
La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvia Batakis, y el ministro de Economía y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Mura, serán la primera línea de negociación entre Nación y CABA para llegar a un acuerdo político sobre la eliminación de fondos coparticipables que se destinaron para el traspaso de la Policía, que se concretó semanas después de que Mauricio Macri llegara a la Casa Rosada, ya el 2016.
Tras los cambios que propuso el bloque Unión por Córdoba, monitoreados por Eduardo “Wado” de Pedro, lo que se habilitó fue una comisión que tendrá 60 días para llegar a un acuerdo, que en el caso de no obtenerse tendrá el laudo de los técnicos del Consejo Federal de Inversiones, el organismo que respalda a las administraciones provinciales y que seguramente se pronunciará en línea con la Nación.
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“La Comisión Federal de Impuestos (sic, aunque está errado) tomará intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos”, dice el texto aprobado. “Es más que obvio que dictaminarán siempre en contra nuestro, porque de 24 provincias que lo integran, 19 firmaron la solicitada avalando la posición que llevó adelante el Gobierno nacional”, dijeron en Ciudad.
En otro artículo agregado, además, se le dio automaticidad a los recursos. Serán pagados “en forma mensual y automática desde el Tesoro Nacional a CABA la doceava parte de los 24.500 mil millones de pesos”, o sea en 12 cuotas iguales a lo largo del año, “que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se acuerde”.
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Con ambas modificaciones, el Gobierno considera haber actuado en consonancia con los mensajes que envió la Corte Suprema, a saber, que la discusión se resuelva en el marco de una conversación política y sin perjudicar a la población de la Ciudad de Buenos Aires.
Aunque en la Ciudad piensan exactamente lo contrario. “Es una puesta en escena, es solo para mostrar una vocación que no tienen, lo único que buscan es castigar a los que no votan por ellos”, dijo un funcionario allegado al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
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Con el número justo de 129 votos y tras esas dos modificaciones, el Frente de Todos logró la aprobación del proyecto de Transferencia progresiva a CABA de facultades y funciones de seguridad no federales y volvió al Senado, que este mismo jueves a las 8 de la mañana analizará las modificaciones realizadas y para enviarlo de nuevo al recinto, a donde llegará muy probablemente ya en sesiones extraordinarias.
En principio, todo indicaría que la Cámara alta aceptará los cambios, lo que dará paso a la nueva etapa, la de las negociaciones con la Ciudad, ya que parece difícil que Cristina Fernández de Kirchner se niegue a avalar el trabajo político que realizaron en Diputados por el Ministro del Interior y su propio hijo, el titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
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Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, encararon una negociación temprana con el vicepresidente 1º y representante directo del Jefe de Gobierno en Diputados, Álvaro González. Fue entre las 5 y 6 de la tarde, cuando habían llegado a un acuerdo en materia de recursos, llevando la coparticipación de la Ciudad de 3.5 a 2.92, en una compleja argumentación técnica que habría encontrado un acuerdo, pero que exigía que CABA primero retirara la demanda ante la Corte Suprema.
“Ustedes retiran el pedido de amparo y nosotros acordamos lo conversado aquí”, le dijeron a González. “Vamos a la Corte, pero con los papeles firmados”, fue la contestación. Y ante la empantanamiento del diálogo aparecieron los cordobeses con un proyecto de solución propio, que fue el que finalmente quedó aprobado. “¿Qué lograron (a cambio) los cordobeses? No lo sabemos, pero ya nos enteraremos por el Boletín Oficial”, anticipó González cuando habló en el recinto, a las 5AM.
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Así, Batakis y Mura continuarán con las conversaciones sobre el tema que iniciaron apenas llegado Alberto Fernández al Gobierno, cuyo último encuentro se concretó a mediados de marzo, pocos días antes de que el Presidente dispusiera el primer DNU con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Entre ellos la discusión será de números, porque hay varias tecnicalidades en las que difieren. Pero si hay un registro político, es probable que haya otra conversación paralela, entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y su par en la Ciudad, Felipe Miguel.
“¿Existe la posibilidad de que Fernández y Rodríguez Larreta negocien personalmente?”, quiso saber Infobae. “No creo, es más fácil que caiga whisky del cielo, porque hoy está Wado a cargo del tema”, fue todo lo que dijeron cerca del Presidente.
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En la Ciudad, tampoco agregan demasiado. “Nos invitan a negociar, pero siguen los recortes según lo decidido”, dijo el Jefe de Gobierno porteño en la conferencia de prensa, preocupado porque “la cancha ya está inclinada y eligieron un referí que ya se expresó por una de las partes”. Hablaba del CFI, el organismo que brinda estudios, proyectos, planes y programas a las provincias, herramientas que buscan hacer más eficiente y eficaz la asignación de los recursos.
Casualmente, o no, hace poco más de un mes, quien reemplazó a Juan José Ciacera, fallecido secretario general del CFI fue Ignacio Lamothe, cientista político formado al lado del histórico peronista Juan Carlos “Chueco” Mazzón y hoy muy allegado a De Pedro.
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