El gasto en servicios públicos ya representa una porción cada vez mayor del ingreso de las familias del AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el gasto en servicios públicos de una familia tipo aumentó hasta representar 10,8% del ingreso promedio en junio de 2026. Este porcentaje subió desde 9% en junio de 2025, y desde 4,5% en diciembre de 2023. El incremento se produjo mientras la inflación anual fue de 33% y los salarios privados registrados crecieron 30% en el mismo periodo.

La canasta de servicios considerada incluye 300 kW de electricidad, 64 metros cúbicos de gas y 60 pasajes en colectivo de seis a nueve kilómetros para dos personas, según describió el economista Carlos Pérez en Infobae en Vivo A las Nueve.

El gasto mensual para quienes no tienen subsidio alcanzó los 275.000 pesos. Para quienes mantienen subsidios, el monto resultó inferior. La variación del gasto en servicios en el último año llegó a 55%, muy por encima de la inflación y el crecimiento salarial.

Pérez destacó que tanto los hogares con subsidios como los que no los tienen enfrentaron un aumento significativo en la porción del ingreso dedicada a servicios. Los ingresos bajos soportaron la mayor carga, con un 22% del ingreso familiar destinado a este rubro.

Política económica: prioridad en la desinflación

Pérez subrayó que el Gobierno nacional priorizó el proceso de desinflación por sobre la mejora en las condiciones sociales de todos los sectores de la población. Señaló que la administración actual eligió contener la inflación aun a costa de un crecimiento económico más moderado. El consumo, que representa 70% del producto bruto interno, resultó afectado por las decisiones de política económica de los últimos doce meses.

En esta misma línea el economista indicó que el Gobierno mantuvo su enfoque en la desinflación, aun cuando esto implicó limitar el crecimiento del salario real y el consumo. “El Gobierno prioriza el proceso de desinflación a costa de un crecimiento económico más moderado”, afirmó Pérez. El funcionario remarcó que el impacto sobre el consumo se volvió evidente al observar la evolución de las variables económicas en el último año.

Los aumentos en el gasto en servicios no se distribuyeron de forma homogénea: los ingresos más bajos experimentaron el mayor impacto, mientras que los hogares de ingresos medios y altos también sintieron un aumento, aunque en menor proporción.

Reservas internacionales: recuperación tras un año negativo

En el tema de reservas internacionales, Pérez detalló que el Gobierno recibió el país con reservas netas muy negativas. Durante el primer semestre de 2026, el Banco Central logró comprar más de once mil millones de dólares, lo que elevó las reservas internacionales netas en casi siete mil millones de dólares. A pesar de esa mejora en el flujo, el stock de reservas continuó en niveles bajos.

Pérez consideró un error la política de reservas del Gobierno durante 2025, pero reconoció la corrección en 2026. Sin embargo, advirtió que, aunque el flujo muestra avances, la situación estructural de las reservas sigue siendo delicada. La prioridad gubernamental sigue siendo el control de la inflación, incluso cuando otros indicadores muestran señales de recuperación.

La mejora en las reservas generó alivio en el corto plazo, pero no resolvió los problemas de fondo. Pérez aclaró que el peso del gasto en servicios también se duplicó entre los deciles altos, aunque la carga es mucho mayor en los ingresos bajos.

Pérez recurrió a la metáfora médica para describir la situación económica. Argentina, según su análisis, salió de la “terapia intensiva” en la que se encontraba en 2023, pero aún permanece lejos de recibir el “alta hospitalaria”. La recuperación económica es modesta y heterogénea, con sectores que se recuperan a ritmos distintos.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró variaciones mensuales con altibajos, lo que refleja un crecimiento frágil y desigual. Pérez advirtió que 2027 presentará mayores desafíos: habrá más vencimientos de deuda pública en dólares y un contexto electoral que podría incentivar la dolarización de activos.

El Gobierno trabaja para despejar el horizonte financiero y evitar que los riesgos de deuda y dolarización se agraven. Sin embargo, la economía enfrenta obstáculos estructurales que exigen políticas sostenidas y prudentes.

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