
Después de meses de reclamos de la militancia territorial, el presidente Alberto Fernández premiará el trabajo comunitario realizado por los miembros de los movimientos sociales que se pusieron al hombro los comedores, merenderos y tareas de cuidado en los barrios populares durante la pandemia. El reconocimiento será económico y simbólico: una suma de $5.000 para 50 mil trabajadores comunitarios que presentará el propio jefe de Estado en el municipio bonaerense de Moreno.
El refuerzo es parte del paquete de medidas de política social de $63.000 millones para el “operativo diciembre”, que busca garantizar la paz social y mejorar los ingresos de la población más desfavorecida por la crisis económica y sanitaria ocasionada por el coronavirus. Pero sobre todo se trata de una señal política dirigida a los movimientos sociales, quienes estuvieron -como suelen decir sus dirigentes- en la primera “línea de fuego” de la pandemia con las urgencias y las “tareas esenciales” de los barrios populares.
El pago es una suma extra de $5000 para los beneficiarios del “Potenciar Trabajo” que llevaron adelante tareas comunitarias y de cuidado en comedores, merenderos y centros comunitarios. Lo cobrarán en su mayoría mujeres, ya que son quienes se encargaron de cocinar y asistir a las familias en los momentos más críticos de la crisis. El plus se integrará al Salario Social Complementario y se extenderá por el plazo de un año, confirmó el subsecretario de Políticas de Formación e Integración del ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez.
El adicional se trata de un reclamo que desde hace meses impulsan los movimientos sociales al Gobierno, y que se disparó con la muerte de Ramona Medina, la dirigente social de “La Garganta Poderosa” que falleció de coronavirus en mayo pasado tras contagiarse de coronavirus en la Villa 31. Medina era joven: tenía 42 años, dos hijos, era gestora de trámites para personas de discapacidad y coordinaba el área de salud de la Casa de las Mujeres del vecindario. La referente había salido públicamente a cuestionar la falta de agua en su barrio, lo que impedía mantener los cuidados de higiene básicos.
“La idea es reconocer el trabajo que hacen las trabajadoras comunitarias y que tuvo una importancia enorme durante la pandemia, donde pudieron alimentar a millones de personas en un tiempo de tensión. Muchas de estas compañeras incluso han perdido la vida y han tenido una actitud muy heroica de priorizar la solidaridad y el amor por el barrio, sosteniendo los espacios de cuidado abiertos y venciendo el miedo que había al inicio de la cuarentena”, comentó Menéndez a Infobae.
La iniciativa se agrega como un complemento a la entrega del operativo de fin de año que impulsa Nación, que incluirá la entrega de cajas navideñas a 7 millones de personas en diferentes comedores del país, junto a al duplicación del monto de la Tarjeta Alimentar, un bono adicional de $9.450 destinados a los trabajadores del programa Potenciar Trabajo y el aumento de $6.000 por hijo para los beneficiarios de la Asignación Universal y fondos para merenderos y comedores, entre otras acciones.

El antecedente: la ley Ramona
El fallecimiento de Ramona Medina había conmovido a las organizaciones políticas y sociales que llevan adelante trabajo comunitario. En esa línea, el diputado Leonardo Grosso había presentado la “Ley Ramona” para atender a ese objetivo de reconocimiento económico y simbólico. La iniciativa era transversal y heterogénea, ya que incluía el respaldo de agrupaciones tanto aliadas como adversarias al Gobierno, entre las que figuraban la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, el MTE, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras.
Medina no fue la única víctima de COVID-19 que realizaba trabajo comunitario. También murieron en el marco de los contagios los militantes Víctor “El Oso” Giracoy (UCR) y Agustín Navarro, de Barrios de Pie.
Aunque la ley no tuvo avances en el Congreso, el Gobierno finalmente decidió atender la propuesta y resolvió implementarla sobre el cierre del año.
“Este reconocimiento es clave, porque no se ve muchas veces el trabajo de los y las compañeras que con mucho amor sostienen los comedores, porque nadie va a quemarse las piernas cocinando a leña para darle de comer a 1500 vecinos por 9000 pesos. Eso lo hacen los y las compañeras principalmente por amor, por amor al pueblo. Y la verdad que estos 9 meses hubieran terminado en un infierno sin el rol de los movimientos sociales que garantizamos la comida de miles dando las condiciones para que muchos puedan hacer el aislamiento sin pasar hambre”, comentó el diputado de la CCC Juan Carlos Alderete, uno de los firmantes del proyecto de ley.

Con el impulso de este pago de $5000, lo que resta definir el detalle de su implementación. En los hechos, la renta implicará un reconocimiento al trabajo comunitario y de contención que llevaron adelante los movimientos sociales en un año de fuerte desplome de las condiciones de vida. Según una dirigente social opositora al Gobierno, el criterio es otorgar el aumento a un “porcentaje” de los promotores comunitarios de cada organización. La intención es que no haya arbitrariedad en el reparto, un compromiso de “transparencia” con el que suele insistir el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. “Si una organización tiene un padrón de 20.000 beneficiarios, el 10% de esas personas pasarán a cobrar el refuerzo, o sea 2000”, ejemplificó.
Los futuros beneficiarios tendrán que estar incluidos en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep). Y si bien los receptores de la asignación ya deberían estar cobrando el monto por el “Potenciar Trabajo”, es una posibilidad que se incorporen al padrón aquellas personas que aún no lo perciben.
El anuncio con el refuerzo económico se realizará mañana en un acto federal organizado por el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, junto a mujeres que “paran la olla” en los barrios. La actividad estará encabezada por presidente Alberto Fernández y el ministro Daniel Arroyo y el subsecretario Menéndez. El lugar elegido tampoco es casual. Moreno es conducido por la intendenta Mariel Fernández, una dirigente que se formó políticamente en la economía popular y en los movimientos sociales.
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