiliado al sindicato SUTECBA”.
Los abogados de la Ciudad mencionaron un curioso antecedente de Elías: el 7 de octubre de 2020, inició un amparo para que se modifiquen los colores del uniforme de los agentes de prevención, evitando que tenga el color celeste identificatorio de la Policía de La Ciudad.
Gallardo, con un historial plagado de resoluciones adversas contra la administración de Horacio Rodríguez Larreta y de Mauricio Macri, también había dispuesto citar a cuatro de los gremios docentes: la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE Capital), la Asociación Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato de Educadores de Buenos Aires (SEDEBA). Llamativamente, eligió solo a esos cuatro de los 17 gremios docentes que hay en la Ciudad.
La Ciudad sostuvo ahora que fue una decisión arbitraria del magistrado, que no había sido pedida por el denunciante. “El Juez Gallardo citó arbitrariamente a representantes gremiales sin que exista petición de las partes y, como si ello fuera poco, convocó en plena pandemia y a días del comienzo de las clases a una audiencia a los Sres. Ministros de Salud y de Educación con carácter personal e indelegable”, dice el escrito.
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