
Cristina Fernández de Kirchner asume que Mauricio Macri utilizó el aparato del Estado para ejecutar una sistemática persecución política y fiscal que incluyó a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. “Hubo una maquinaria de persecución y hostigamiento a opositores políticos”, denunció la vicepresidente en un escrito que sus abogados Carlos Beraldi y Romina Mercado presentaron ante la AFIP. Sucedió a principios de febrero de 2020.
Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, ordenó que se ejecute una amplia auditoría interna para comprobar si era cierta la denuncia de la vicepresidente. Y diez meses más tarde se presentó en Comodoro Py con una ampliación de denuncia contra Macri y los ex administradores de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli.
La auditoría de la AFIP supone que Abad y Cuccioli cumplieron órdenes directas de Macri para hostigar a CFK y sus hijos Máximo y Florencia. Y que esas órdenes no estaban sujetas a derecho y consumaron –supuestamente– los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
“La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado. Los hallazgos dan cuenta de una matriz de persecución desplegada en las gestiones del doctor Alberto Abad y del ingeniero Leandro Cuccioli, durante el gobierno que presidió el ingeniero Macri”, escribió Marcó del Pont en una providencia interna antes de presentar la denuncia en la Justicia federal.
La ampliación de denuncia de Marcó del Pont se basa en estos presuntos hechos irregulares, según el escrito que se presentó en Comodoro Py:
1. Falta de notificación de una fiscalización: “Se prescindió de la participación de la vicepresidenta en procedimientos de determinación de oficio de obligaciones tributarias, aun cuando resulta ostensible que se contó con la evidente posibilidad de otorgarle intervención y, así, dar acabado cumplimiento a las normas legales vigentes”.
2. Notificación ulterior en un domicilio sin vinculación con la vicepresidente: “Las pautas más elementales del Estado de Derecho controvierten la posibilidad de que la Administración Federal haya impulsado un procedimiento de determinación de oficio sin notificar fehacientemente al contribuyente los cargos que se le endilgaban, máxime cuando contaba con domicilios alternativos en los que se hubiese podido realizar tal notificación. El organismo sabía que el domicilio fiscal de CFK registrado ante la AFIP no era su domicilio real (así lo había manifestado el ocupante del inmueble en la primera notificación que se cursó allí) y, pese a ello y a que las normas legales vigentes generaban el deber de notificarla en otros domicilios alternativos con los que ella tenía públicamente vinculación (por ejemplo, ni más ni menos que el Senado de la Nación, donde se desempeñaba como senadora), se omitió deliberadamente y con indisimulable mala fe proceder de tal manera.
3. Irregularidades en la determinación en la deuda de la vicepresidente y sus hijos: “Se detectaron irregularidades en el análisis de las fiscalizaciones de las situaciones patrimoniales con la consecuente formulación de cargos inexactos”.
4. Inusitada cantidad de consultas sistémicas sobre información fiscal: “Constatamos la magnitud de las consultas realizadas en las bases de datos de la AFIP respecto de la vicepresidenta y sus hijos, así como la existencia de consultas efectuadas al margen de procedimientos reglados. La Subdirección General de Auditoría Interna contabilizó la realización de miles de consultas sistémicas sobre información fiscal de la vicepresidenta y sus dos hijos, sin fundamento legal siquiera aparente a cargo de un nutrido grupo de agentes del organismo. A esta situación debe sumarse la probable eliminación de rastros informáticos sobre otras consultas practicadas de manera presuntamente ilegal.
5. Creación de grupos de seguimiento y control de contribuyentes específicos: “La persecución se valió de grupos de trabajo constituidos para analizar la situación de ciertos contribuyentes, y de sus empresas, cuya integración fue determinada por las autoridades políticas de ese momento”.

En la AFIP juran que la ampliación de la demanda contra Macri no está vinculada a la carta que escribió CFK sobre la actuación política del ex presidente de Cambiemos. Cristina sabía de la profunda auditoría que había ordenado Marcó de Pont y ellas son amigas desde hace ya muchísimo tiempo.
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