El Colegio de abogados de la Ciudad de Buenos Aires consideró “inadmisible” el desplazamiento de los jueces que investigaron a Cristina Kirchner

El Colegio de abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó la decisión del Senado de la Nación, luego respaldado por el presidente Alberto Fernández, y consideró “inadmisible” el desplazamiento de los jueces que investigaron a Cristina Kirchner.

Los jueces federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi le pidieron este jueves a la Corte Suprema de Justicia de la Nación licencia extraordinaria hasta que el máximo tribunal resuelva la causa judicial que iniciaron para continuar en sus cargos. Lo hicieron tras la publicación en el Boletín Oficial de los decretos por los cuales se dejó sin efecto la designación en sus actuales cargos. Lo mismo hizo Germán Castelli, el tercer juez cuyo traslado el Gobierno dejó sin efecto.

En un comunicado, el Colegio de Abogados de la Ciudad sostuvo que existió un “proceso irregular de revisión" de los nombramientos “instado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por el propio PEN,, constituyen parte de un conjunto de cuestionables actos jurídicos que lesionan gravemente la garantía constitucional de inamovilidad de los magistrados judiciales".

También señaló que esos actos “se proyectan sobre el Poder Judicial con el propósito subyacente de amedrentar la independencia en el ejercicio de la judicatura" En esa línea, agregaron que “la circunstancia de por sí reviste una inusitada trascendencia institucional, máxime cuando se aparta de un claro criterio establecido por una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convalidaba los traslados oportunamente aprobados por el PEN, y propuestos con la participación del Consejo de la Magistratura”.

“Su proyección resulta tan grave y riesgosa como insospechadas se perfilan las consecuencias institucionales que su desenlace puede adquirir en relación a la salud cívica del país”, expresó en el comunicado, al tiempo que advirtió que “la independencia del Poder Judicial, el pleno respeto del Estado de Derecho, las garantías y los derechos constitucionales de las personas se han visto severamente afectados”-

“Le cabe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación dirimir con celeridad esta grave situación institucional, por la vía que corresponda", afirmaron.

Los tres son jueces de Comodoro Py, los tribunales donde se tramitan las causas que importan al poder político y económico. Bruglia y Bertuzzi integran la Sala I de la Cámara Federal y Castelli es juez del Tribunal Oral Federal 7.

Llegaron allí durante el gobierno de Mauricio Macri desde otros tribunales mediante el mecanismo de traslados. Con la asunción de Alberto Fernández, el oficialismo los objetó junto a otros siete jueces por considerar que esos traslados eran irregulares, principalmente porque no tenían acuerdo del Senado.

Los jueces presentaron amparos para que sus traslados no sean revisados y así lograr la confirmación en sus cargos. Alegan que se hicieron cumpliendo con la normativa vigente, que una acordada de la Corte Suprema avaló que no debían ir al Senado y que tienen derechos adquiridos que solo pueden ser revisados por un fallo judicial. Hicieron presentaciones ante el máximo tribunal a través de per saltum.

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