“Por menos de un millón no nos movemos”: cómo funcionaba el negocio de venta de terrenos en Merlo por el que detuvieron a tres funcionarios del municipio

El escándalo de corrupción en el municipio de Merlo sigue escalando. Los tres funcionarios y un pariente de estos, detenidos el viernes pasado, se negaron a declarar ante el fiscal que investiga a una organización delictiva que se dedicaba a la venta de terrenos usurpados, que propiciaban ese ilícito o realizaban algún otro tipo de maniobras ilegales con predios en litigio.

Según el expediente que instruye el fiscal Mario Ferrario, titular de la UFI 3 de Morón, los delitos los realizaban desde la misma intendencia, que desde 2015 está a cargo de Gustavo Menéndez.

Todos fueron detenidos después de los allanamientos que la policía bonaerense realizó en varias oficinas de la comuna.

El líder de la banda sería Hernán Acuña, el director de Tierras y Vivienda de la municipalidad, un área que depende de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, cuya titular es Karina Menéndez, la hermana del alcalde.

En las primeras fojas del expediente consta que la denuncia fue realizada desde la propia intendencia después de que Karina Menéndez recibiera varias acusaciones de vecinos asegurando que los funcionarios “vendían tierras fiscales” y afirmaran que podían regularizar la tenencia de los predios usurpados después del pago de supuestos sobornos.

“Por menos de un millón de pesos no nos movemos”, le habría dicho el director de Tierras y Vivienda a un comerciante que buscaba terrenos para instalar una cascotera en Merlo.

Todo surgió durante una conversación llevada adelante el 5 de noviembre pasado a las 9:27 de la mañana en el despacho de Hernán Acuña. En un primer momento, la reunión se iba a realizar en el bar confitería La Farola, ubicado entre las calles Juncal y Suipacha, de esa localidad del Oeste del conurbano bonaerense. Pero hubo un cambio de planes de último momento y finalmente el encuentro se llevó a cabo en la oficina que días después sería allanada.

Hasta allí llegaron los supuestos “clientes” Miguel Basone y Daniel Madala, los empresarios que querían instalar una “cascotera”. Ambos le explicaron al funcionario que necesitaban comprar un predio de una hectárea y que sabían que en esa dirección se realizaban “gestiones” para la compra –irregular– de tierras privadas en litigio o fiscales.

Los funcionarios, siempre según el relato volcado en el expediente al cual accedió Infobae, les dijeron a los interesados que tenían en “la localidad de Mariano Acosta, linderas a la autopista que está en construcción, seis hectáreas por la suma de $3.000.000”.

Durante ese diálogo, Acuña le pide a Federico –uno de los empleados también detenido– que saque la cuenta de cuánto costaba el predio en dólares.

En forma paralela, el director de Tierras y Vivienda, un hombre que llegó al cargo por la confianza que tenía con el intendente y su hermana Karina, les mostraba “una foto de los predios”.

En ese momento, Basoc, el supuesto empresario, le dice: “Solo necesitamos, como mucho, dos hectáreas. Tenemos $1.000.000”.

Acuña, con firmeza, les dice que “deben ser más de tres hectáreas porque de ese modo se podría abrir una calle” y agregó: “Además, por $ 1.000.000 no nos movemos porque tenemos que hacer una movilización del móvil de Tierras y Vivienda (sic) y además tenemos que bajar al lugar a hablar con los vecinos y mostrarles la ‘supuesta’ documentación que acreditaría que los compradores son los reales propietarios de las tierras para que los vecinos se queden tranquilos”.

Al no ponerse de acuerdo sobre el monto a pagar, acordaron volver a reunirse el próximo 17 de noviembre en el mismo lugar.

Fue en ese momento cuando la municipalidad, a través de un funcionario, Ariel Aníbal Vineg, realizó la denuncia ante la UFI 3 de Morón que estaba de turno. El resultado es el que se vio el sábado pasado: allanamiento, secuestro de documentación y detenciones.

Según pudo saber este medio de fuentes judiciales, el fiscal busca acreditar desde cuándo los funcionarios municipales vendían tierras y/o fomentaban usurpaciones para después entregarles los supuestos “papeles” como dueños de los lotes, si es que esto ocurrió.

También intenta acreditar si, además de tierras fiscales, se lucró con predios privados en litigio, como por ejemplo sucesiones conflictivas. También hay un tema más caliente pendiente: si hay otros funcionarios, de mayor rango, involucrados en las presuntas maniobras de corrupción dentro del municipio comandado por el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires.

“Esta no es la primera vez que nosotros mismos denunciamos irregularidades llevadas adelante por funcionarios y empleados infieles. Hace cinco meses se desbarató una organización que falsificaba registros de conducir y el año pasado se descubrió una red de inspectores municipales que recibían dinero de algunos comercios para que no los clausuren”, le dijo a Infobae Gustavo Menéndez.

Cuando se le preguntó por su hermana, la funcionaria a cargo del área sospechada, respondió: “Karina estaba al tanto de la denuncia judicial. Es ella quien me alerta de la presunta situación irregular que involucraba a funcionarios de su área. Ahí empezamos a prestar atención porque nos llegan denuncias de vecinos. Estoy sorprendido porque dos de los detenidos eran personas de confianza, que provienen de una buena familia”.

Será la UFI 3 de Morón la que deberá resolver la situación procesal de los ahora ex funcionarios que hasta el momento, y por consejo de sus abogados, se negaron a declarar.