
La designación del nuevo jefe de los fiscales hace rato incluye y supera la discusión sobre la suerte del candidato presidencial, Daniel Rafecas. Todo indica que a Cristina Fernández de Kirchner le interesa más, de entrada, manejar el tablero que coronar una única pieza, porque en el peor de los casos podría resolverlo después desde una posición de mayor poder. Sobre todo si se facilita la doble llave de los mecanismos para coronar y para condicionar al Procurador. Los tiempos del Congreso marcan que la ofensiva no podrá ser definida antes de fin de mes. Y por consiguiente, Alberto Fernández deberá resolver si incluye el proyecto en la lista de prioridades legislativas para votar en diciembre.
En concreto, la cuestión práctica es esta: el bloque de senadores oficialistas –con repetido sello CFK- apuesta a consagrar una reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que le permitirá designar al nuevo Procurador General sin ningún tipo de acuerdo con nadie, pero en diez días finalizan las sesiones ordinarias y se supone que el temario posterior será resuelto en Olivos. Con la iniciativa exclusiva de su lado, el interrogante será entonces qué hará el Presidente. Una prueba. Pero las especulaciones incluyen interrogantes más inquietantes: ¿una salida que al final sea la más conveniente para el poder, aún con sus internas, y a la vez la más condicionante para el nuevo procurador?
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La designación del jefe de los fiscales originó también tensión doméstica en Juntos por el Cambio. Había tendencia al rechazo pero resurgieron las diferencias frente a la idea de acompañar la postulación de Rafecas como gesto al Presidente y para evitar un avance de CFK. De hecho, esa fue la disyuntiva que expuso Elisa Carrió y tuvo un guiño de dirigentes “moderados” del PRO, aunque algunos de ellos como Horacio Rodríguez Larreta no dieron por cerrada la cuestión y la dejaron abierta al consenso de la conducción de JxC. Los críticos recordaron cómo terminó la historia con Alejandra Gils Carbó, cuyo ascenso fue allanado como decisión “razonable” después de haber logrado el freno a Daniel Reposo.

El mensaje público de Carrió incomodó a Olivos. Y terminó de motorizar la estrategia del kirchnerismo duro. Con impulso directo de la ex presidente, el bloque de senadores oficialistas se puso como objetivo modificar la exigencia actual de una mayoría de dos tercios de votos (48) para designar al nuevo jefe de los fiscales. Así, se garantizaría el trámite con la mayoría absoluta de la mitad más uno de los votos (37), piso que el Frente de Todos se asegura solo. La movida no terminaría allí: el ejercicio del cargo tendría límite temporal y habría más control parlamentario de una comisión bicameral.
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De ese modo, además, se eludiría cualquier tipo de acuerdo con legisladores de la oposición para lograr una mayoría menos exigente en su número. Si prospera el proyecto, todo quedaría sujeto de manera exclusiva al juego interno del oficialismo. Y tampoco, necesariamente, sería un movimiento para desairar al Presidente y consagrar un candidato “cristinista” puro. En todo caso, sí parece claro que el paño para dirimir el juego doméstico está siendo desplegado otra vez desde el Senado.
Rafecas transmitió en su momento que no aceptaría ser nombrado Procurador General si resulta forzada una modificación del actual requisito de los dos tercios de apoyo senatorial. La única diagonal posible, sería un acuerdo con la oposición para tales reformas, pero eso no aparece en escena. Se verá si hay otra alternativa. El objetivo primordial de la ex presidente apunta contra el procurador interino, Eduardo Casal.
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El kirchnerismo viene operando con apuro impuesto por el calendario legislativo. Se dio un tiempo que podría definirse como táctico: esperó el pronunciamiento del consejo consultivo designado por el Presidente para proponer diversas reformas a la Justicia. Aguardaba, en este caso, la propuesta mayoritaria sobre el Ministerio Público. Sin sorpresas, la “comisión Beraldi” actuó en línea con su sobrenombre y se pronunció a favor de reducir el requisito para designar al jefe de los fiscales, tal como motoriza el kirchnerismo.
El oficiaismo ya cerró su dictamen de mayoría en comisión y lo podría tratarlo en el recinto la semana próxima. Es un margen estrecho. Y si logra la media sanción en el Senado, faltaría el capítulo de Diputados. En cualquier caso, será decisión del Presidente incluir el tema entre los proyectos prioritarios a tratar una vez concluido el ciclo de sesiones ordinarias. Ese listado para una descontada convocatoria a sesiones extraordinarias en diciembre, ya viene denso: reforma de la movilidad jubilatoria, legalización del aborto, impuesto a la riqueza, entre otros.
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El cambio sustancial con la movida en el Senado es que ya no se discute sólo un nombre y cómo resolver el tema con la oposición, sino la comodidad del oficialismo para designar por sí solo al jefe de los fiscales y el poder para controlarlo. Eso, en la perspectiva del cambio de sistema acusatorio en la justicia federal, que colocará en manos de los fiscales las investigaciones y acusaciones. Un verdadero asunto mayor.
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