
La decisión del gobernador Axel Kicillof de equiparar la escala salarial de la policía de la provincia de Buenos Aires con la de la Federal y otros beneficios, como la suba de 1.200 a 5.000 pesos para la compra del uniforme, desmanteló las movilizaciones y protestas que los efectivos mantenían desde el lunes y que los llevó hasta a la Quinta Presidencial de Olivos en patrulleros y armados. La seguridad que les dieron los jefes de la fuerza a sus subordinados de que “no se dará curso a ningún sumario” también ayudó a descomprimir la situación. Eso formaba parte del primer punto del petitorio. De todos modos, los comisarios generales no pueden asegurar que la Justicia no avance sobre las denuncias que ya se presentaron por la “sustracción” de los móviles, que debían estar patrullando y fueron utilizados para protestar.
“Ahora pierden una bala y los rajamos. Van a cobrar como federales pero van a portarse como federales”, dice muy serio ante Infobae un alto cargo de la cúpula policial. El comisario general no lo aclara, pero todos lo saben: los policías del Conurbano no son ni federales ni universitarios.
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La cadena de mando dentro de la estructura piramidal quedó resentida, aunque Sergio Berni felicitó a los jefes de la fuerza después de los anuncios del gobernador “por la forma en que manejaron la situación”. Por ejemplo, esta madrugada, a la 1:30, el comisario general Daniel García, el jefe de la mayor fuerza de seguridad del país, recibió a solas al subteniente Carlos Agustín Fernández, uno de los tantos voceros que tenían los policías rebeldes. Le aseguró que no habría sanciones disciplinarias para los que abandonaron sus puestos de trabajo, pero exigió que los móviles volvieran a las reparticiones.
Hasta el momento, la cúpula de la Bonaerense fue ratificada. “No se anunciaron ningún tipo de cambios. El ministro nos dio la mano y nos dijo que cada uno vuelva a su actividad", le confió a Infobae un alto jefe. De todos modos, la fuerza está cruzada de internas y cada línea quiere aprovechar para desplazar a otra.
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Por ejemplo, Luis Tonil, uno de los voceros y denominado “presidente de la Defensoría Policial”, esta militando, en este momento, para que los focos de protesta continúen. Lo hace a través de grupos de WhatsApp a los que accedió este medio. Un caso concreto es en Adrogué, uno de los centros del conflicto. Cuando los policías en la calle se estaban retirando, él en persona les pidió: “Me esperan todos ahí que vamos a hablar. Ahí también esta llegando para hablar Figini”.
Tonil es el mismo que salió en los medios a pedir la renuncia del jefe de la Bonaerense: “Si tiene dignidad, García tiene que renunciar”, dijo ante las cámaras. Figini es el comisario general Jorge Oscar Figini, el superintendente de Planeamiento y Operaciones Policiales, el número dos de García.
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Figini ya era el segundo de la fuerza de Hugo Matzkin, el “capo” de la fuerza cuando Daniel Scioli era el gobernador y Ricardo Casal estaba a cargo del entonces Ministerio de Justicia y Seguridad.
La interna dentro de la fuerza también se trasladó a las calles. Y los alineamientos de algunas de estas corrientes con intendentes de peso del Gran Buenos Aires también. Es más, en privado el propio Kicillof observa con desconfianza la actitud que tomaron algunos jefes comunales que verían con agrado que Berni dejara el cargo. Pero al menos hasta ahora, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo sostiene.
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Esta son algunas de las razones por las cuales tanto Berni como Kicillof saben que algunos grupos minoritarios, que no representan a la gran parte de los policías que están en sus puestos de trabajo, permanecerán un tiempo más. Y no solo por los intereses políticos cruzados. En las manifestaciones había muchos de los agentes sumariados por la gestión de Cristian Ritondo. Ellos solicitan que se den de baja esos sumarios. La promesa llegó solo al “vamos a revisarlos”.
Heridos, jubilados y retirados que también reclamaban justamente por los alicaídos salarios, pedían dejar de pertenecer a IOMA. Hoy el gobernador anunció que habrá dos hospitales exclusivos para la atención de los efectivos y sus familias. Por un lado el anuncio los conformó, pero por el otro quieren saber desde cuándo podrán usar esas instalaciones y cómo se implementará.
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Razones que se comprenden, pero que llevan tiempo.
Uno de los que permanecían aún en Puente 12, pero que también se lo veía en Adrogué, es al capitán Sandro Amaya, uno de los “voceros” de los policías. Exigía, por ejemplo, ser recibido por Kicillof o Berni. Ni ellos ni García lo iban a atender. No era “interlocutor válido”. La razón: está en disponibilidad preventiva por una causa que tiene abierta en el Juzgado Federal 2 por “violación a la ley de drogas”.
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Otro de los “voceros”, y que aún arenga contra el ministro Berni y muestra disconformidad por los anuncios de Kicillof, es el capitán Mariano Díaz, en disponibilidad por “acto de indisciplina grave” en el Grupo Halcón. Es uno de los que solicitan que se anule su sumario.
Batiendo los bombos también había oficiales desplazados de la fuerza por sus vínculos con el tráfico de drogas y por amparar el delito. Algunos están condenados y otros con expedientes en trámite. “Es gente que ya está jugada y que llevan a los vigis más jóvenes, sin experiencia, al filo del sumario”, le dijo a este medio un funcionario allegado a Berni.
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Más allá de las internas y de quiénes responden a quién o por qué intereses se moviliza cada cual, ahora la cuestión pasa por recomponer la línea de mando. Y eso será una decisión política. García, el jefe de la fuerza, durante la exposición del gobernador fue ubicado al lado del diputado y jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
La imagen es fuerte y parece un respaldo a su gestión, pero aún así él, o cualquier integrante de la cúpula policial, no pueden estar tranquilos. Y así se lo hacen saber a sus allegados.
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