En plena pandemia del coronavirus, el Gobierno volvió a extender por 180 días la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y ratificó a Cristina Caamaño como la funcionaria a cargo de este organismo. Lo hizo a través del Decreto 987/2020, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
El texto, firmado por el presidente Alberto Fernández y por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estableció que esta decisión puede “ser prorrogable por igual término” al vencimiento de este plazo.
De hecho, la intervención ya había sido prolongada por seis meses a mediados de junio pasado mediante otro Decreto en el que se señaló la necesidad de “terminar definitivamente con el uso arbitrario del secreto”.
En esta ocasión, las autoridades señalaron que ya “se observa la implementación de aquellos cambios necesarios para profesionalizar y democratizar el sistema de inteligencia” y se están “fortaleciendo mecanismos de transparencia en el manejo de recursos, con el fin de reducir las partidas confidenciales al mínimo indispensable y generar un programa de rendición de cuentas, lo que se vislumbra sobre la base de la publicidad de la información presupuestaria”.
Además, en los considerandos del texto publicado este viernes, el Gobierno sostuvo que desde que se intervino la ex SIDE “se han comenzado a disponer modificaciones esenciales”m destinadas a consolidar “los principios de publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia como bases de la reformulación que se requiere”.
Al igual que hizo en las ocasiones anteriores, el Poder Ejecutivo también cuestionó el rol del organismo durante la administración de Cambiemos al opinar que durante ese tiempo se vio interrumpida la “tendencia hacia la democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional”.
En este sentido, consideró que el manejo que tuvo la administración de Mauricio Macri “implicó un notorio retroceso institucional en la materia, que se ha traducido en la práctica en un funcionamiento desviado de las finalidades” de esta agencia federal.
“Profundizó los aspectos secretos más allá de toda necesidad funcional y por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del Estado constitucional de Derecho”, agregó el actual Gobierno.
Para la Presidencia, “las citadas circunstancias imponen disponer una nueva intervención” de la AFI y, en consecuencia, “proponer nuevamente la designación” de Cristina Caamaño, quien continuará teniendo “rango de ministra” y “todas las facultades de gobierno y administración” de este organismo.
Por último, en el Decreto se explicó que esta decisión se tomó “con el objetivo de poner fin a las relevantes disfuncionalidades producidas” dentro de esta agencia y hasta que se pueda “definir el nuevo ordenamiento general del sistema, que deberá adaptarse a las necesidades actuales y consolidar la democratización de los servicios de inteligencia”.
La intervención de este organismo fue anunciada por Alberto Fernández el 10 de diciembre del año pasado, en lo que fue su primer discurso ante la Asamblea Legislativa tras haber asumido al frente de la Casa Rosada.
“Como paso inmediato dispondré la derogación del Decreto 656 del 2016, que fue una de las primeras primeras y penosas medidas que la administración anterior promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado”, agregó en aquella oportunidad.
Por su parte, poco después de llegar al cargo, Caamaño denunció el presunto espionaje ilegal llevado a cabo durante la gestión de Macri y presentó ante la Justicia correos electrónicos que fueron intervenidos ilegalmente y fichas de periodistas y organizaciones que se inscribieron para el G20.
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