
La Cámara de Diputados retomará este lunes el tratamiento en comisión del proyecto que propone crear un aporte extraordinario y por única vez a las grandes fortunas. El oficialismo confía en firmar dictamen de mayoría mañana mismo con el acompañamiento de bloques aliados de la oposición, a sabiendas de que Juntos por el Cambio ya adelantó su postura de rechazo a que consideran un “nuevo impuesto”.
La comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado Carlos Heller, se reunirá a partir de las 15 para reanudar el cuarto intermedio en que había quedado el debate luego de que el miércoles pasado se iniciara la negociación en medio de tensiones entre el oficialismo y la principal bancada opositora.
En diálogo con Radio 10, Heller sostuvo “en el mundo entero” se habla de un impuesto a las grandes riquezas y que hasta “los técnicos del FMI dicen que hace falta progresividad impositiva para atender la enorme demanda de recursos que generó la pandemia”.

“Se habla de cientos de millones de nuevos pobres en el mundo. Uno no entiende cómo es tan difícil consensuar este aporte por única vez, de un núcleo muy chiquito de personas, a los que no le va a cambiar la vida”, explicó. En ese sentido, comentó que en la última reunión le dijo a los legisladores de la oposición que “no actúen con el criterio de bloque sino que respondan a la voluntad de sus votantes”. Y agregó: “Es mucho más amplia que el Frente de Todos la voluntad de la ciudadanía que está de acuerdo con esta medida”.
La comisión también tiene en agenda retomar el tratamiento del proyecto para prohibir que las empresas radicadas en paraísos fiscales o que cometieron delitos probados de evasión fiscal puedan ser beneficiarias de programas de ayuda estatal. En este caso, Juntos por el Cambio anticipó que respaldará la iniciativa impulsada por el diputado kirchnerista cordobés Pablo Carro, que presentó el proyecto la semana pasada.
Sin embargo, el foco central estará puesto en lo que suceda con la iniciativa que crea una contribución a las grandes fortunas, y que apunta los patrimonios declarados al 31 de diciembre de 2019 superiores a los 200 millones de pesos. Según calculan los impulsores del proyecto, afectaría a un universo de aproximadamente 12.000 personas, quienes pagarán una alícuota con una escala progresiva de entre 2% y 3,5%, conforme a su capacidad patrimonial. Para aquellos bienes y sumas patrimoniales que las personas alcanzadas tengan en el exterior, las alícuotas serán un 50% mayores.

No obstante, al proyecto se le agregó un artículo para que aquellos contribuyentes que acepten repatriar el 30% de sus tenencias financieras, sean exceptuados del pago del diferencial de todos sus bienes en el exterior, de modo tal que sean considerados como si estuvieran dentro del país, conforme a la alícuota general.
Se estima recaudar aproximadamente $300.000 millones, de los cuales un 20% se destinará a la compra de insumos y equipamiento de salud, otro 20% para subsidios de fomento a MiPyMEs, un 15% para la urbanización e integración sociourbana de asentamientos populares registradas por el RENABAP, un 25% para proyectos de inversión en Gas Natural de YPF, con la obligación de reinvertir utilidades en el país por 10 años, y por último un 20% para financiar el relanzamiento del plan Progresar para estudiantes.
Si bien la postura preponderante en Juntos por el Cambio es un rechazo cerrado a la iniciativa, un sector minoritario y “rebelde” de la UCR encabezado por el puntano Alejandro Cacace cree que en la actual coyuntura de crisis por la pandemia de coronavirus se justificaría crear una alícuota a los grandes patrimonios. Sin embargo, considera que no es necesario crear un nuevo tributo, y advierten que esto podría acarrear impugnaciones en la Justicia: como alternativa, proponen agregar una alícuota extraordinaria en el ya existente impuesto a los Bienes Personales.
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