Tras la aprobación en Diputados, el Senado apura el debate por la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires

Que Máximo Kirchner y el ministro del Interior Eduardo ‘Wado’ de Pedro hayan participado de las negociaciones garantiza el apoyo en el Senado de Cristina Fernández de Kirchner. Las modificaciones que se introdujeron al proyecto de Transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la capital del país serán discutidas en comisión el próximo jueves. Para el recinto faltará después al menos una semana, aunque fuentes parlamentarias coinciden en que no habría tanto apuro ahora, en el marco de la instancia de negociación iniciada el fin de semana. La ley, y sus cambios, probablemente sean ratificados a mediados de mes, ya en el marco de sesiones extraordinarias.

La semana será intensa en el Senado. Este miércoles a las 14, en la comisión de Presupuesto que preside el cordobés Carlos Caserio (FDT), arrancará el debate por la movilidad jubilatoria que el Presidente remitió al Congreso el sábado último. Se esperan funcionarios nacionales para defender la nueva fórmula que determinará la suba semestral de los haberes de los jubilados. El jueves a las 8 (un horario inusual en el Senado) la misma comisión, en plenario con Asuntos Constitucionales, discutirá la devolución del proyecto que fijaba las partidas a transferir a la Ciudad en $24.500 millones, cifra que fue descartada para posibilitar una vía de conversaciones con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Para el viernes el Frente de Todos analiza la posibilidad de tratar el Aporte Solidario Extraordinario, el llamado impuesto a las grandes fortunas. En el caso de que sea convocada la sesión, la aprobación de la ley está garantizada ya que en el Senado el oficialismo tiene votos de sobra.

En Diputados esta mañana, tras más de 18 horas de discusión, el oficialismo logró aprobar la ley que fija un monto para la seguridad porteña, menor que el que por decreto estableció Mauricio Macri. Tuvo el mínimo de votos, lo justo, gracias a varios diputados provinciales y el apoyo de los cuatro diputados de Córdoba Federal, el bloque que representa al gobernador Juan Schiaretti. A favor votaron 129, 118 votaron en contra y hubo 7 abstenciones.

La iniciativa fue modificada para asegurar el respaldo cordobés y para evitar una confrontación mayor con la gestión de Rodríguez Larreta, aun cuando los discursos que se escucharon fueron fuertes de ambos lados.

El convenio de transferencia había sido firmado entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de enero de 2016. Tras haberle realizado modificaciones al texto original, la norma vuelve al Senado para su sanción definitiva. Quedó habilitado tanto por el decreto presidencial que prorrogó las sesiones ordinarias por diez días como por el decreto que convocó a extraordinarias entre el 12 de diciembre y el 28 de febrero del año próximo.

El proyecto fijaba en el financiamiento de los gastos de la Policía Federal que se traspasó a Capital y también una fórmula para su indexación anual. Para el cálculo se estableció 80% del índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y un 20% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El monto total, fijado en el Presupuesto Nacional en forma anual, se transferiría en doce cuotas. La actualización sería trimestral.

En el marco del debate nocturno, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el ex vicegobernador santacruceño Pablo González (FdT), habló del “consenso” logrado con algunos diputados. El porteño Carlos Heller desmintió que se tratara de un recorte de coparticipación. “Se está discutiendo un exceso de fondos que la Nación, en el gobierno de Macri, transfirió por vía de un decreto”, planteó. Otra porteña, Gisela Marziotta, ex candidata a vicejefa de Gobierno, habló en la misma línea: “Es muy importante aclarar que se trata de la adecuación del coeficiente de financiamiento, esa es la definición correcta sobre qué pasa con los recursos a la hora de transferir las funciones y facultades en seguridad en todas las materias no federales que se ejercen en la Ciudad, además del traspaso de personal, organismos, funciones, competencias, servicios, bienes, materiales e inmateriales, sistemas de comunicación, todo lo que se está transfiriendo además de los recursos económicos que van a ser acordados entre Ciudad y Nación”. Distinta fue la lectura de Cristian Ritondo (PRO), que planteó un ensañamiento del oficialismo con Rodríguez Larreta por ser opositor y un posible presidenciable.

Los cambios que deberá ratificar el Senado (que también podría insistir en el texto original) establece el gasto anual que demanden las transferencias realizadas a la Ciudad en concepto de seguridad deberá ser acordado en el marco de una comisión integrada por el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y determina un plazo de 60 días corridos para hacerlo a partir de la sanción de la ley.

Además será la Comisión Federal de Impuestos (CFI), donde confluyen gobernadores y sus respectivos ministros de Economía, la que intervendrá en el proceso y dará un informe técnico para “la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la CABA en el año 2016”. Pesará entonces la opinión de las provincias, casi todas de acuerdo con la ley.

Sin embargo, hasta que el acuerdo entre Nación y Ciudad se concrete, la Ciudad recibirá mensual y automáticamente la doceava parte de $24.500 millones a cuenta del monto que finalmente se otorgue.

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