La villa “La Carbonilla” es considerado uno de los asentamientos precarios más jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires. A fines de los años ’90 se reunían alrededor de la estación La Paternal del ferrocarril San Martín varios cartoneros que vendían lo que habían juntado en sus carros en los depósitos de chatarra de la zona.
La villa miseria -a la que ahora los dirigentes políticos se empeñan en llamar barrio popular- creció exponencialmente durante la crisis de 2001-2002 y aquello que comenzó siendo un lugar con unos pocos refugios de chapa para que los cartoneros pasaran la noche terminó convirtiéndose en un lugar en el que viven unas 5.000 personas. Está erigida sobre terrenos del ferrocarril San Martín, al costado de la estación La Paternal. Fue bautizada así debido a la existencia en el lugar de una antigua carbonería. En la zona, además de casas de material separadas de la vía por apenas un alambre, hay galpones de empresas de transporte, un corralón, entre otras cosas.
No es una villa muy grande comparada con otras de la Ciudad. Vista desde el aire tiene la forma de un rectángulo con uno sus lados mas pequeños oblicuo. Se extiende desde el paso a nivel de la calle Trelles y continúa hasta el puente de la avenida San Martín. Se calcula que tiene aproximadamente unas cinco cuadras de largo y un ancho máximo de unos 100 metros.
El lunes pasado por la noche un móvil de la Comisaría 15 A de la policía de la Ciudad llegó hasta la esquina de Trelles y Añasco, en uno de los bordes de villa “La Carbonilla”. Allí funcionaba el depósito de la empresa sanjuanina Expreso Lan Carg. La firma se dedica a transportar cargas generales básicamente entre San Juan, Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Durante años su depósito estuvo en La Paternal hasta que en octubre terminó el contrato con el Estado y se mudaron a Villa Soldati.
Durante los primeros días de noviembre dejaron allí una persona para el caso de que hubiera clientes que en vez de llevar las cargas a la nueva sede de Villa Soldati las llevaran por error al viejo depósito de la zona ferroviaria de La Paternal. El empleado se retiró el lunes por la tarde.
El patrullero de la Comisaría 15 A llegó al lugar porque habían avisado que había gente dentro del galpón que estaba siendo abandonado por Lan Carg. Se habían cerrado las puertas con candados y cadenas y desde adentro del galpón les informaron a los policías que habían ingresado familias con hijos. Ante esa situación los policías se comunicaron con el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, que desde ese momento intervino en el caso.
El juzgado ordenó durante la noche del lunes que se pusiera más custodia en la puerta del predio para evitar que siguiera ingresando gente al galpón tomado. Y que se identificara a las personas que habían ingresado al lugar.
Un director de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que depende del gobierno nacional, se presentó en el lugar para explicar de quién era la propiedad del predio. Como el galpón es propiedad del Estado nacional, el juez Lijo pidió la colaboración para los procedimientos de la división San Martín de la Policía Federal que controla la seguridad del ferrocarril que pasa por La Paternal. Y también solicitó que el ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad interviniera debido a la situación precaria de las personas que habían ocupado el galpón.
Cuando en la tarde del martes se produjo el allanamiento con vistas a la “intimación” a abandonar el lugar había allí seis mujeres, seis hombres y siete menores. Casi todos eran habitantes de “La Carbonilla” y según fuentes judiciales, uno de los ocupantes había llegado desde un barrio del Oeste del Conurbano bonaerense. Eso quedó plasmado en un censo que se hizo luego del desalojo del lugar.
La toma se resolvió sin ningún incidente. La Policía Federal quedó a cargo de la custodia impuesta por la justicia. Y la Agencia de Administración de Bienes del Estado retomará la posesión del lugar para implementar una custodia propia.
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