En las últimas horas, el titular de la Oficina Anticorrupción, Felix Crous, firmó una resolución para que el organismo deje de ser querellante en las principales de causas de corrupción, posición que había adoptado durante la gestión de Cambiemos en expedientes como la tragedia de Once o Ciccone. Para Laura Alonso, su antecesora en el cargo, este movimiento tiene un fin determinado: “La impunidad llegó para quedarse”.
“Había recursos humanos muy buenos. Los echaron o no los recontrataron, una pena para el país que retrocede muchísimo”, planteó la ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri a través de las redes sociales. En este sentido, agregó: “Soportamos cuatro años de insultos, falsas denuncias, difamaciones, mentiras pero nunca antes la OA había hecho tanto por prevenir e investigar la corrupción. Dejamos un equipo funcionando y lo desmantelaron”.
La justificación de Crous es la falta de personal, pero el retiro no será inmediato en todos los casos. En los expedientes que ya están en juicio, la OA se mantendrá hasta que termine la recepción de la prueba o haya sentencia, asegura la resolución.
“En la nueva Ley de Ética Pública que mandamos al Congreso y duerme propusimos un cambio para fortalecer todo el sistema de control sobre los funcionarios. Saludemos esa reforma que nunca será”, expresó Alonso, que reconoció el trabajo de todos los abogados que “con rigurosidad y con profesionalismo lograron hitos históricos en los juicios y las condenas de los corruptos”. “Ahora el verdugo tira abajo su esfuerzo”, aseguró.
Por su lado, otros dirigentes de la oposición también cuestionaron la postura que tendrá la Oficina Anticorrupción ante las causas de corrupción. Según el diputado nacional de la UCR Luis Petri, el planteo corresponde a “jugar al paso del tiempo e invocar el retardo de justicia en las causas de corrupción". “No quieren que nadie las impulse y a los que las investigan le sacan la mitad de la estructura”, indicó.
El radical Álvaro de Lamadrid, en tanto, afirmó que “la utilización de infinitos mecanismos y absurdas falsas excusas por parte del Gobierno para consagrar la impunidad de CFK es proporcional a la inapelable evidencia de las pruebas de su corrupción”, mientras que el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, recordó que el año pasado presentó un proyecto para “evitar la impunidad” del kirchnerismo.
La iniciativa dispone que cuando el Estado actúe como querellante en causas por corrupción o narcotráfico (sea a través de la OA o de la UIF), tenga la obligación de continuar el proceso penal hasta que no haya más recursos. En definitiva, para que las causas no se caigan por voluntad política. “Si se deja de impulsar el proceso, la causa se cae, lo robado no se recupera y no hay justicia”, señaló López en aquel momento.
Otro diputado nacional, Gonzalo del Cerro, fue más directo: “Consagran la impunidad, el “Plan de Salvataje K” para los corruptos no se detiene: la Oficina Anticorrupción disolvió su oficina de Litigios y no intervendrá en las causas contra funcionarios y ex funcionarios. Se suma al amedrentamiento y remoción de jueces que los investigan”.
Mario Negri, en tanto, planteó que en lugar de “gastar millones en NODIO para perseguir la libertad de expresión”, se giren esos fondos a la Oficina Anticorrupción para que “no desista de cumplir su rol de defensa del patrimonio del Estado frente a la corrupción”. “El Gobierno busca excusas para la impunidad”, señaló el diputado de Juntos por el Cambio.
En mayo, la OA dejó de ser querellante en el juicio unificado por las causas de Hotesur y Los Sauces, todavía sin fecha de comienzo y donde están acusados la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus dos hijos, y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.
En el caso de la “ruta del dinero K”, donde ya se concretaron los alegatos de las querellas, la OA se mantendría hasta la sentencia. Distinto es el caso del juicio de Vialidad, donde restan decenas de testigos.
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