
La tensa sucesión de dichos y jugadas para coronar al jefe de los fiscales va camino al vértigo por las urgencias del calendario legislativo. Se ha transformado quizás en la disputa interna más significativa en casi –o apenas- un año de gestión. Fuentes vinculadas a Olivos dicen al menos dos cosas: ratifican la candidatura de Daniel Rafecas y consideran que todo dependería de la flexibilidad del juez para aceptar cambios en las reglas de juego si hace falta. Esto último alude a la apuesta del kirchnerismo duro por una reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal. A partir de allí, asoman otras especulaciones que involucran a la oposición, curiosamente vista como decisiva para la interna oficialista. Muchas sombras y un foco especial sobre el propio postulante del Presidente.
La mirada, para conocedores del mundo judicial y seguramente para Rafecas, no se agotaría en las consideraciones sobre la viabilidad o no de ese pliego. Está claro que una batalla política que fuerce el camino para consagrar al Procurador General, y que a la vez condicione el cargo, tendría cierto impacto social y constituiría un desenlace con fuerte rechazo en franjas considerables de fiscales y jueces. Ya hubo pronunciamientos que lo anticipan. Es un elemento mayor en esta historia que arrancó con interrogantes sobre el apoyo opositor necesario en el Senado y hoy concentra la incertidumbre en la pelea doméstica del oficialismo.
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Cerca de Alberto Fernández se señala que la designación de Rafecas es objetivo prioritario. Tal vez el camino para lograrlo interese un poco menos. Está claro entonces que lograr su consagración es una verdadera necesidad política y que, a esta altura, depende de un giro –primero privado y después necesariamente público- de Rafecas. El juez había dicho que renunciaría a la postulación si es forzada una baja del nivel de votos necesarios, es decir, de dos tercios a la mitad más uno. Es precisamente lo que plantea el proyecto que avanza en la Cámara alta por impulso de Cristina Fernández de Kirchner.

Rafecas se muestra cauto. Eso en sí mismo es un dato. Poco y nada trasciende desde su entorno en estas horas. Por supuesto, sabe de qué se trata todo. Se especula en el circuito presidencial sobre una charla decisiva de Alberto Fernández con el juez, que hasta ayer no habría ocurrido. Sería el primer encuentro presencial desde la propuesta y foto de diciembre.
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El problema, en una visión amplia y no restringida a la cuestión de la mayoría senatorial requerida, es que la reforma motorizada por el kirchnerismo incluye condicionamientos a la función –en especial, por vía parlamentaria- y tiempo acotado en el principal escalón de los fiscales. Esto se potencia con otro mensaje claramente interpretado en el circuito judicial: se trata de la múltiple ofensiva –impulsada por CFK- para desplazar al procurador interino, Eduardo Casal. No habría distinciones entre viejas y más recientes facturas.
El viernes, antes de que concluya el ciclo de sesiones ordinarias, el bloque del Frente de Todos aprobaría en el recinto la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. Y no parece sencillo el trámite posterior para su sanción. Alberto Fernández podría incluir el tema en una convocatoria a sesiones extraordinarias. Ese listado depende del Ejecutivo. Será un gesto político sustancial lo que haga. Si lo incluye, el proyecto debería ser votado en Diputados. Más allá de otras consideraciones, no parece sencillo, según las cuentas que hacen en la oposición y que también dejan trascender desde la órbita oficialista, en base a un mal pronóstico sobre sus aliados. Parece un mensaje a CFK y Máximo Kirchner.
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Fuentes del interbloque de Juntos por el Cambio señalan que no habría fisuras en el rechazo, tema conversado informalmente por Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro. Y el anticipo estaría en el Senado, donde destacan que la cuestión trasciende largamente puntos que prácticamente nadie discute, como la permanencia en el cargo. Con todo, algunos referentes de JxC están en guardia por un motivo más amplio: eludir que el oficialismo los utilice para dirimir en un sentido o en otro sus propias disputas domésticas.
Eso refiere a la dualidad de las especulaciones que circulan en el oficialismo. Hay versiones que hablan de retomar la apuesta para lograr algunos votos opositores en el Senado y tratar el pliego del nuevo Procurador con la actual exigencia de los dos tercios. Eso, claro, requeriría el visto bueno de CFK para que el bloque del Frente de Todos active el trámite, inmóvil desde el primer día. Al revés, otra especulación habla de sumar algunos votos opositores, pero para aprobar la reforma. Suena extraño, pero se imagina un “consenso” para allanar el camino a un cambio de actitud de Rafecas.
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En cualquier caso, asoma un conflicto difícil de resolver y muy complicado incluso para tratar de disimular costos públicos según como se salga del empaste actual. El agregado original es que esa cuenta superaría el plano político y doméstico, y también afectaría a Rafecas. Curioso dilema que pone la presión de Olivos en su propio candidato.
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