Avanzó en la Legislatura porteña el proyecto que habilita la construcción de edificios en Costa Salguero

Deberá ser aprobado nuevamente en segunda lectura antes de ser promulgado como ley. La oposición denunció que se trata de un “negocio inmobiliario” que “privatiza la costa del rio”

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Render del proyecto ganador del concurso
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El oficialismo porteño aprobó este jueves en primera lectura la rezonificación de terrenos que dan al río en la Costanera Norte para avanzar con el proyecto de construir un parque público y un barrio de lujo con edificios de diez pisos en Costa Salguero.

La rezonificación abarca terrenos de propiedad estatal que suman unas 17 hectáreas, en el caso de Costa Salguero, y otras 14 hectáreas de un predio lindante, separado por la desembocadura del colector del arroyo Maldonado, donde estuvo Punta Carrasco. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta planea la construcción de diez edificios que podrán alcanzar una altura máxima de 29 metros y un espacio público parquizado que llegará hasta la ribera del río.

El proyecto, que ahora deberá ser aprobado en una segunda lectura y que tendrá que atravesar un proceso de audiencias públicas, contó con 37 votos afirmativos de la coalición oficialista que incluye a Vamos Juntos, Confianza Pública, Socialismo y UCR/Evolución. Votaron en contra (23) el Frente de Todos, el GEN, Consenso Federal, AyL y el Frente de Izquierda.

Las dos parcelas rezonificadas se encuentran dentro del predio denominado Distrito Joven y su venta a privados ya fue autorizada en diciembre del año pasado. En aquella oportunidad, el oficialismo también hizo uso de su mayoría en el recinto.

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Durante la sesión, desde el oficialismo destacaron los beneficios de los convenios público-privados como “instrumento para desarrollar distintas áreas de la ciudad”. “El momento de recuperar la relación con el río. El 74% del Sector 5 (Costa Salguero) estará destinado a espacio público”, explicó la legisladora Victoria Roldán Méndez, quien aclaró que el objetivo es que la costa del río sea de acceso irrestricto a todos los porteños.

Por su parte, desde el Frente de Todos denunciaron que se trata de un “negociado” que favorece únicamente a los grandes desarrolladores inmobiliarios y no ayuda a resolver los problemas de falta de espacios verdes ni el déficit habitacional. Propusieron destinar todo el predio para hacer un parque público.

“Hoy, el gobierno de Larreta da curso a una nueva privatización del río. Detrás de la denominación amigable de ‘Distrito Joven’, se esconde el verdadero propósito que es construir torres de 30 metros frente a Aeroparque cuyo destino final será seguramente la explotación de alquileres temporarios”, dijo Matías Barroetaveña.

Según explicó el legislador, “entre 2009 y 2019 el Gobierno porteño vendió aproximadamente 150 hectáreas a través de 26 leyes que se sancionaron en la Legislatura para autorizar la enajenación de inmuebles, una superficie mayor que la de todo el barrio de San Telmo”.

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En la misma línea, el legislador Javier Andrade –vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano– señaló que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “está abriendo la puerta del loteo de los otros sectores” y lamentó que el instrumento de los convenios “instala la posibilidad de que los desarrolladores inmobiliarios compren normas para su beneficio” a cambio de dinero para las arcas públicas.

Cabe destacar que durante la sesión también se aprobaron convenios para rezonificar terrenos que ya fueron vendidos en Villa Crespo y Palermo para obtener un ingreso de 6 millones de dólares, cuyo monto será destinado a los gastos generados por la pandemia por el coronavirus.

“Este es un fiel reflejo de las políticas que viene aplicando el PRO en sus 13 años de gobierno, donde se han vendido muchas hectáreas públicas en una ciudad donde la emergencia habitacional se profundiza cada vez más”, agregó Santiago Roberto.

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Como parte de la coalición oficialista, el bloque de la UCR/Evolución decidió acompañar la iniciativa pero aclaró que “escuchará” lo que diga la ciudadanía en las audiencias públicas y dejó abierta la posibilidad de votar en contra o proponer modificaciones en la segunda lectura del proyecto. El apoyo de los legisladores que responden a Martín Lousteau se negoció hasta último momento y era indispensable para aprobar la norma.

“Solo estamos votando que este proyecto entre en el marco del tratamiento que permita la participación ciudadana”, dijo Martín Ocampo. No obstante, se distanció de la “mirada soviética” del Frente de Todos que cree que “sólo el Estado puede llevar adelante el bien público”. “Tenemos que conjugar el interés público y privado para que vayan en el mismo sentido”, dijo.

Por su parte, Sergio Abrevaya (GEN) fundamentó su voto negativo señalando que “la posibilidad de construir propiedades de lujo pegadas a la ribera del río va en contra de todo lo que la Ciudad necesita: CABA requiere viviendas para los que no acceden, hoy el 35% alquila”.

El proyecto “Parque Salguero” surgió del concurso nacional de ideas organizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano junto a la Sociedad Central de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, con el auspicio de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos. El concurso de ideas recibió una cifra de récord de 100 propuestas.

La futura urbanización contará con viviendas, oficinas y locales gastronómicos y comerciales. No podrá superar una altura máxima de 29 metros y solo podrá ocupar el 26% de la superficie total del predio; el resto se deberá destinar a un gran parque público sobre el Río de la Plata.

Desde el Gobierno porteño destacaron que actualmente el predio no tiene accesibilidad para los vecinos y solo se usa para congresos, conferencias, salones de fiestas y driving de golf. La idea es “llevar vida” a la zona dado que, además de viviendas, también se instalarán oficinas, locales comerciales y gastronómicos, y hasta un hotel. La concesión de Punta Carrasco fue otorgada a la sociedad Punta Carrasco S.A. en 1988 por 20 años. En 2008, la Ciudad le extendió el permiso de ocupación, uso y explotación de modo precario, por 4 años. En 2013 se le volvió a extender por otros 4 años y finalizó en noviembre de 2016.

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