La Corte delibera para lograr un acuerdo mayoritario que defina la situación legal de Bruglia, Bertuzzi y Castelli

La Corte Suprema se reunirá hoy vía zoom desde las 11 AM, y será un milagro que al cierre de las deliberaciones se conozca una posición mayoritaria sobre los pedidos de amparo de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli que fueron desplazados por un movimiento político oficialista que se inició en el Consejo de la Magistratura, tomó velocidad en el Senado administrado por Cristina Fernández de Kirchner y concluyó con tres decretos simples que firmó Alberto Fernández.

Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti consideran que el Gobierno inició una ofensiva contra la Corte Suprema, y que la suerte institucional de Bruglia, Bertuzzi y Castelli puede acelerar las intenciones políticas de Olivos y del Instituto Patria.

Los cinco miembros del alto tribunal asumen que la avanzada se aceleró por un pedido de juicio político contra Rozenkrantz -titular de la Corte Suprema- y una larga declaración mediática del diputado oficialista Leopoldo Moreau. El ex radical alfonsinista Moreau, que fatiga los despachos del poder desde fines de 1983, consideró que ya era hora de terminar con la actual composición de la Corte.

Rozenkrantz envió a Infobae una defensa escrita contra el juicio político que presentó la diputada kirchnerista Vanesa Siley. “Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”, dijo el presidente de la Corte.

La defensa de Rozenkrantz fue informada por Infobae cerca de las 15.30 PM. Hasta la madrugada de hoy, momento en que se publicó este artículo, ningún otro integrante de la Corte había opinado a favor del titular del alto tribunal. Ni una linea. Nada.

El silencio de sus colegas en el cuarto piso del Palacio de Tribunales demuestra la soledad de Rozenkrantz y su incapacidad política para articular un voto mayoritario que permita defender a los jueces desplazados y además exhibir ante la opinión pública que la Corte Suprema está en condiciones de actuar como balance de poder de Olivos y el Instituto Patria.

Esa funcional institucional -checks and balances- quedó de hecho en manos de Lorenzetti que medita en soledad su próxima jugada jurídica. Lorenzetti conoce como funciona el poder real y busca un argumento institucional que permita sumar a Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti. Se trata de una tarea compleja que hasta anoche seguía en estado gaseoso.

La complejidad política que marca las relaciones de poder en la Corte se repite como una sombra en el Gobierno del Frente de Todos. Alberto Fernández no respaldó el pedido de juicio político de la diputada kirchnerista Siley, y ordenó desde Olivos que se explicitará su rechazo a esa iniciativa contra Rosenkrantz que fue instigada por la Vicepresidente.

La instrucción mediática del jefe de Estado era conocida por el Instituto Patria y los legisladores que participan de sus reuniones a puertas cerradas. Pero son un sector poderoso de la coalición gobernante que reconocen un sólo liderazgo: Cristina Fernández de Kirchner. El diputado Moreau participa de esas tertulias y estaba enterado de la instrucción presidencial.

No le importó. Y sumó con creces: además de descalificar a Rosenkrantz avanzó sin diplomacia contra Highton de Nolasco, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. En sus declaraciones al periodista Ernesto Tenembaum, Moreau repitió en público lo que CFK arenga en privado.

La atomización del poder en la Corte, y las distintas miradas que tienen Olivos y el Instituto Patria, complican la resolución de los amparos presentados por Bruglia, Bertuzzi y Castelli. El alto tribunal busca una ecuación jurídica que no afecte aún más su imagen pública, preserve los derechos de los jueces desplazados y evite un conflicto de poderes con Olivos y la Cámara de Senadores.

Esa ecuación todavía no pudo ser resuelta por los cinco miembros de la Corte. Y es poco probable que la solución jurídica-política se conozca al término de las deliberaciones vía zoom. Si no hay un milagro político, Alberto Fernández, CFK, Bruglia, Bertuzzi y Castelli deberán esperar hasta el próximo martes 13 de octubre.

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