
Al término de esta semana, la Argentina habrá alcanzado los 184 días de cuarentena. El próximo 20 de septiembre culmina la etapa actual del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y pese a que el coronavirus se propagó por todo el país, Alberto Fernández deberá acordar con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta la continuidad de las medidas restrictivas en el AMBA, que sigue siendo el epicentro de la pandemia en el país, en medio de un clima de tensión por la quita de la coparticipación a la Ciudad.
Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta suelen hablar por teléfono entre lunes y martes antes de cada anuncio de prórroga de cuarentena. Luego, junto a Axel Kicillof, los tres suelen reunirse en la Quinta de Olivos para pulir detalles y en conjunto realizar el anuncio oficial. Ya lo hicieron 11 veces. Y si bien en las anteriores oportunidades se notaron las diferencias políticas y de criterio entre el Gobernador y el Jefe de Gobierno porteño, la relación y el diálogo político está en el momento de mayor fragilidad luego de que el Presidente decretara una quita de recursos a la Capital para solucionar el conflicto de Kicillof con la Policía bonaerense.
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El último anuncio de extensión del aislamiento fue a través de un comunicado de prensa que se difundió a través de las diversas plataformas digitales de las tres administraciones. La estrategia de comunicación respondía por un lado a que ya el foco de la pandemia no era el AMBA debido a que el COVID-19 se había propagado nuevamente en el interior del país, y por otro lado a que el acatamiento social de las medidas perdió fuerza con respecto a meses anteriores. Pese a la escalada de contagios y víctimas fatales, la pandemia perdió centralidad. De hecho, molesto con el nivel de circulación de gente que se percibe en las calles, Alberto Fernández expresó que ya “no hay cuarentena”. “La cuarentena supone el encierro total de una comunidad y eso no existe”, había remarcado dos semanas atrás.
Desde aquella oportunidad, la crisis empeoró en todos los aspectos. Los casos de coronavirus siguieron en aumento en todo el país, por día se registra un promedio de más de 10 mil infectados y ya perdieron la vida por esta enfermedad 11.352 personas. A todo esto se sumo el aumento de la inseguridad, una ola de toma de tierras en el conurbano, y el conflicto con la Policía bonaerense que decantó en la disputa por la coparticipación.
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De los 9.056 casos registrados en las últimas 24 horas, 3.689 son de la provincia de Buenos Aires, 843 de la ciudad de Buenos Aires, 4 de Catamarca, 91 de Chaco, 73 de Chubut, 552 de Córdoba, 1 de Corrientes, 105 de Entre Ríos, 169 de Jujuy, 46 de La Pampa, 96 de La Rioja, 704 de Mendoza, 286 de Neuquén, 130 de Río Negro, 340 de Salta, 1 de San Luis, 193 de Santa Cruz, 1.055 de Santa Fe, 79 de Santiago del Estero, 22 de Tierra del Fuego y 583 de Tucumán. El total de infectados en todo el país ascendió este domingo a 555.537.
Pese al medio millón de infectados, la ocupación de camas de cuidados intensivos -según el Ministerio de Salud de la Nación- a nivel nacional promedia el 59,3%, mientras que en el AMBA llega a 68,3%. “Estamos experimentando tensión en el sistema de salud de Río Negro en el departamento de General Roca, en Río Gallegos, Santa Cruz; en el Gran Mendoza; en el Gran Rosario; en Orán y Tartagal en Salta; y en la ciudad de Jujuy y su aglomerado urbano”, afirmó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, al encabezar el reporte diario que emite la autoridad sanitaria.
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Amparándose en que la curva de contagios se mantiene “alta pero estable”, el Gobierno porteño avanzó en esta última etapa con los permisos para que bares y restaurantes atiendan a sus clientes en calles y veredas. En contraposición, el Gobierno bonaerense no solo no permitió nuevas aperturas, sino que sumó restricciones a una decena de municipios del interior donde surgieron nuevos focos de contagios. “Hay una parte de la sociedad que no entiende lo que estamos viviendo”, había manifestado Kicillof cuando insistió en que no se podían acompañar más reaperturas.
Las diferentes estrategias de abordaje de la cuarentena quedaron en segundo plano frente al aumento de la inseguridad y la toma de tierras en el conurbano bonaerense. Pese al anuncio de un ambicioso plan de seguridad para el GBA, el conflicto por salarios atrasados de la Policía de la provincia de Buenos Aires le terminó estallando en las manos a Kicillof y a Sergio Berni la semana pasada. El malestar de miembros de la fuerza llegó hasta la Quinta de Olivos en una actitud de sublevación que generó incluso el repudio de la oposición que el día anterior le había exigido al Gobernador que resuelva el conflicto.
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Alberto Fernández se hizo cargo del asunto y resolvió quitarle fondos a la Ciudad para traspasárselos a Kicillof. Para respaldar su anuncio, el Presidente citó a los intendentes del conurbano a Olivos -incluidos los de Juntos por el Cambio a quienes les provocó un incómodo momento-. Si bien el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro se había comunicado con Larreta para adelantarle la noticia, Alberto Fernández se lo confirmó por mensaje de texto minutos antes de salir en vivo desde Olivos.
Pese a haber tensado al máximo la relación, el mandatario rechazó la idea de que se haya afectado el diálogo con la Capital Federal: “Vamos a seguir dialogando, ningún diálogo se rompe, a veces no se está de acuerdo o a veces a algunos les duele renunciar a los privilegios, pero vamos a seguir dialogando, eso está garantizado”.
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Como si fuera poco este domingo reapareció Mauricio Macri con una carta en la que acusa a Alberto Fernández de “violentar la Constitución” para “gobernar sin límites”. Por la tarde el Gobierno sufrió una nueva manifestación en su contra en distintos puntos del país.
Larreta buscará este martes llegar a la Corte Suprema para proponer una medida cautelar que evite el traspaso de los más de 30 mil millones de pesos a la Provincia. En este contexto la continuidad de la cuarentena deberá colarse nuevamente en la agenda política. Las conversaciones de los próximos días entre el Presidente, el Gobernador y el jefe de Gobierno de la Ciudad se darán al ritmo de la tensión que provoca la discusión por la coparticipación. Alberto Fernández ya avisó que “el botón rojo” está siempre a mano si la capacidad de atención del sistema sanitario llega a estar en riesgo.
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